Según publica Clarín Diego Luciani y Sergio Mola confirmaron su presentación, una vez se conozcan los fundamentos del Tribunal. La vicepresidenta no fue considerada jefa de una asociación ilícita.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola confirmaron que apelarán el fallo que derivó en una condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación fraudulenta al Estado en la causa conocida como Vialidad, que llegó a sentencia este martes.
La acción de los fiscales -confirmada por Clarín- se dará una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia, que será el 6 de marzo de 2023.
Kirchner fue encontrada culpable por corrupción pero no así de ser jefa de una asociación ilícita, la otra acusación que habían pedido Luciani y Mola. Con ese delito, los fiscales habían requerido una condena a 12 años de cárcel. El tribunal, con ciertas disidencias, fallo por 6 años.
En ese punto hubo disidencias entre los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Fue este último quien no coincidió en la absolución para la vicepresidenta ante el delito de asociación ilícita, en la que los fiscales la ubicaba en el rol de organizadora y jefa.
“El Dr. Basso no coincidió con la solución propuesta al caso en ese sentido, pues consideró que tal recaudo sí pudo verificarse a través de la prueba producida en el debate, que le permitieron dar por cierta la hipótesis acusatoria introducida respecto a dicho tipo pena”, explicaron desde el Tribunal.
A través del sitio del Ministerio Público, la fiscalía que había solicitado 12 años de prisión para Cristina Kirchner publicó sus impresiones sobre el proceso judicial que se llevó contra la vicepresidenta y los otros 12 involucrados en el caso de corrupción en el ámbito de Vialidad Nacional, que llegó a su primer fallo.
Además de adelantar que apelarán, los fiscales Luciani y Mola precisaron que la sentencia “cumple con el objetivo de conocer la verdad real, restaurar la justicia, restablecer el equilibrio social e institucional violentado y recomponer el Estado de derecho”.
Para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, el Estado se vio “severamente dañado por los abusos, las arbitrariedades y los actos de corrupción cometidos en la contratación pública durante 12 años”.
Plantearon que los condenados “atentaron contra el sistema democrático al incurrir en un delito doloso grave contra el Estado que conllevó un enriquecimiento ilegal y, en consecuencia, una defraudación colosal en perjuicio de nuestro país”.
“Hoy la Justicia nos devuelve la esperanza de que la ciudadanía confíe en sus instituciones y en quienes las integran”, manifestaron.
Al hablar de su desempeño en la causa, los fiscales plantearon que seguirán “trabajando con el mismo compromiso”. “No vamos a renunciar a nuestros principios y convicciones”, sostuvieron.
A su vez, advirtieron que no los van a “doblegar las presiones, amenazas u operaciones externas, de otros poderes del Estado o de cualquier persona”.
Además, defendieron el hecho de que puedan existir “divergencias” con las posturas de la fiscalía, pero aclararon que “no es sano que se emplee ese marco para efectuar descalificaciones sin fundamento y ajenas a las consideraciones de derecho, o para intentar entrometerse indebidamente en la actuación de los magistrados o en sus decisiones”.
“En un Estado de Derecho, la ley está por encima de cualquiera de sus poderes, y el poder no solo debe estar sujeto a la ley, sino que debe respetar las decisiones de la Justicia. De lo contrario, no hay república ni democracia”, lanzaron.
Un caso que marque “un antes y un después” en materia de corrupción
Luciani y Mola expresaron su deseo de que la causa Vialidad “marque un antes y un después en materia de corrupción pública”.
“La ciudadanía debe saber que se trata de uno de los delitos más graves para nuestra república: la corrupción atenta severamente contra los principios democráticos, priva a los sectores más vulnerables de los recursos genuinos del Estado y, en definitiva, avasalla los derechos humanos”, indicaron.
En ese sentido, pidieron ser “ser firmes e implacables frente a la corrupción, cualesquiera que sean las personas que lleven adelante acciones tan aberrantes”.
Y, por otra parte, expresaron la voluntad de que “a partir de este caso emblemático, se siga construyendo una mayor conciencia ciudadana y se continúe fortaleciendo la Justicia como poder independiente del Estado”.
Para los fiscales, el caso Vialidad que condenó a CFK fue “el sistema de corrupción más grave que se haya verificado en la historia de nuestro país”
Luciani y Mola subrayaron también el “estudio exhaustivo” que se hizo desde la fiscalía para exponer cómo funcionó “el sistema de corrupción más grave que se haya verificado en la historia de nuestro país”.
En esa sintonía, dijeron que “se avasallaron groseramente los principios de la contratación pública (igualdad de trato, competencia, concurrencia, publicidad y transparencia, entre otros)” y que esto “tiene consecuencias sociales, económicas y políticas nocivas hasta el día de hoy”.
Además, se refirieron al delito de asociación ilícita, que el tribunal no consideró para dictar la sentencia contra Cristina Kirchner.
Dijeron que para la fiscalía estuvo comprobado y que el mismo “confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina”.
Al mismo tiempo, instaron a la dirigencia política a “depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”.
“La justicia prevaleció sobre la corrupción”
Hacia el final del descargo de la fiscalía, los funcionarios sostuvieron que hoy “la sociedad tiene la tranquilidad de ver surgir una Justicia que no se deja amedrentar ni presionar, y que decide de manera imparcial, sin privilegios para nadie que cometa un delito grave contra el Estado”.
“La justicia prevaleció sobre la corrupción”, plantearon y abogaron por una continuidad en esta línea “para traer orden y paz social”.
“La misión estará cumplida si, a partir de ahora, los valores éticos y de integridad se convierten en una guía para cada persona en la tarea que le toca”, manifestaron y resaltaron que “en especial, para quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos y de rendir cuentas de los actos de gobierno”.
Por último, adelantaron que al conocerse los fundamentos de la sentencia en marzo, evaluarán la pertinencia de recurrir las demás absoluciones dictadas por el Tribunal. (Clarín)
