(Por: Rubén Lasagno) – La decisión de la Corte Suprema de Justicia de hacerle lugar al pedido del gobierno para que habilite la nueva constitución del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz de cinco a nueve, replica una maniobra que en la historia política argentina, y particularmente en Santa Cruz, rara vez ha tenido como fin último la celeridad judicial. Por el contrario, solo encubre la búsqueda de una “mayoría automática”, que es la propuesta de Vidal, haciendo entrar a sus amigos en los cargos más relevantes de la justicia, como ya lo hemos apuntado en diversos informes producidos durante la selección y elección de los candidatos, independientemente de las acciones kirchneristas por impedirlo.
El argumento para justificar estas ampliaciones en todos los casos se basa en la “optimización” y la “modernización”, como lo planteó el proyecto del Ejecutivo y según el gobierno un “escenario ideal”, es pasar de 5 a 9 miembros, aunque no dicen “para quién”.
A partir de la mayoría que tendrá el Ejecutivo cuando esto se implemente, le permitirá crear salas exclusivas (Penal, Civil, Laboral, Contencioso Administrativo) “para agilizar” la resolución de expedientes técnicos y en teoría, más jueces deberían traducirse en sentencias más rápidas, reduciendo la mora judicial que afecta al ciudadano común.
Pero en la práctica el problema no es el número de jueces, sino su origen y su lealtad. Si los nuevos integrantes llegan por afinidad política (“vidalistas”) y no por mérito y trayectoria independiente, como ya informamos que ha sucedido en Santa Cruz, el sistema empeora drásticamente en sus cimientos. Es decir, como siempre he sostenido, se cambia la piel del zorro, pero el zorro sigue siendo el mismo.
Como sucedió por años con el kirchnerismo el Poder Judicial deja de ser un contrapeso del Ejecutivo para convertirse en una extensión de éste. Las decisiones del TSJ pueden volverse predecibles, no por la jurisprudencia, sino por la conveniencia del gobierno actual, como lo fue con el anterior.
Esto afecta desde litigios laborales y sindicales hasta conflictos con empresas estratégicas (como las del sector energético o minero). Sin una reforma integral de los juzgados de primera instancia, que es donde realmente se estancan los expedientes, sumar miembros en la cúpula del STJ solo engrosa la estructura burocrática y el gasto público sin resolver la mora real. Entonces, como sostengo desde que empezó esta embestida, no es una solución llevar de 5 a 9 los jueces, si no se hace de manera transparente, institucionalmente acorde a las necesidades y no solo como mera cinchada política para dejar sentado quién la tiene más larga a la hora de tomar las últimas decisiones y presionar a la oposición política provincial, de la misma manera que lo hizo el kirchnerismo.
El TSJ como arma de presión política
Una mayoría leal del STJ provincial tiene el potencial absoluto de transformarse en un instrumento de coacción y control político. Por ejemplo, el tribunal blinda las decisiones del Ejecutivo y cualquier intento de la oposición, de los sindicatos o de organizaciones civiles por frenar decretos, leyes inconstitucionales o presupuestos irregulares morirá en la última instancia judicial. El gobierno se asegura de que ninguna de sus políticas de Estado sea vetada por la justicia y un poder judicial alineado, como ya lo hemos vivido por años en Santa Cruz, es utilizado para desgastar a adversarios políticos, presionar a intendentes opositores a través de causas administrativas, o deslegitimar protestas y alianzas sindicales disidentes mediante fallos que declaren ilegales las huelgas o intervengan gremios.
“En Santa Cruz las causas de corrupción no existen porque no se investigan“, fue la observación que hace muchos años me confió un juez jubilado y la conformación de un TSJ a medida garantiza, en el fondo, asegura la supervivencia de esta matriz.
Cuando el máximo tribunal responde al poder político, como lo hace con el kirchenrismo y seguramente ahora lo hará con el vidalismo, se envía una señal disciplinadora a fiscales y jueces de instrucción. Un fiscal de primera instancia sabe que intentar avanzar en una investigación sobre el manejo de fondos públicos, sobreprecios o enriquecimiento ilícito, por ejemplo, terminará siendo revocado o “cajoneado” en las instancias superiores. Esto fomenta la inacción y la autocensura judicial.
Un TSJ cooptado suele tener un peso determinante (directo o indirecto) en el enjuiciamiento y remoción de magistrados inferiores. Cualquier juez que intente investigar al poder corre el riesgo de enfrentar un jury de enjuiciamiento impulsado por la misma maquinaria política. Esto ha sido el típico comportamiento que desarrolló el kirchnerismo por años.
