La Procuración del Tesoro de la Nación presentó dos escritos ante el juzgado de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos con el objetivo de suspender el fallo que obliga al Estado argentino a pagar US$16.000 millones por la nacionalización de YPF. Esta suma se deriva de la sentencia a favor de los fondos Petersen/Eton Park y Bainbridge, en el marco del litigio por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en 2012.
En su presentación, la defensa argentina sostuvo que la ejecución inmediata de la sentencia implicaría una violación directa de la legislación nacional, al ordenar la entrega de acciones estatales sin la correspondiente autorización del Congreso, tal como lo establece la normativa vigente. Según argumentó la Procuración, esa transferencia forzada no solo contraviene el orden jurídico interno, sino que podría generar un cambio de control en YPF con efectos negativos para los accionistas y los intereses públicos comprometidos.
El Gobierno planteó que el caso no se trata de una disputa comercial ordinaria, sino de un proceso sin precedentes que involucra cuestiones legales complejas y sensibles tanto en el plano del derecho internacional como en el ámbito de la política exterior estadounidense. En ese sentido, se subrayó que la decisión adoptada por la jueza Preska resulta jurídicamente controvertida, y que su implementación afectaría no solo al Estado argentino, sino también a terceros no involucrados en el litigio, como provincias accionistas y tenedores de bonos.
Además, se remarcó que mantener el statu quo no perjudicaría a los demandantes, dado que la ley argentina impide la venta de las acciones en cuestión sin aprobación legislativa. La defensa también advirtió sobre el riesgo de activar cláusulas contractuales desfavorables para la empresa en caso de que se produzca una modificación en la estructura de control de YPF.
Uno de los puntos destacados en los escritos es que el mecanismo propuesto por el tribunal para ejecutar la sentencia —una transferencia de acciones bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta sujeta a jurisdicción estadounidense— carece de validez legal desde la perspectiva del orden jurídico argentino. A su vez, se señaló que el caso presenta interrogantes que no han sido abordados previamente por tribunales de apelación, lo cual eleva la posibilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
En su respuesta a los demandantes, el equipo jurídico del Estado argentino también rechazó el uso de declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof como argumento en el litigio, y aclaró que, al no formar parte del Gobierno nacional, sus opiniones no representan la posición legal de la actual administración. (Agencia OPI Santa Cruz)