(Por: Rubén Lasagno) – Informe III – En Servicios Públicos Sociedad del Estado la historia se repite, al igual que sus personajes. Allá por el año 2014, SPSE impulsó la construcción de una línea eléctrica a través del plan nacional denominado Convergencia, específicamente para el tramo Cancha Carrera – Fuentes del Coyle. Y aquí la historia que completa el problema sistémico que afecta a la empresa de energía de la provincia, como l venimos ventilando en dos informes anteriores.
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El denominado Plan de Convergencia Tarifaria Eléctrica (conocido coloquialmente como “Plan Convergencia”) fue un programa impulsado por el Gobierno Nacional durante el año 2014. La mecánica del acuerdo consistía en que las provincias adheridas se comprometían a congelar las tarifas del servicio eléctrico para los usuarios y como contrapartida, la Nación giraba fondos no reintegrables destinados específicamente a financiar obras de infraestructura, mejora y extensión de las redes de distribución energética.
En el caso de Santa Cruz, la gestión, licitación y administración de estas obras quedó bajo la órbita exclusiva de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).
Respecto al proyecto específico de la línea eléctrica para el tramo Cancha Carrera – Fuentes del Coyle, su traza geográfica proyectaba cubrir un sector clave del suroeste de la provincia:
Cancha Carrera: en la región de la cuenca carbonífera, en las proximidades de Río Turbio y del paso fronterizo (Paso Don Guillermo).
Fuentes del Coyle: el paraje e histórico nudo vial situado en plena estepa, a un paso de la Ruta Nacional 40 y a medio camino en dirección hacia El Calafate.
El objetivo oficial de esta línea era extender la provisión y estabilizar el sistema energético en esa zona estratégica. Sin embargo, el desarrollo administrativo de este tendido se convirtió en un claro exponente de las irregularidades en el manejo de los fondos nacionales y provinciales de la época, a través de la controvertida empresa que tenemos bajo observación en estos tres informes: Servicios Públicos Sociedad del Estado.
La ejecución de este tramo, adjudicada a la firma Escarabajal Ingeniería SRL, formaba parte del paquete de obras a financiar mediante el Plan Convergencia. Las maniobras financieras en torno a esta traza específica, donde se instrumentó el doble cobro de los trabajos con fondos de Nación y de Provincia sin que se registrara avance físico alguno, constituyen el núcleo de las irregularidades que detonaron las auditorías de 2016 dentro de SPSE. Toda esta estructura administrativa operó bajo el resguardo de certificaciones viciadas por el conflicto de interés evidente del ingeniero Daniel Martínez en su rol de inspector.
La maniobra
Todo tiene una trazabilidad que está documentada en la provincia y a nivel nacional, entre la cual buscamos los antecedentes. Entre estas anormalidades tenemos los incumplimientos seriales, pues los informes de la Jefatura de Gabinete al Senado (como el Informe N° 122) y reportes de la AGN que hemos podido consultar, detallan que a la UTE Escarabajal Ingeniería SRL / Bahía Blanca Viviendas SRL se le rescindieron contratos por cobrar anticipos del 30% (mismo porcentaje que mencionas en SPSE) y no terminar obras millonarias de Nación (por ejemplo, el caso de los 93 jardines de infantes).
El nuestra consulta por el archivo del Boletín Oficial de Santa Cruz encontramos que en 2019 se decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de la empresa, y más recientemente se autorizó el cambio de razón social de Escarabajal Ingeniería S.R.L. a E.I. S.A. (CUIT 33-67367221-9).
Dado que las fechas exactas de las transferencias están blindadas en los libros contables de SPSE, nos enfocamos en la aprobación de los certificados de obra que habilitaron esos pagos y en la auditoría de 2016 que corroboró el doble financiamiento. Cuando logremos acceder al número de resolución interna de SPSE que aprobó esos pagos, tendremos la fecha exacta y puntualmente podremos ampliar la información que hasta aquí hemos compilado.
