(OPI TdF) – La jueza electoral de Tierra del Fuego, Mariel Zanini, giró las actuaciones al Ministerio Público Fiscal antes de definir el cronograma para elegir convencionales constituyentes el próximo 9 de agosto. La magistrada frenó los plazos ante la falta de seguridad jurídica del proceso de reforma que impulsa el Poder Ejecutivo provincial.
El Poder Ejecutivo remitió el decreto de convocatoria electoral el 30 de abril de 2026. Los funcionarios provinciales incorporaron la primera publicación del Boletín Oficial al expediente judicial recién el 7 de mayo. La magistratura requiere este último paso impreso para reconocer la vigencia formal del llamado a las urnas.
La jueza advirtió que la organización de los comicios exige prudencia legal extrema. Zanini detalló la existencia de un recurso de queja en pleno trámite ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este expediente tramita bajo la carátula “Lechman, Jorge Andrés c/ Provincia de Tierra del Fuego S/ Acción Meramente Declarativa”. El demandante presentó esta queja formal tras recibir un rechazo a su recurso extraordinario federal. La acción judicial ataca directamente la constitucionalidad del proceso de reforma.
La titular del juzgado sumó otro factor de peso que altera el escenario institucional. Un grupo de 11 legisladores sancionó un proyecto de ley que deroga la norma original de la convocatoria. El Ejecutivo mantiene el poder constitucional para vetar esta decisión legislativa. El Parlamento necesita reunir al menos 10 votos para insistir y otorgarle fuerza de ley definitiva a la derogación.
Tres partidos políticos presentaron escritos formales en la sede judicial durante los últimos días. Las agrupaciones exigieron la publicación del cronograma para organizar sus listas de candidaturas y planificar las etapas logísticas electorales.
La jueza respondió a las agrupaciones con una advertencia sobre el riesgo de emitir resoluciones prematuras. La magistrada sostuvo que publicar la calendarización actual genera mayor incertidumbre y acarrea un daño directo a la confianza pública en el sistema democrático.
El texto de la resolución detalla que ordenar, coordinar y publicitar los plazos legales implica habilitar un mecanismo estatal que luego la Justicia o la política pueden suspender, alterar o frustrar de manera repentina.
Frente a este escenario judicial y legislativo, la jueza ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal para resguardar el orden público y el interés general de la provincia.
La medida de la magistrada tiene sustento técnico en el artículo 79 incisos e) y f) de la Ley 470, que regula a los partidos políticos. Zanini fundamentó también su decisión en el artículo 22 inciso 4 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia. Esta norma provincial obliga a los jueces a dar participación al organismo fiscal antes de resolver cualquier cuestión de competencia.
El organismo fiscal asume de esta manera el control del próximo paso procesal en el expediente. El dictamen de los fiscales representa el escalón previo y obligatorio antes de cualquier definición sobre el armado de las urnas en Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)