La contradicción discursiva entre la denuncia por sobornos y la estrategia de nulidad defensiva pauta el ritmo de la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez federal Ariel Lijo ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio que exponen el cobro de retornos equivalentes al 3% en las licitaciones de medicamentos de alto costo. La medida busca validar la prueba que la gestión anterior intentó calificar como un montaje informático.
La Gendarmería Nacional ejecutará el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital. El ex director de la institución, Diego Spagnuolo, alegó que las piezas difundidas en el canal de streaming Carnaval son falsas. Ante esto, el magistrado busca blindar el expediente frente a los planteos de las defensas.
Maniobras técnicas y peritos de parte
El abogado defensor Mauricio D’Alessandro busca demostrar alteraciones en las grabaciones para impugnar su validez legal y solicitar la nulidad total de las actuaciones. Para este fin, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático Marcelo Torok. El consultor técnico aportó un informe privado realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
El pliego de la defensa consta de diez puntos orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar saltos temporales. El fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para controlar la medida. Las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos al control del proceso.
Cartelización y lavado en criptomonedas
La causa judicial posee un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes de las escuchas del streaming. El exdirector Diego Spagnuolo ya afronta un procesamiento sin prisión preventiva por asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles. La resolución dictada por el tribunal fijó un embargo de 202.000 millones de pesos sobre los bienes del exfuncionario.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde exfuncionarios direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios tanto en remedios complejos como en insumos ortopédicos básicos. La investigación penal avanza sobre los canales de lavado de dinero de la red corporativa. La fiscalía citó a indagatoria para este miércoles al empresario Alan Pocoví, sospechado de canalizar los fondos desviados hacia la compra de criptomonedas. (Agencia OPI Santa Cruz)