Escarabajal y Martínez
La empresa encargada de ejecutar la obra fue Escarabajal Ingeniería SRL, vinculada a Vicente Escarabajal y Martín Martínez. En resumen, esta obra nunca se ejecutó, pero sí se cobró dos veces: una con fondos de Nación y otra con fondos de la Provincia.
La Denuncia (los delitos y faltas)
La denuncia original a la que nos referimos no solo apuntaba a una desprolijidad administrativa, sino a la conjunción de tres figuras graves a saber.
Incompatibilidad y Conflicto de Intereses. La violación flagrante de la Ley de Ética Pública al ejercer el Ingeniero Daniel Martínez como inspector de obra (el funcionario que aprueba las certificaciones de avance) sobre la empresa de su propio hermano, Martín Martínez (Escarabajal Ingeniería SRL).
Defraudación al Estado (doble imputación). El núcleo técnico de la denuncia probaba que la obra Cancha Carrera – Fuentes del Coyle se rindió económicamente a dos cajas distintas. Se cobraron los fondos nacionales no reintegrables del “Plan de Convergencia Tarifaria” (2014/2015) y paralelamente o en diferido, se justificó la misma obra con erogaciones de partidas provinciales o fondos propios de SPSE.
Falsedad ideológica en Certificación de Obra. Para que Escarabajal cobrara (y más aún, dos veces), la inspección a cargo de Martínez debió certificar avances de obra (movimiento de suelo, acopio de materiales o tendido) que en el terreno físico eran nulos.
Por los mecanismos de la época y de acuerdo a lo que pudimos reconstruir con fuentes que cubrían servicio en SPSE en ese momento, esta denuncia se movió en el ámbito administrativo-contable y no llegó a prosperar penalmente (lo que explica que hoy Martínez ocupe la Gerencia General sin condenas firmes).
Precisamente una fuente que actualmente sigue en funciones, nos marcó cómo operó el circuito de la auditoría que sintetizo en los siguientes componentes:
En la Auditoría Interna de SPSE la irregularidad saltó internamente al cruzar los expedientes de pago del Plan Convergencia con los certificados de obras, como nos confió una alta fuente de la empresa.
La denuncia en ese momento, activó una auditoría interna en 2016 impulsada por las autoridades contables de SPSE de aquel momento, para intentar deslindar responsabilidades gerenciales ante la obviedad del fraude cruzado Nación/Provincia.
En tanto recayó ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz el expediente de SPSE que compromete esos fondos públicos ante el órgano de control para la aprobación del ejercicio financiero anual, como corresponde.
Es sabido que existen expedientes de juicios de cuentas vinculados a Escarabajal Ingeniería por ejemplo y observaciones en expedientes del TC del año 2016, como el N° 817.397-TC-2016, los que pudimos constatar, que aunque incluyó obras municipales, refleja cómo la empresa estaba bajo la lupa por certificaciones de la época. El “limbo” se cristaliza precisamente aquí: el Tribunal de Cuentas observó los expedientes, pero rara vez ejecutaba las multas o inhabilitaciones como proveedores; esto fue una constante.
Históricamente, en SPSE este tipo de filtraciones y pedidos de auditoría entre 2015 y 2016 (época de transición de recursos nacionales tras el cambio de gestión presidencial) solían originarse por la Sindicatura o controles internos de SPSE que se negaron a firmar o avalar los pagos dobles al detectar que la Secretaría de Energía de Nación ya había remitido los fondos del Plan Convergencia.
La otra filtración se realizó a través de los informes impulsados por la minoría de los vocales por la oposición en el Tribunal de Cuentas, quienes reiteradamente dejaban sentadas en actas las irregularidades que luego la mayoría oficialista terminaba aprobando y enviando al archivo.
Podemos decir al respecto, que la denuncia de 2016 fue de carácter institucional-administrativo, activada al comprobarse que el inspector de entonces, Daniel Martínez, firmaba avances nulos para que la empresa de su hermano (Escarabajal) cobrara la misma línea con dinero del Plan Convergencia y de la Provincia.
