(Por: Rubén Lasagno) – El miércoles se espera que el tribunal Oral federal IV condene a Lázaro Báez y a todos los que intervinieron en maniobras de lavado de dinero, en una organización delictiva conformada desde el gobierno nacional con Néstor Kirchner, primero y Cristina Fernández después, para licuar a través de la obra pública miles de millones de pesos/dólares, que acarreaban en bolsos, depositaban en “caletas” y sacaban fuera del país en cuentas Off shore, produciendo el enriquecimiento ilícito de decenas de funcionarios, secretarios, empresarios etc, todos ligados al krichnerismo que gobernó por 12 años consecutivos.
La denominada “Causa Vialidad”, donde la hoy vicepresidente se juega una importante ficha llega con final abierto luego de dos años y tres meses desde que se produjera la primera audiencia con declaración de 100 testigos, arrepentidos, imputados de todo tipo y una carga probatoria impresionante, que tiene como blancos de los delitos a Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.
El tema de Báez es el más controvertido por cuanto nunca abrió la boca, a pesar de haber mandado mensajes por elevación para la ex presidente y valorar “a su amigo Néstor”, pero guardando con siete llaves las claves de la maniobra monumental de robo, estafa al Estado y blanquedo de capitales, en las que estuvo involucrado como socio del poder.
La maniobra (al menos la declarada) llegó USD 54.872.875 y el tema fundamental sobre el que gira la complicación del testaferro es si los jueces asocian que el dinero de Báez proviene de la obra pública, como corresponde que suceda, lo cual establecería el delito precedente que llevaría involucrar directamente a la actual vicepresidente. Las querellas que representan al Ejecutivo también solicitaron penas muy altas: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF) y 8 años, la AFIP.
El fiscal que investiga a Martín Báez, solicitó una pena de 9 años. A los otros tres hijos del empresario, Melina, Luciana y Leandro, les otorgó un grado similar de responsabilidad y pidió penas de 4 años, 4 años y 6 meses, y 5 años acusados de tener cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, en una clara maniobra de evasión y lavado de fondos.
Ahora bien, la instancia del juicio llega a su fin y hay dos corrientes de opinión bien definida, tal como OPI lo pudo establecer: una es que le caigan a Báez con la pena más dura, descontando los años que lleva detenido, le quedarían no menos de 5 años para purgar en la cárcel, uniendo su destino con el de los hijos que fueron funcionales a toda la maniobra. La segunda es que este juicio se transforme en una verdadera parodia para “cerrar el caso”. De esta forma Báez entre lo cumplido de manera preventiva y lo irrisorio de la condena firma, quedaría virtualmente en libertad o con un cumplimento muy corto, que le aseguraría volver a santa Cruz a disfrutar de los bienes y fondos que han quedado fuera de la investigación.
Lázaro no deja de cargar las tintas sobre una confabulación de la oposición (Macri) y de los medios que han logrado su encarcelamiento. Este argumento ad hóminen del dueño de Austral Construcciones SA, es el que sustituye la verdad. Al igual que CFK, Báez no ejecuta su defensa desde las pruebas, sino desde la contraofensiva política; pero olvida una cosa: él no es político. Y nunca una persona que salió de la nada, puede explicar, por ejemplo, ser dueño de 30 estancias, más de 1000 propiedades, 1.800 vehículos y miles de millones de pesos en efectivos y en dólares en diversas cuentas de distintas parte del mundo.
El miércoles asistiremos a la verdad de cómo está la institucionalidad del país en materia de justicia. Que el juicio llegue a su fin no es ninguna garantía de que la justicia exista. La independencia de los jueces se ha visto condicionada con la llegada al poder de los mismos actores que fueron los propulsores y ejecutores del robo más grande desde el poder y que tiene más pruebas y testimonios directo de funcionarios, políticos y empresarios. Pero aún así, la estrategia podría ser la de dar “una sentencia” leve, irrisoria que termine por cerrar los casos tan aberrantes como éste y con ellos liberar a los acusados de haberle robado al país, sin necesidad de responder por ellos ni devolver lo robado. (Agencia OPI Santa Cruz)
