(OPI TdF) – La salida definitiva de YPF de los yacimientos fueguinos ha ingresado en su etapa de definición política con la presión del Poder Ejecutivo sobre la Legislatura de Tierra del Fuego. La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, defendió ante los parlamentarios el convenio de traspaso de activos a la estatal Terra Ignis, calificándolo como una herramienta de “supervivencia” para evitar el colapso de la industria hidrocarburífera local y la pérdida de 500 puestos de trabajo. El acuerdo, que surge de la decisión de YPF de concentrar sus recursos exclusivamente en Vaca Muerta (Neuquén), traslada a la provincia la responsabilidad de gestionar áreas con 45 años de explotación y un complejo entramado de pasivos ambientales.
La administración de Gustavo Melella busca, mediante esta ratificación, capturar un paquete de 107 millones de dólares que YPF dejará en la isla. Según el detalle oficial, la cifra se compone de un bono de 28 millones de dólares destinado estrictamente a la remediación ambiental, petróleo almacenado y bienes de capital como camionetas e instalaciones valuadas en 70 millones de dólares. Sin embargo, la ministra Castillo reconoció que la gestión de estos yacimientos maduros requerirá la búsqueda urgente de “socios que tengan plata“, imponiendo como condición a las futuras operadoras privadas un plan de negocios a diez años para obtener extensiones de concesión.
En el plano laboral, el convenio establece una tregua de un año. Terra Ignis se comprometió a absorber a los trabajadores directos de YPF —previa indemnización por parte de la petrolera nacional— y a respetar los contratos vigentes por un plazo de doce meses. Esta cláusula de temporalidad enciende alarmas sobre el futuro de los operarios una vez cumplido el plazo, especialmente en un contexto donde la rentabilidad de las áreas cedidas es marginal y la provincia ya enfrenta una crisis en otros sectores como el textil y el industrial debido a la apertura de importaciones.
La urgencia del Ejecutivo por aprobar el convenio radica en evitar un “vacío de incertidumbre” que impactaría directamente en el goteo de regalías petroleras. Castillo enfatizó que YPF ya contrató una empresa para el abandono de 107 pozos, una diferencia clave respecto a otras provincias como Mendoza, donde la falta de saneamiento previo trabó las licitaciones. No obstante, el desafío para Terra Ignis es monumental: pasar de ser una estructura administrativa a una operadora real capaz de sostener la producción en yacimientos en declive, bajo el riesgo de que los 28 millones de dólares para remediación resulten insuficientes frente a décadas de pasivos ocultos en la monoboya y la planta Cruz del Sur. (Agencia OPI Tierra del Fuego)