La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) decidió acompañar el espíritu del proyecto de Reforma Laboral de 180 artículos, pero frenó en seco ante cinco puntos que consideran letales para su subsistencia institucional. A pesar del consenso sobre la necesidad de modernizar las normas, la entidad presidida por Ricardo Diab advirtió que la redacción actual de los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 no genera libertad, sino inestabilidad productiva y asfixia financiera para la representación patronal.
El punto de mayor fricción es el artículo 128, que elimina la obligatoriedad de los aportes patronales. Para la dirigencia pyme, esta medida no es un alivio de costos, sino una sentencia de muerte que las dejaría en una “desigualdad absoluta” frente al poder de fuego del sector sindical. Diab fue tajante al señalar que el objetivo final de este apartado parece ser “la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”. Sin esos recursos, la entidad asegura que deberá desmantelar los programas de formación profesional que hoy sostienen la competitividad de miles de comercios y unidades productivas en el interior.
El riesgo jurídico de tocar la ultraactividad sin transición
Otro eje técnico que encendió las alarmas es el límite a la ultraactividad de los convenios colectivos. Si bien la CAME admite que los contratos deben actualizarse, rechaza la idea de que los convenios caigan “de un día para otro”. Según el análisis presentado, desarmar el entramado legal vigente sin una transición ordenada generará un vacío normativo y “más caos que soluciones”.
Los asesores letrados de la confederación detectaron que la aplicación inmediata de los artículos 130, 131 y 132 es una puerta abierta a la litigiosidad. Bajo la promesa de simplificación, el texto podría terminar “trayendo conflictos legales futuros” que pagarán las empresas.
Los dirigentes ya mantuvieron reuniones con gobernadores y con la mayoría de los senadores de la comisión pertinente. El mensaje al Poder Legislativo es claro: el cheque en blanco al proyecto general tiene fondos, pero los cinco artículos observados deben ser reescritos antes de la votación definitiva si quieren evitar un colapso en la representación del sector que da empleo. (Agencia OPI Santa Cruz)