01/08 – 12:00 – La constructora brasileña admitió que durante el kirchnerismo dio sobornos a Baratta, el número dos de De Vido, para quedarse con el proyecto de agua potable Paraná de las Palmas; figuran como nexos Carlos Wagner, Jorge “Corcho” Rodríguez y Raúl Biancuzzo
Por: Hugo Alconada Mon
La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas por al menos US$ 14 millones a funcionarios kirchneristas del Ministerio de Planificación Federal y de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Así fue que obtuvo el contrato para la construcción del Sistema de Potabilización Área Norte, según surge de documentos secretos de la investigación Lava Jato, a los que accedió LA NACION. Odebrecht pagó la coima a través de los mismos intermediarios que están sospechados de canalizar los sobornos del contrato para la extensión de las redes de gas: Carlos Wagner -por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción- y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Está también involucrado Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido .
Wagner, dueño de la constructora Esuco, le comunicó a Odebrecht las condiciones para participar del negocio. Primero, les dijo, debía integrar un consorcio junto a otras tres empresas locales: Benito Roggio, Cartellone y Supercemento, mientras que Esuco iría con otra constructora brasileña, Camargo Correa, por el contrato mellizo del proyecto en Berazategui. Y segundo debía aportar millones para “pagos indebidos” a funcionarios del gobierno; en particular, del entorno del entonces ministro Julio De Vido.
Odebrecht aceptó esas condiciones y el consorcio ganó el contrato por US$ 720 millones, más una ampliación por otros US$ 69 millones. Pero aun así, el consorcio padeció atrasos en los pagos tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner que sólo se solucionaron con la aparición del “Corcho” Rodríguez y el pago de más sobornos.
Consultado por LA NACION, Wagner negó cualquier rol delictual. “Me deja sin palabras, sólo puedo decirle que desmiento todo eso. ¿Coimas? ¿Yo? Eso?, no sé?, no es cierto. Yo no tengo ni jamás tuve ese poder de decisión sobre los funcionarios que tenían que tomar esas decisiones o los empresarios que evaluaban participar en alguna licitación”, replicó.
El “Corcho” Rodríguez también se despegó de cualquier ilicitud. “Es un divague absoluto, una locura. No sé ni siquiera dónde queda esa obra (por Paraná de las Palmas) ni conocí a nadie de las empresas involucradas, pero por lo visto me quieren «atornillar» a mí como un «daño colateral»”, dijo.
Según los documentos que LA NACION analizó como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros, la operatoria delictual registró dos etapas.
La primera abarcó de noviembre de 2007 a diciembre de 2010, cuando el Departamento de Operaciones Estructuradas -el lado oscuro de Odebrecht- pagó US$ 7,6 millones bajo las indicaciones de Wagner. Y la segunda, entre enero de 2011 y diciembre de 2014, cuando desembolsó US$ 6,45 millones bajo las pautas del “Corcho” Rodríguez.
¿Quién recibió esos primeros US$ 7,6 millones? Según esos documentos todavía secretos que obtuvo LA NACION, fue el ingeniero mecánico Raúl Biancuzzo -hoy de 69 años-, que entre 2007 y noviembre de 2011 trabajó como director de Infraestructura de AySA, a cargo de las licitaciones, contrataciones y ejecuciones de obra, según detalló en el currículum que subió a Internet.
La justicia argentina ya tiene a Biancuzzo bajo la lupa. Es uno de los 29 acusados a los que el fiscal federal Federico Delgado pidió indagar el 21 de junio pasado, entre los que también incluyó a Wagner, pero no al “Corcho” Rodríguez ni a Baratta. LA NACION intentó comunicarse ayer con Biancuzzo por teléfono y correo electrónico, pero no respondió las sucesivas consultas.
Según el ex vicepresidente de Odebrecht para América latina Luiz Antonio Mameri, quien se acogió al régimen de la delación premiada ante la justicia brasileña, Wagner identificó a Biancuzzo como el destinatario de los primeros pagos. Y el directivo que se desempeñaba como número dos de Carlos Ben en AySA -el hombre clave junto al sindicalista José Luis Lingeri- contactó luego a otro ejecutivo de la constructora brasileña, Sergio Gouvea Pinheiro, para indicarle a qué cuentas debía transferir el dinero.
Al igual que ocurrió en el contrato para la extensión de las redes troncales de gas, sin embargo, la muerte del ex presidente Kirchner trastocó la interacción con el gobierno, que acumuló atrasos en los pagos por US$ 53 millones con el consorcio, que optó por paralizar la obra.
Aparece Baratta
Fue entonces que, según relató Mameri ante la justicia brasileña, el “Corcho” Rodríguez contactó al entonces director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina Rodney Rodrigues de Carvalho, para destrabar los pagos en nombre de Baratta, la mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación.
Según Mameri, Rodríguez propuso que el consorcio pagara coimas por cada tramo que destrabara de la deuda. Y que debían pagarle con transferencias a las cuentas que él les indicara. Esa sería, les aclaró, la única forma de que el gobierno priorizara al consorcio.
Odebrecht aceptó. Y durante la gestión de Rodney Rodrigues en la Argentina se pagaron US$ 5,6 millones por medio de transferencias bancarias desde y hacia sociedades offshore, mientras que su sucesor, Ricardo Vieira, se encargó de pagos por otros US$ 850.000 hasta diciembre de 2014.
Consultado por LA NACION, desde Odebrecht no confirmaron ni desmintieron la investigación. Indicaron que la constructora “ratifica su firme voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial referidas a su ofrecimiento para colaborar de forma amplia y eficaz con las investigaciones”, así como “reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación íntegra, ética y transparente”.
¿Cómo fue la “ruta del dinero”? Según los documentos analizados por el consorcio liderado por IDL que integra LA NACION, los fondos que recibió Biancuzzo tras la intermediación de Wagner continúan en las sombras. Pero la operatoria vinculada al “Corcho” Rodríguez comienza a salir a la luz.
Esos fondos salieron de los bancos Credicorp Bank SA, de Panamá, y el Meinl Bank, de Antigua y Barbuda, a través de cuatro sociedades offshore. ¿Su destino final? Una cuenta en el banco Itaú de Uruguay abierta a nombre de una sociedad operativa en la zona franca de Montevideo.
Qué ocurrió a partir de allí es un misterio. Pero sería así acaso por poco tiempo: el controlante de esa sociedad es un “cuevero” brasileño -“doleiro”, en la jerga de su país- que al igual que Mameri ya se acogió al régimen de la delación premiada. (La Nación)
