El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) implementó un endurecimiento en los mecanismos de fiscalización sobre los prestadores de PAMI tras detectar un esquema de irregularidades graves que incluye la facturación sin respaldo, la simulación de consultas y el uso indebido de datos personales de los afiliados. Las auditorías internas revelaron la existencia de maniobras de fraude sistemático ejecutadas a través del sistema de órdenes médicas electrónicas (OME), lo que derivó en la apertura de al menos seis causas judiciales impulsadas por el Instituto y la UFI PAMI ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones del país.
Las investigaciones confirmaron que médicos, clínicas y farmacias aprovecharon vulnerabilidades del sistema electrónico para cobrar por prestaciones nunca realizadas y emitir recetas falsas. Entre los ilícitos denunciados figuran empresas reincidentes que mantuvieron el esquema defraudatorio pese a advertencias previas, profesionales que generaban órdenes inexistentes utilizando sus usuarios sin respaldo de atención efectiva y centros médicos donde se manipulaban registros y compartían credenciales. Fuentes del organismo precisaron que se trata de actos de defraudación contra la administración pública que afectan la gestión de los recursos provenientes del aporte de los afiliados.
Ante este escenario, la gestión actual emitió un comunicado donde ratifica el compromiso de terminar con la vulneración del sistema de trazabilidad. “Esta gestión asumió el compromiso de terminar con los intentos de fraude sistemático, la simulación de consultas, la falsificación documental, el uso indebido y la vulneración del sistema de trazabilidad”, expresa el documento oficial. El texto advierte que el uso desmedido de los servicios prestacionales detectado en las auditorías configura delitos penales, motivo por el cual se dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal para investigar la falsificación de documentos y la estafa al Estado.
Como respuesta institucional para frenar el drenaje de fondos, el Instituto actualizó el sistema de supervisión imponiendo la obligatoriedad del uso del turnero de PAMI y estableciendo un monitoreo exhaustivo de los umbrales prestacionales. Las nuevas medidas contemplan una auditoría permanente sobre la conducta de los prestadores en base a su capacidad declarada y penalizaciones para cualquier excedente o desvío detectado. Desde el organismo señalaron que el objetivo central es “generar un mayor control y racionalización del gasto” para garantizar que el presupuesto se destine a prestaciones reales, asegurando que la atención al afiliado se mantiene garantizada durante la aplicación de estas sanciones administrativas y penales. (Agencia OPI Santa Cruz)