Con el patrocinio del abogado José Luis Janezak, padres y alumnos de los tres niveles educativos de la provincia, publicaron un Comunicado por le fallo del 1ra instancia de parte del Juez Francisco Marinkovic donde marcan el rechazo al amparo interpuesto oportunamente para el restablecimiento de las clases presenciales y al respecto remarcan “expresamos públicamente nuestra profunda decepción y desacuerdo que por supuesto se verá reflejado en la apelación que será presentada en tiempo y forma, por considerar que el juez se equivoca groseramente al no advertir que tal decisión está consintiendo o convalidando un grave hecho de atropello emanado por las autoridades provinciales, que “DE FACTO” mantienen la suspensión de las clases presenciales en Santa Cruz desde Marzo de 2020, sin que exista ningún acto jurídico formal (ni Decreto ni Resolución NI NADA) que lo fundamente en lo más mínimo y que establezca algún límite temporal, y en claro incumplimiento de las Resoluciones del Consejo Federal de Educación, en manifiesta violación del derecho a la educación de nuestros hijos, reconocido por la Constitución Nacional, Provincial y diversos Tratados Internacionales”.
El comunicado agrega “Resulta muy grave que la Justicia no ponga límites al abuso de poder cometido por las autoridades políticas cuando su accionar no se corresponde con el Estado de Derecho y el respeto por los principios republicanos, que exigen que cualquier acto del gobierno, debe estar debidamente formalizado, publicado y fundamentado y mucho más aún cuando limita, restringe o impide el ejercicio de un derecho constitucional, sin que ninguna situación de emergencia o pandemia, suspenda dicha garantía, como lo ha dicho reiteradas veces nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
A continuación los firmantes, más de 400 al pie del documento, atacaron el procedimiento seguido por el juez y añade “Es así, que esta sola cuestión formal pero sustancial a la vez, es motivo más que suficiente para por lo menos haber abierto el proceso de amparo y ordenado que las autoridades de mandadas, es decir el Consejo Provincial de Educación y el Poder Ejecutivo Provincial, brinden las explicaciones correspondientes, ante tamaña y manifiesta arbitrariedad que no se condice con el Estado de Derecho ni con una República” y agrega “Cabe destacar que ni siquiera el Gobierno Nacional se atrevió a tanto atropello en los polémicos DNU que establecieron la suspensión de clases en el AMBA, ya que por lo menos esas decisiones estaban claramente plasmadas en un acto jurídico formal (DNU), estableciendo algún criterio y además estaban limitadas en el tiempo. Todo lo cual, escandalosa mente no sucede en Santa Cruz”.
Y atacando la decisión judicial cuestionan “Cabe preguntarse, si esto no constituye una arbitrariedad manifiesta, cuando no existe absolutamente nada que avale esta medida de facto que afecta el derecho a la educación de nuestros hijos, que además incumple manifiestamente las Resoluciones N°386/21 y N°387/21 del Consejo Federal de Educación que establecieron los criterios y protocolos para la vuelta a clases presenciales, entonces, ¿Qué lo es?. Como ciudadanos no podemos naturalizar este tipo de atropellos por parte de las autoridades políticas ni dejar de marcar con profunda preocupación y vergüenza esta situación de gravedad institucional que pone en evidencia a la Justicia cuando esto sucede y deja sin protección a las víctimas del abuso del poder del Estado. Resaltamos que contrariamente al erróneo argumento esgrimido por el Juez, nuestro reclamo y planteo no constituye una cuestión altamente debatible que requiere un nivel de análisis y ponderación de una serie de aspectos sanitarios y posibilidades funcionales y estructurales del sistema educativo, que exceden el marco del proceso de amparo” y le piden “Solamente pedimos que se respete y haga cumplir la normativa vigente en materia educativa que detallamos y explicamos ampliamente en el amparo presentado y que Santa Cruz está incumpliendo. En concreto las Resoluciones No386/21 y N°387/21 del Consejo Federal de Educación que establecieron los criterios y protocolos para la vuelta a clases presenciales, a las cuales se adhirió la Provincia mediante Resolución N°120 del Consejo Provincial de Educación. El juez debió decidir aplicando solamente el ordenamiento jurídico vigente en materia educativa”.
“Por último – dice el comunicado – nos llama la atención el sorprendente otro argumento esgrimido por el Juez, al considerar que el contexto jurídico se ha modificado luego de haberse presentado el amparo, por el dictado del DNU 334/21, sin siquiera mencionar cuál es la supuesta ley o normativa modificada, siendo un decreto transitorio que no deroga las Resoluciones del Consejo Federal de Educación y que no tuvo ningún efecto en Santa Cruz en materia educativa, ya que no impedía ni impide la presencialidad en las localidades encuadradas en el nivel de riesgo medio del indicador epidemiológico, escala en la que estaban tanto Río Gallegos como El Calafate. Y nos llama aún más la atención que el mismo día que el Juez emite su fallo, el pasado viernes 28 de mayo, contrariamente a lo que se dice en los considerandos, la situación epidemiológica en Río Gallegos se mantiene en nivel de riesgo medio e inclusive en El Calafate se mejora al pasar a riesgo bajo, de conformidad a la actualización del índice epidemiológico ajustado por población realizado por el Ministerio de Salud y Ambiente, lo cual descalifica totalmente al mencionado fallo que no se condice con la realidad”, concluye el documento que se llena con más de 400 firmas al pie y de acuerdo a las propias palabras del Dr José Luis Janezak, cada hora se sumas aún más personas que adhieren a este rechazo a la decisión judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)
Santa cruz provincia faudal gobernada por los kirchneristas,reyes del semi analfabetismo,son fieles descendientes del rey de las alpargatas SI pero Libros NO.cuanto mas amnalfabeto un pueblo mas barato los esclavos,y el dia de las elecciones votan un escudo y dos fotos que representan la corrupcion kirchnerista
Y todos aquellos que no firmaron porque no se enteraron, o peor, aquellos que no lo firmaron por temor a represalias en el ámbito laboral. Es tristísimo que, en democracia, haya temor a expresar libremente una opinión, reclamo, o lo que sea.
La Sra. Gobernadora evita de esta manera generar un conflicto con el gremio docente, que a la mínima intención de implementarse la presencialidad, amenazó con iniciar medidas de fuerza.
De paso, es conveniente continuar con el ahorro en materia de mantenimiento de los edificios escolares y la importancia de producir sistemáticamente generaciones sin acceso a la educación, el plan perfecto.