(Por: Rubén Lasagno) – (Informe I) – Vengo advirtiendo con meridiana claridad y sin eufemismos, que el gobierno provincial al firmar el Acuerdo con YPF, puso bajo la alfombra indisimulables beneficios corporativos para la empresa estatal petrolera, luego de la salida y abandono de la producción en zona norte pero también el Estado provincial está incumpliendo con la tarea de control a todas las operadoras que operan en la provincia, porque se niega a conformar la Comisión de Seguimiento establecida por la Ley 3117 y que el Ejecutivo incumple. La gran pregunta es ¿Por qué?.
Tras el pedido de información que hiciera la Cámara de Diputados a través de un proyecto del diputado CC-ARI Pedro Muñoz donde se solicitaba al Poder Ejecutivo Provincial la convocatoria de la Comisión de Fiscalización de las Concesiones Hidrocarburíferas, creada por la Ley Nº 3334, el Ministro de Energía y Minería de Santa Cruz Jaime Álvarez envió una nota al cuerpo deliberativo argumentando que “a la fecha” no se cuenta con la reglamentación necesaria para el funcionamiento de tal comisión, cuando en realidad esa tarea es propia del Ejecutivo del cual Álvarez es parte y ha incumplido lo que, paradójicamente, usa como argumentación para justificar el incumplimiento de lo que marca la ley.
“Al respecto – dice la comunicación oficial de Álvarez a la Cámara – corresponde señalar que si bien la citada ley dispuso la creación de dicho órgano con integración multisectorial y funciones específicas en materia de control y seguimiento de las concesiones hidrocarburíferas, a la fecha no se cuenta con la reglamentación necesaria que determine su funcionamiento operativo, mecanismos de convocatoria, régimen de adopción de decisiones y demás aspectos instrumentales indispensables para su efectiva puesta en marcha; a la vez que la empresa YPF ya no es titular de áreas de la cuenca del Golfo San Jorge, por lo que la integración de la comisión se encuentra desactualizada”.
Y continúa diciendo “En ese marco, se entiende que la eventual convocatoria de la referida Comisión requiere, con carácter previo, el dictado de la correspondiente reglamentación que permita asegurar su adecuado funcionamiento y evitar eventuales contingencias de orden institucional o jurídico”.
Finalmente concluye “En atención a lo planteado informamos que desde este ministerio nos ocuparemos de avanzar en la correspondiente reglamentación, trabajando asimismo en la conformación de la comisión prevista a tales efectos”, lo cual pone casi en carácter de “un favor” la intervención del Ministerio a su cargo, cuando en realidad ha sido y es su obligación.
Fíjese el lector que en este último párrafo de la nota, el Ministro Álvarez reconoce expresamente que la creación de la Comisión es de su competencia, al señalar “desde este ministerio nos ocuparemos de avanzar en la correspondiente reglamentación…” hecho por demás evidente que si la referida “reglamentación” no está, es porque su ministerio no la ha implementado, incumpliendo la propia ley.
Por mano propia
Objetivamente la creación de la Comisión exigida por ley no necesita ninguna “reglamentación” para constituirse y ejercer sus funciones, tal como lo afirman las fuentes jurídicas consultadas. Y si así fuera, es el propio Ejecutivo el que lo debe hacer, por lo tanto estaría incumpliendo la ley.
Y uno de los mayores responsables, en este caso, es el propio Álvarez quien fue miembro del Instituto de Energía y ahora es Ministro, con lo cual y suponiendo que como dice el responsable del ministerio “debe estar reglamentada”, se autoinculpa porque ni siquiera el gobierno ha dispuesto la designación de los integrantes de la Comisión puesto que se conoce de antemano qué funcionarios la conforman y deberían estar designados a los fines que marca la ley y eso, nunca ocurrió.
El Artículo 20 de la ley 3117 dice expresamente: Esta Comisión estará integrada por el Presidente del Instituto de Energía, el Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social y el Subsecretario de Medio Ambiente; el Presidente de las Comisiones de Energía y Combustibles, Recursos Naturales, Conservación del Medio Ambiente y Turismo, de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y un Diputado por la minoría, de la Honorable Cámara de Diputados. La Comisión dictará su propio reglamento, elegirá sus autoridades, y tendrá como misión:”
Como se ve claramente, la conformación de esta Comisión está referida a la competencia exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto, la negligencia de que no exista como tal también es exclusiva del gobierno y del propio Jaime Álvarez que responde el requerimiento legislativo de manera incongruente y falto de toda lógica, excusándose de algo que no reconoce como responsabilidad propia, cuando en la práctica lo es.
Y en cuanto a la obligación de la Comisión, la ley es puntualmente clara al señalar como funciones generales de su competencia “Evaluar la evolución de las explotaciones hidrocarburíferas sobre la base de los informes que deberán remitir el Instituto de Energía y la citada Secretaría y Subsecretaría, conforme a lo establecido en el Artículo 17 de la presente ley”, lo cual claramente el gobierno provincial incumple en todos sus términos.
Por lo tanto, ésta Comisión debe velar por el cumplimiento de las leyes 3117, 3122 y la 3295 de YPF, sobre las cuales debería estar trabajando y el Ejecutivo ni siquiera ha designado a los funcionarios a cargo de dicha Comisión.
Esto marca que sigue el oscurantismo y la corrupción alrededor del tema hidrocarburífero en la provincia y especialmente, en la relación y los acuerdos que tiene el gobierno con YPF.
La respuesta del Ministro Álvarez es una verdadera vergüenza y el ocultamiento que hace la autoridad gubernamental de este entramado de negocios, concesiones, acuerdos espurios con cláusulas reservadas y fundamentalmente el incumplimiento de la constitución de los controles necesarios y obligatorios que establecen las leyes en la materia, lleva a pensar que existen cuestiones ocultas, irregulares y que no quieren que se conozcan a nivel público. (Agencia OPI Santa Cruz)