Como dije se tramitó en la Auditoría Interna de SPSE y pasó por el Tribunal de Cuentas, organismos que terminaron siendo el “limbo” perfecto que permitió que, años después, estos actores no solo no fueran sancionados, sino que ascendieran a la cúpula de poder del organismo.
El mecanismo histórico
El funcionamiento institucional de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) en los mecanismos históricos de licitación provincial y los antecedentes documentados durante el ejercicio 2023, determinan que la maniobra recurrente revela una estructura administrativa específica que posibilitó, una vez más, el desvío de fondos.
Aunque SPSE no publica de forma abierta los expedientes de pago pormenorizados ni los comprobantes de transferencia en el Boletín Oficial, el análisis de la normativa de obra pública de Santa Cruz, los circuitos del Tribunal de Cuentas y la operatoria gerencial de la empresa estatal que hemos consultado, permiten ampliar cómo se instrumentó este caso en 2023.
El salto del ingeniero Daniel Martínez de inspector (en 2014/2016) a Gerente de Energía (en 2023) fue la pieza clave de la maniobra. En el organigrama de SPSE, la Gerencia de Energía es el área solicitante de las obras eléctricas y, por lo tanto, la encargada de redactar el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas.
Al armar un “pliego a la medida”, el gerente tuvo la potestad de incluir requisitos de admisibilidad restrictivos (exigencias de equipamiento específico, plazos de ejecución irreales para competidores o antecedentes de obra muy particulares) que terminan filtrando a las empresas competidoras. Esto suele derivar en dictámenes donde la empresa familiar se presenta como “única oferta válida”, facilitando la adjudicación directa encubierta bajo la apariencia de una licitación pública.
Para 2023, la razón social “Escarabajal Ingeniería SRL” ya acarreaba un pesado historial de rescisiones de contratos y convocatorias de acreedores (incluso documentado a nivel nacional por el incumplimiento en la construcción de jardines de infantes). Para eludir las alertas del sistema de proveedores del Estado, la operatoria requirió el rediseño de la figura jurídica, pivotando hacia la denominación E.I. S.A..
El pliego de 2023 fue firmado a sabiendas de que esta “nueva empresa” era, en esencia y capacidad operativa, la misma estructura que ya había defraudado a la provincia en el tramo Cancha Carrera – Fuentes del Coyle.
La trampa del Anticipo Financiero (el 30 %)
En el esquema de la obra pública provincial, el cobro del 30 % de anticipo no requiere que la empresa haya movido un solo metro de tierra. Se trata del “Anticipo financiero”, un porcentaje del presupuesto oficial que se transfiere a la cuenta de la adjudicataria a los pocos días de firmarse el Acta de Inicio de Obra, bajo la justificación de “acopio de materiales” y “movilización de equipos“.
El agravante administrativo en 2023 radica en que se autorizó el pago del anticipo sabiendo que la capacidad técnica de la empresa era nula y al registrarse un avance físico del 0 %, SPSE tenía la obligación legal de ejecutar la póliza de seguro de caución que toda empresa debe presentar para cobrar ese 30 %.
La falta de ejecución de esa garantía implica una complicidad directa del directorio de la empresa estatal.
Al igual que ocurrió con la auditoría de 2016 que quedó en el limbo, la maniobra del 2023, sorteó los filtros de control.
Ni la Sindicatura Interna de SPSE (encargada de velar por el patrimonio de la empresa) ni el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz frenaron el expediente. La incompatibilidad ética y el evidente conflicto de intereses por el vínculo sanguíneo directo entre la gerencia adjudicante y la contratista no generó ninguna impugnación oficial, permitiendo que los fondos se liberaran sin obstáculos.
Epílogo
Este punto final de nuestra investigación es el golpe de gracia institucional que le damos al tema, porque demuestra la consolidación de la impunidad y el perfeccionamiento del esquema de corrupción. El salto de 2023 a 2025 expone cómo la estructura, en lugar de ser desmantelada, fue premiada con el control total.
Para aclarar cómo y porqué y sostener ese “interrogante ineludible” que se abre ante los hechos investigados, es fundamental desglosar qué significa operativamente que Daniel Martínez haya llegado a la Gerencia General y por qué el cambio de razón social a EISA no es un detalle menor, sino una maniobra de blindaje.
