El Gobierno confirmó que eliminará las pensiones de privilegio otorgadas a exfuncionarios con condenas por hechos de corrupción, medida que alcanzará también al ex vicepresidente Amado Boudou. Tras la reciente suspensión de los beneficios jubilatorios y la pensión vitalicia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Capital Humano informó que está evaluando los privilegios percibidos por Boudou, condenado en 2020 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que esta política, ordenada por el presidente Javier Milei, busca coherencia y justicia en el manejo de los fondos públicos, asegurando que quienes hayan cometido delitos contra la administración no podrán beneficiarse del erario. “La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenado por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos”, sentenció.
Amado Boudou, exvicepresidente durante la gestión de Cristina Kirchner entre 2011 y 2015, percibía una pensión de $6.309.622, beneficio que está bajo revisión por el Ministerio de Capital Humano. La condena de Boudou, ratificada por la Corte Suprema en 2020, lo inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos. La Justicia lo halló culpable de planificar un esquema para apropiarse de la eximprenta Ciccone Calcográfica, un hecho que marcó un caso emblemático de corrupción en la administración pública.
En el marco de esta nueva política de control de gastos, el Gobierno invoca el artículo 29 de la Ley 24.018, que establece que las pensiones de privilegio se otorgan en función del honor y el buen desempeño en el cargo. Según el Ejecutivo, las condenas judiciales por delitos como los que involucran a Boudou y Fernández de Kirchner representan “lo contrario al honor y al mérito”, justificando así la suspensión de estos beneficios.
Esta iniciativa ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social. El Gobierno, por su parte, reafirma su compromiso con la transparencia y asegura que el ahorro en estos casos representa un alivio para los contribuyentes. La revisión de pensiones de privilegio abarca a otros funcionarios condenados, medida que Milei ya había defendido anteriormente como parte de un cambio estructural en el gasto público y en la percepción ética de la función pública. (Agencia OPI Santa Cruz)