Según publica Clarín Lo decidió el tribunal que juzga a la vicepresidenta. Será después de las elecciones.
Por: Lucía Salinas
Cristina Kirchner consiguió que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) hiciera lugar a su pedido y quedó postergada la declaración testimonial en el juicio oral en su contra por la presunta corrupción en la obra pública de los ex jefe de Gabinete de la gestión kirchnerista. En esa lista estaban incluidos el ahora presidente Alberto Fernández, Sergio Massa y Jorge Capitanich, entre otros.
Los jueces resolvieran continuar con las declaraciones de un grupo de empresarios entre ellos Ángelo Calcaterra -primo hermano de Mauricio Macri-, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian, entre otros.
“De conformidad con el criterio establecido por el tribunal postérganse las convocatorias de Juan Manuel Abal Medina, Jorge Milton Capitanich, Carlos Zannini, Aníbal Domingo Fernández, Alberto Ángel Fernández”, dice el escrito de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Además, aclaran que si “perdura la emergencia sanitaria” podrán declarar más adelante de manera virtual.
Ahora, en lugar de los ex funcionarios, además de Calcaterra, Ezkenazi y Eurnekian, declararán el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, Juan Chediak y Alejandro Nieva, entre otros.
La lista de testigos en las que estaban Massa y Fernández se inserta en un total de 180 testigos que declararán y aprobó el tribunal que la juzga. Diez de los testigos aceptados fueron sugeridos por la vicepresidenta.
El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, fue quien pidió que el Presidente, Massa y los demás ex funcionarios, no sean citados aún. Sus declaraciones testimoniales iban a tomarse en la segunda etapa del año y en pleno proceso electoral. Se planteó que debían ser llamados cuando el juicio pueda retomarse de forma presencial.
Así, con la decisión de los jueces declararán cuando termine la campaña y probablemente el año que viene.
El Tribunal hizo lugar al pedido, y cuando concluya el bloque de funcionarios de la AFIP que se encuentran declarando se comenzará con otros testigos, no los ex jefes de Gabinete, sino empresarios y ex funcionarios de Santa Cruz.
La lista, además de los empresarios, seguirá con Sergio Acevedo, el ex gobernador santacruceño que renunció después de decir que lo obligaban a firmar un anticipo a favor de Lázaro Báez por encima de lo que la ley contempla y tiempo después habló de la cartelización de la obra pública. También será citado Eduardo Arnold ex vicegobernador de Néstor Kirchner, crítico años después con quien se convirtió en Jefe de Estado y denunció distintos hechos de corrupción.
El caso Vialidad se trata de uno de los expedientes más relevantes en cuanto a las acusaciones que sobre ella recaen: haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al montar una estructura institucional, para favorecer a Báez, direccionando contratos viales: 52 en total, por 46.000 millones de pesos. La Justicia indicó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero y dádivas donde es investigada la familia Kirchner. Es decir: parte de esos fondos “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.
Cuando declaró ante el TOF 2, la vicepresidenta dijo que el dueño del Grupo Austral no fue el más favorecido durante el kirchnerismo con la obra pública, sino que ocupaba el lugar número 45 del listado global de contratistas del Estado.
En la causa se indicó que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.
Para refutar la idea de “direccionamiento”, Cristina sostiene que los presupuestas asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que no firmó ella las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado.
Por ello pidió que declaren los ex jefes de Gabinete como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.
La vicepresidenta sostiene que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete. (Clarín)
