El Gobierno nacional resolvió limitar la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en causas vinculadas a corrupción y lavado de activos, mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. La medida implica una modificación en las facultades del organismo, que dejará de actuar como parte acusadora en estos expedientes, aunque formalmente no se le prohíbe dicha intervención.
La nueva normativa establece que la UIF podrá fijar, caso por caso, obligaciones dinerarias y no dinerarias que deberán ser cumplidas dentro de un plazo determinado, conforme a lo previsto en el artículo 24 de la ley correspondiente. Además, se detalla que la prescripción de la acción quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen previsto, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por la persona investigada.
El decreto contempla que, si durante el periodo estipulado el imputado no incurre en nuevas infracciones, repara los daños causados y cumple con las exigencias impuestas, se extinguirá la acción para aplicar sanciones por el hecho investigado.
Asimismo, el texto incluye reformas a la ley de inteligencia en lo que respecta a la Agencia Federal de Ciberseguridad, y amplía las competencias de la UIF para facilitar el intercambio de información con otros organismos nacionales e internacionales. Esta información podrá ser utilizada con fines estratégicos para detectar patrones, tendencias y riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
A partir de ahora, la UIF no solo tendrá un rol más acotado en términos judiciales, sino que se enfocará en un perfil más técnico y analítico, orientado a la colaboración institucional en investigaciones complejas. (Agencia OPI Santa Cruz)