A pesar de las promesas, en el Gobierno siguen sin definir si finaliza la prohibición de despidos y la doble indemnización

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Ante el impacto económico, el Gobierno no descarta ayudar a las empresas a pagar salarios

Según publica Clarín Ambas medidas vencen el 31 de diciembre. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había adelantado que terminaban, pero hay dudas internas.

Por: Federico Mayol

Por ahora, en la Secretaría Legal y Técnica no hay ninguna instrucción oficial, y las señales internas de los últimos días dan cuenta de que la disyuntiva todavía sigue sin saldarse.

A pesar de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había vaticinado como “probable” que caduquen a fin de año, en el Gobierno todavía no hay una definición final en torno a la doble indemnización y la prohibición de despidos, dos medidas que se implementaron por la crisis económico y social en torno a la pandemia y que vencen el 31 de diciembre próximo.

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“No está claro, todavía no hay nada definido”, aseguraron en las últimas horas fuentes vinculadas al Ministerio de Trabajo ante la consulta de este diario. “Lo va a resolver el Presidente”, agregaron.

En la misma sintonía se manifestaron fuentes de Casa Rosada al tanto de las discusiones internas: “Lo están hablando, y todavía no lo tienen claro”, explicaron.

A fines de noviembre, en una recorrida por Campana junto a sus colegas de Educación y de Desarrollo Productivo, a la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA) y al anfitrión, Paolo Rocca -CEO de Techint-, el ministro de Trabajo había avanzado en la posibilidad concreta de que dichas iniciativas, esta vez, no serían prorrogadas.

“Son dos medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. Y como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo al 9%, es probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas”, explicó por entonces Moroni en una recorrida por la escuela Roberto Rocca.

Ambas medidas, implementadas el año pasado al inicio de la pandemia en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por la ley 27.541 para la “protección” del empleo, y prorrogadas en varias oportunidades vía decreto, habían empezado a recibir con el correr del tiempo cada vez más rechazos empresariales, a medida que la actividad económica comenzaba a recuperar niveles anteriores al estallido de la crisis desatada por el COVID.

De hecho, en cada una de sus intervenciones en las conferencias de los jueves en Casa Rosada, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindaba detalles de la recuperación económica de la que el Gobierno suele hacer gala con insistencia.

Fue, en ese sentido, uno de los principales reclamos del grupo de empresarios de primera línea que almorzó con Alberto Fernández, Juan Manzur, Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Massa a mediados de octubre en el comedor presidencial de Casa Rosada.

“(Las medidas) Se van a ir desandando a medida que se siga consolidando la reactivación económica”, prometió por entonces la plana mayor del Gobierno.

Escuchaba buena parte del establishment local, preocupado por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición: entre ellos, Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Jorge Brito (Banco Macro), Francisco de Narváez (Chango Más), Javier Madanes Quintanilla (Aluar), Alejandro Simón (Sancor Seguros), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Hugo Eurnekian (Corporación América).

“En diciembre habremos recuperado la totalidad del empleo perdido durante la pandemia”, había remarcado Moroni durante esa recorrida por Campana.

En esa línea, en las últimas semanas empezó a trascender con más fuerza la posibilidad de que las medidas empiecen a desactivarse de manera paulatina, o que se extiendan en aquellos sectores que todavía no recuperaron niveles de actividad de prepandemia.

Además, la situación sanitaria con la aparición de la variante Ómicron empieza a alertar a las autoridades.

En ese contexto, según pudo saber Clarín, hasta esta semana en la mesa de conducción de la CGT estaban convencidos de que la prohibición de despidos y la doble indemnización se extinguirán el 31 de diciembre.

Es una incógnita, en ese plano, cómo será la dinámica de la actividad económica el año próximo, no solo por la pandemia que todavía no da tregua y que en Europa empieza a preocupar a los niveles de los peores momentos de la crisis sanitaria, si no por los coletazos del futuro acuerdo con el Fondo Monetario.

El presupuesto 2022 redactado por Martín Guzmán y rechazado por el Congreso preveía un crecimiento del 4% para el próximo año, una inflación anual del 33% y un dolar a $131,11. Ahora habrá que barajar y dar de nuevo. (Clarín)

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