Detallaré, en consecuencia, los tres ejes que sostienen esta conclusión a fin de darle contexto de fondo a esta observación final que realicé en base a todo lo investigado.
El blindaje societario
El cambio de Escarabajal Ingeniería S.R.L. a EISA (que asume la figura de Sociedad Anónima) es la clave para entender el ocultamiento.
En una S.R.L., las cuotas sociales y sus dueños están inscriptos públicamente; si el hermano de Martínez figuraba allí, el conflicto de intereses era evidente con solo pedir un informe de dominio.
Al transformarse en una Sociedad Anónima (S.A.), las acciones pueden endosarse o transferirse de forma privada, permitiendo que los verdaderos dueños operen desde las sombras a través de prestanombres o testaferros, dejando en los directorios públicos a figuras decorativas. De allí que la S.A. es el vehículo legal perfecto para borrar el rastro del apellido Martínez de los papeles oficiales.
El control absoluto
En la arquitectura de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), el Gerente General es el embudo por donde pasa toda la gestión operativa, técnica y financiera antes de llegar al Directorio.
En 2014, como inspector, Martínez solo podía certificar (falsificar) el avance físico en el terreno.
En 2023 como Gerente de Energía, podía armar los pliegos y direccionar las licitaciones eléctricas.
En 2025 como Gerente General, controla a los inspectores, avala las certificaciones de todas las gerencias, y tiene la firma final para destrabar los pagos directos. Ya no necesita cómplices en otras áreas; él mismo es el sistema de control.
Las “Modificaciones” (El negocio financiero)
Acá tocamos el nervio de la obra pública actual. Una empresa que cobra el 30 % de anticipo y no avanza, necesita de estas firmas para no perder el contrato.
Las modificaciones que un Gerente General puede autorizar para favorecer a EISA incluyen la Ampliaciones de plazo que permitejustificar que la obra se retrasó por “cuestiones climáticas” o “falta de insumos importados”, evitando cobrarle multas a la empresa y permite generar las Actas de neutralización con el fin dearalizar legalmente la obra para que los plazos de entrega se congelen.
Finalmente llega la “Redeterminaciones de precios” que les permite actualizar los montos del contrato original por inflación, inyectando nuevos fondos provinciales a una obra que está físicamente paralizada.
Concluyendo: para coronar el esquema y eludir las incompatibilidades legales, la empresa mutó de S.R.L. a Sociedad Anónima, pasando a denominarse EISA. Un cambio de ropaje jurídico diseñado a medida para invisibilizar a sus dueños, lo que abre un interrogante ineludible y urgente para los organismos de control: ¿Quiénes son, detrás de los prestanombres de turno, los verdaderos accionistas que hoy se benefician con los fondos públicos de Santa Cruz?”. Seguimos investigando para los próximos informes. (Agencia OPI Santa Cruz)
Digo, quiero creer que el “nuevo” tribunal de cuentas de la provincia va a intervenir inmediatamente para verificar las intervenciones del gerente daniel martinez que pudieron favorecer a la empresa de su hermano !!! porque el gobernador vidal vive diciendo que SP ERA un antro de corrupcion, asi que deberia tomar cartas en el asunto,, Pero todos sabemos que esto no va a pasar, que Daniel martinez esta ahi porque el gobernador lo APROBO , porque este gobierno es el MAS CORRUPTO que goberno Santa Cruz
Consulta: ese Dani Martinez es el mismo que le vendio el edificio m&m al sindicato de vidal??
Martinez martinez son los mismos que cobraban fortunas en ycrrt con la 240′?
La matriz energetica es en realidad LA MATRIZ DE CORRUPCION
GRACIAS OPI ESTO ES PARTE DEL OCULTAMIENTO DE ESTE GOBERNADOR QUE SE VENDIO COMO BUENO Y ANTI CORRUPCION. NO QUIERO AL KIRC HNERISMO PERO A ESTO TAMPOCO