Según publica La Nación El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negó que haya funcionarios de la administración de Alberto Fernández “involucrados” en la toma ilegal de tierras, un fenómeno que en las últimas semanas se multiplicó en doce provincias del país, y cruzó a la titular de Pro, Patricia Bullrich, quien había pedido un pronunciamiento claro del Presidente a favor de la propiedad privada.
El ministro coordinador le pidió “responsabilidad” a la oposición y afirmó que “no hay ningún” integrante del Ejecutivo nacional “involucrado en ninguna usurpación”. “Mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos”, sostuvo Cafiero en su cuenta de Twitter.
El funcionario replicó un mensaje de Bullrich dirigido a Fernández. “Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia”, escribió la titular de Pro. Y completó: “Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando la sociedad al límite”.
Qué pasó
Ayer Bullrich afirmó que Juntos por el Cambio podría “colaborar” con el Gobierno para tranquilizar la economía si el Presidente diera “señales claras” de respeto a la propiedad privada.
“No hay ninguna posibilidad de que se calme la economía, si toman el campo de Luis Miguel Etchevehere o terrenos en el Sur, o si Kicillof cree que los countries son tierras usurpadas”, apuntó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, en diálogo con CNN Radio.
Bullrich pidió que el Gobierno garantice la seguridad jurídica para calmar la economía. “Si los funcionarios están en las tomas, duermen en el campo de Etchevehere, no hay seguridad jurídica”, denunció.
Cómo se distribuyen las tomas en el país
Según un relevamiento de LA NACION, en por lo menos 12 provincias hubo usurpaciones u ocupaciones, y en muchos de esos casos a partir de la utilización de la violencia. Río Negro y la provincia de Buenos Aires aparecen como los focos más conflictivos, en un caso por la participación de amenazantes grupos mapuches y en el otro por la masificación de las tomas. Pero también vienen creciendo en otras provincias importantes, como Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
El agravamiento de la crisis económica, el impacto de la pandemia y la ambigüedad en el discurso y el accionar del gobierno nacional aparecen como las razones más recurrentes.
Días atrás, el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados le pidió al Gobierno que “actúe rápido” antes de que se profundice el conflicto.
Según expresaron los legisladores de la principal coalición opositora, las tomas de tierras “son consecuencia de la desidia oficial, que deviene en complicidad frente a la voluntad delictiva de sectores políticos que agreden las más elementales normas del Estado de Derecho”. (La Nación)
