El Boletín Oficial de hoy no es solo un trámite administrativo. El punto es que el Gobierno nacional finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, presionado por un revés judicial que lo obligó a mover fichas rápido.
Sucede que el Decreto 84/2026 lleva la firma de Javier Milei solo porque un juzgado federal de Campana le puso un freno. La justicia declaró inválido el intento previo de suspender la ley por supuesta falta de fondos.
La verdad es que esta nueva etapa trae cambios profundos en la estructura del Estado. El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad a la órbita del Ministerio de Salud, concentrando todo el poder de decisión en esa cartera.
Para el ciudadano común que depende de este beneficio, la noticia tiene doble filo. Por un lado, se activa la Ley 27.793, pero por otro, el Gobierno impone un sistema de “conversión de oficio” para todas las pensiones actuales.
Esto significa que la autoridad de aplicación va a identificar, relevar y verificar cada prestación vigente. El plan es claro: la Secretaría Nacional de Discapacidad tiene 30 días para presentar un esquema de auditorías periódicas.
El punto clave es que la ayuda económica ahora estará atada a criterios de evaluación socioeconómica mucho más estrictos. Los gobernadores también entran en el juego, ya que se busca un esquema de cofinanciamiento con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es una realidad que el Estado busca eficiencia, pero el riesgo siempre recae en los más vulnerables. La norma, vigente desde el 3 de febrero de 2026, obliga a articular los ingresos con políticas de inclusión laboral, un desafío enorme en este contexto.
Al final del día, el éxito de este nuevo régimen dependerá de la transparencia de los controles. Mientras el Consejo Federal de Discapacidad se prepara para la convocatoria, miles de beneficiarios esperan que la burocracia no se transforme en un obstáculo para sus derechos básicos. (Agencia OPI Santa Cruz)