A mi criterio, lejos de inaugurar una etapa de transparencia, el copamiento del tribunal asegura que el manejo de las arcas provinciales, las licitaciones y el gasto público queden fuera del escrutinio legal y como hasta ahora la justicia operará de manera más o menos eficiente para delitos menores, pero será completamente ciega frente a los delitos de cuello blanco y la corrupción estructural instalada en la provincia. Resumiendo, la maniobra se perfila más como una consolidación hegemónica que como una reforma judicial genuina.
Creado para servir
Observando la dinámica política y económica que tenemos históricamente en Santa Cruz, es altamente probable que el gobierno active este “blindaje” en áreas donde se concentran los mayores flujos de dinero, las tensiones sociales más fuertes y los intereses estratégicos de la provincia.
Santa Cruz tiene en la Patagonia un núcleo de intereses económicos monumentales vinculados a las industrias extractivas y energéticas. El TSJ es fundamental para validar contratos, prórrogas o flexibilizaciones impositivas para las empresas operadoras de oro, plata y petróleo, evitando que acciones de amparo (por cuestiones ambientales o económicas) prosperen, como ya lo hemos visto durante años en Santa Cruz.
Tener esa autonomía judicial puede servirle al gobierno para proteger el avance de obras complejas, como los proyectos hidroeléctricos, frente a litigios por impacto ambiental, expropiaciones de tierras o incumplimientos de las empresas contratistas y permite blindar judicialmente cualquier modificación en la liquidación o el uso de los fondos provenientes de las regalías mineras y petroleras que el Ejecutivo decida implementar sin pasar por consensos legislativos amplios.
Otro aspecto fundamental es la administración de los fondos provinciales que siempre roza la cornisa legal. Un tribunal alineado es vital para la supervivencia administrativa del gobierno en temas como Presupuestos futuros y reasignación de partidas ya que el manejo de las proyecciones presupuestarias (como los números que se configuran para el ejercicio 2026) y el gasto en personal suelen ser focos de conflicto. El tribunal puede rechazar in limine cualquier demanda de la oposición que busque frenar reasignaciones de partidas no autorizadas originalmente por la Legislatura y tiene la capacidad de validar decretos de necesidad y urgencia o leyes de emergencia que le permitan al Ejecutivo saltarse los mecanismos de control habituales para la disposición de fondos.
Disciplinamiento sindical
En una provincia como la nuestra donde el Estado es el principal empleador y los frentes sindicales suelen ser inestables, la justicia es la última barrera de contención del Ejecutivo.
Un TSJ a medida es garantía para confirmar fallos de primera instancia que declaren ilegales las huelgas, apliquen multas millonarias a los gremios (para desfinanciarlos y quebrar su poder de fuego) o validen intervenciones. Cuando los frentes políticos o sindicales se rompen o se vuelven opositores, el aparato judicial puede ser utilizado para inmiscuirse en las internas gremiales, validando o anulando elecciones según la conveniencia del gobierno, lo cual ya ha sucedido en la provincia en manos del kirchnerismo.
Y finalmente la superioridad judicial y la obtención de mayoría en el STJ, alivia al gobierno con la injerencia directa que tiene sobre la Obra Pública y contrataciones del Estado provincial, que es un verdadero agujero negro histórico de la transparencia en la provincia.
La mayoría automática sirve para rechazar amparos o denuncias de empresas competidoras que queden fuera de licitaciones públicas en la trama ya conocida de las licitaciones directas o direccionadas, históricamente conocidas como cartelización de la obra pública, inventada por Néstor, seguida por el kirchnerismo en todos sus gobiernos y continuada por Claudio Vidal y el “ensayo de candidato” a gobernador llamado Pablo Grasso, actual intendente de Río Gallegos.
Pero la gran cobertura que le da al Ejecutivo, tener un Tribunal Superior cooptado, respecto a las causas de corrupción es, básicamente, porque esa instancia es el embudo final por el que transitan y se detienen las causas que sean incómodas al poder. Cualquier investigación sobre sobreprecios o irregularidades en contrataciones actuales terminará allí para ser desestimada por “falta de mérito” o prescripción de los plazos procesales.
En definitiva, el gobierno no amplió el máximo Tribunal de la provincia para resolver los conflictos de los ciudadanos, sino para tener la última palabra sobre la caja, los recursos estratégicos y el control de la calle.
A pesar de los esfuerzos de la prensa paga de Santa Cruz, por instalar la idea que esta medida es histórica para desalojar la justicia K de tantos años (lo cual es cierto) en las consultas que he recibido de mis colegas de Buenos Aires y las salidas al aire en radios y canales de nivel nacional, siempre hago esta aclaración, para que no se instale la verdad a media que emite el gobierno provincial de que llegó para cambiar la justicia, en todo caso es un cambio de mano, nada más. (Agencia OPI Santa Cruz)