El Gobierno de Bolivia ha reconocido oficialmente la operación de cárteles internacionales de droga dentro de su territorio, admitiendo que la capacidad tecnológica y financiera de estas organizaciones criminales supera los recursos actuales de las fuerzas de seguridad locales. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, formalizó esta postura al declarar que el narcotráfico representa una amenaza transnacional que no respeta fronteras, lo que obliga al Estado a buscar el fortalecimiento de la cooperación global para enfrentar la asimetría de poder frente a estas estructuras delictivas.
En declaraciones al canal estatal Bolivia Televisión, el funcionario detalló que grupos criminales foráneos han logrado establecer redes operativas en el país aprovechando su ubicación geográfica estratégica en el corazón de Sudamérica. Esta posición convierte al territorio boliviano en un punto clave para la conexión con rutas hacia Brasil, Paraguay y Perú. Justiniano enfatizó que estas organizaciones disponen de dinero y tecnología avanzada, situación que justifica la necesidad urgente de contar con el apoyo de naciones como Brasil y Estados Unidos, bajo la premisa de que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida a nivel mundial.
La estrategia planteada por el viceministro incluye la reactivación de canales de cooperación con agencias de inteligencia especializadas para el intercambio de información crítica sobre movimientos financieros ilícitos, rutas de transporte y logística. No obstante, la autoridad aclaró que esta colaboración externa debe realizarse sin que ello implique una pérdida de la soberanía nacional. El objetivo central es combatir los métodos cada vez más sofisticados empleados por el crimen organizado en un país que, además de su producción tradicional de hoja de coca, enfrenta el desafío de haberse consolidado como una ruta de tránsito para el tráfico de sustancias controladas.
Este reconocimiento marca un giro en el discurso oficial sobre la seguridad interna y la presencia de cárteles en Bolivia. Justiniano concluyó que la señal del gobierno es clara respecto a la necesidad de trabajar conjuntamente con todas las policías, especialmente las fronterizas, para contener el avance de estas estructuras. La declaración expone la insuficiencia de los esfuerzos aislados y la urgencia de integrar a Bolivia en una red de defensa internacional que permita fiscalizar y neutralizar las operaciones del narcotráfico a gran escala. (Agencia OPI Santa Cruz)