(Por: Rubén Lasagno) – El titular de la CC-ARI Pedro Muñoz, el día jueves ingresó a la Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución buscando adhesiones dentro de la Legislatura, para que la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz y el Presidente de “Santa Cruz Puede S.A.U”. realicen un completo informe sobre el estado del trámite correspondiente a la adquisición del predio de Austral Construcciones ubicado en Río Gallegos sobre la Ruta Nacional 3, por el cual la provincia pagó 2 millones de dólares.
El diputado en su proyecto (que fue enviado a Comisión) solicita que se respondan los siguientes cinco puntos que no están claros en todo el trámite de compra del predio:
1) Situación jurídica del inmueble, de las mejoras y maquinarias situadas en el mismo, tasación realizada y por quién.
2) Contrato, convenio o acto jurídico celebrado a tales efectos.
3) Quién fue la contraparte con la que se realizó el mencionado acto jurídico.
4) Si se realizó pago o algún convenio de contraprestación por el mismo y a favor de quién.
5) Si se realizaron gestiones o presentaciones ante la Justicia Federal que investiga el entramado de corrupción en la obra pública de Santa Cruz en la denominada “causa vialidad” que involucra al Sr. Lázaro Báez en su carácter de propietario de Austral Construcciones, a fin de recuperar para la Provincia de Santa Cruz los bienes decomisados en el marco de esas causas penales.
Los interrogantes que inquietan
OPI se encuentra investigando las alternativas, los procedimientos y las condiciones en las cuales la provincia de Santa Cruz adquirió el predio de la ex Austral Construcciones, debido a la falta de información oficial respecto de esta transacción y la situación legal de esos bienes.
El gobierno de la provincia solo se ha dedicado a resaltar el gran negocio que hizo Santa Cruz y especialmente “Santa Cruz Puede SAU” y las enormes proyecciones que tiene para el futuro, pero cero información que permita entender el contexto de esta negociación, con quién se hizo, ante quién, con qué fondos y lo más importante: ¿Por qué Santa Cruz se apresuró a comprar el predio en 2 millones de dólares, pudiendo esperar a que la justicia recupere los bienes y luego solicitarlos como depositarios o adquirirlos a un precio mucho menor?
De hecho el diputado Muñoz en su pedido de informes, expresa en este sentido “En este contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Nación y titular de los fondos o bienes recuperados, es entonces la que, en cada caso concreto, podría satisfacer esa finalidad reparadora y destinar esos bienes a los damnificados directos o indirectos de los hechos de corrupción, que sin dudas es la Provincia de Santa Cruz”.
El texto es muy claro, les está exigiendo a la Fiscalía y/o por ende al gobierno a que diga para qué y por qué compró el predio si lo podría haber obtenido sin tan monumental gasto.
Todas preguntas, ninguna respuesta
Actualmente en OPI y News estamos trabajando en un amplio cuestionario como parte de una investigación que llevamos a cabo para echar luz sobre aspectos poco claros en la confección de esta sociedad unipersonal, la cual parece que fue creada con un objetivo puntual, para una persona específica y los pormenores de una operatoria al menos extraños, alrededor de la compra del predio embargado/incautado por la justicia al delincuente Lázaro Báez y a la asociación ilícita que conformó junto a Cristina Fernández.
Algunas dudas que nos planteamos y la iremos respondiendo a lo largo de nuestra investigación a medida que allanemos las incógnitas, las podemos resumir en el siguiente cuestionario:
¿Por qué nadie, excepto ahora el diputado Muñoz, se ha presentado formalmente ante el gobierno para pedir que aclare cómo se compró el inmueble y quién lo tazó?
Luego de tazado ¿Quién decidió venderlo a la SAU? ¿Qué mecanismo de adjudicación se usó para que sea esta sociedad la adquirente y no otro?
¿A quién pagó la SAU o el gobierno, 2 millones de dólares?
¿Quién tomó la decisión de la compra y a qué valor, cómo se los vendieron?
¿Quiénes fueron los actores que llevaron a cabo la operación en ambos lados? ¿Fue el gobierno provincial y Lázaro? ¿El gobierno o la SAU y un curador de los bienes o directamente con la Justicia o necesitó la firma de Báez o de alguien en su nombre?
¿El Gobernador Vidal se reunió personalmente con Lázaro o lo hicieron representantes de ambos o no existieron estos contactos?
¿Quién negoció el predio por parte de la provincia, con quién y en base a qué precio de referencia del inmueble y las condiciones del pago, la forma, etc?
¿Mediante qué instrumento legal se compró la sesión de derecho?
¿A quién se lo compraron? ¿A la Comisión o Sindicatura?
El único accionista de Santa Cruz Puede SAU es el Estado provincial. La SAU solo tiene hecho el “Balance de inicio”, ningún otro.
Si la compra la hizo el Presidente de Santa Cruz Puede SAU, ¿De dónde sacó el enorme capital necesario para la compra?
Si como todo indica, los fondos fueron aportados por el gobierno de Santa Cruz (es decir la provincia) ¿De dónde salió la plata para la compra del predio el Estado provincial? ¿Salió el Fondo UNIRSE?, debería haber un Decreto que lo refrende (no se conoce) y si lo hicieron no está publicado. ¿Lo pagaron con fondos de YPF?, también deben estar computados de la petrolera a la provincia y de ésta a la compra del predio, donde esté claramente expresada la trazabilidad de los fondos, la procedencia y el destino.
El gran interrogante
El proyecto del diputado Muñoz señala puntualmente “La reglamentación establece que los jueces que disponen un decomiso deben registrar obligatoriamente todos los bienes en una base de datos (Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal) dentro de los 30 días, y la Corte Suprema puede asignarlos provisoriamente para uso del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal, de las fuerzas de seguridad, o de entidades de bien público”.
Por esto, es que el legislador y quienes sospechamos de la existencia de acciones pocos transparentes en todo este procedimiento, no le encontramos razón lógica al hecho de haber comprado por una suma supermillonaria un inmueble que en pocos días más el Estado lo recuperaría para sí mismo.
¿Negocio, corrupción o Estado bobo?, una pregunta que podremos responder cuando hayamos terminado con la investigación en curso. (Agencia OPI Santa Cruz)