(Por: Rubén Lasagno) – Una nota reciente publicada en un diario local titula “YCRT busca inversiones para reactivar un módulo de la Usina de 240 MW y fortalecer el sistema eléctrico de Santa Cruz” e inmediatamente aclara que “Pablo Gordillo, señaló que se requieren entre 40 y 50 millones de dólares para poner en funcionamiento el primer módulo de la central. También confirmó que existen propuestas de inversión privada y remarcó la necesidad de mejorar la infraestructura energética de la provincia”.
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Esto se produce un día después del gran corte de energía que dejó a oscuras a 4 ciudades de la provincia, incluyendo la capital; entonces ¿Es casual esta nota, el título y el contenido de la misma?. No, la nota del diario y las declaraciones del Interventor de YCRT son absolutamente funcionales a los negocios de energía que esperan algunos amigos del poder; es decir, gobierno provincial, amigos, favorecedores y socios con ramificaciones en el orden nacional e internacional.
Cuando el lector va al interior de la nota, se da cuenta que Pablo Gordillo no está informando un hecho cerrado, está administrando la percepción pública para anestesiar el impacto del remate patrimonial de la usina 240 Mw, lo cual viene “macerando” desde hace tiempo y en este mismo espacio ya lo advertí en informes anteriores.
Al instalar el número de 40 o 50 millones de dólares, en medio de una crisis de abastecimiento (el apagón), logra tres objetivos que fija el debate en el futuro inmediato y cancela el debate sobre el pasado (“dónde están los 1.500/1.700 millones de dólares que ya se gastaron“); normaliza el valor “a la baja” del complejo, dando por sentado que la usina vale poco, sin tener que defender técnica ni contablemente esa depreciación.
No olvidemos que en su momento Gordillo calculó en unos 90 millones de dólares la infraestructura civil y técnica que hay allí y costó casi dos mil millones de dólares a los argentinos y finalmente prepara el escenario “del hecho consumado”, para que cuando se anuncie a los inversores brasileños, chinos, canadienses o locales, la sociedad y la oposición política lo reciban “con resignación” como la única salida posible y no como un escándalo patrimonial que es.
Bajarle el precio para el negocio
Aquí radica la controversia sobre la valuación que hizo el interventor Pablo Gordillo antes de este anuncio y que lo expusimos extensamente en un informe anterior. Al tasar a YCRT y a la usina a la baja, el Estado Nacional está blanqueando una pérdida patrimonial gigantesca, que la pagamos todo los argentinos.
Al conformarse la nueva Sociedad Anónima Mixta, el Estado hace un reconocimiento de que la infraestructura instalada vale mucho menos que el dinero público inyectado a lo largo de los años y el o los inversores ingresarán adquiriendo un porcentaje de participación (hasta el 39%) calculado sobre este nuevo valor deprimido, usufructuando efectivamente toneladas de hormigón, turbinas y tendido eléctrico pagados por el erario público.
El gobierno y la intervención defienden este esquema argumentando que esta acción es la única manera de frenar la sangría y tal como el propio Gordillo lo ha dicho el Estado no tiene los 40 millones para terminar el módulo uno, por lo tanto, la usina de 1.500 millones seguirá siendo chatarra costosa que solo genera gastos de mantenimiento operativo. Ante eso, la propuesta es deshacerse cuando antes de todo a un precio de regalo, pero claro, nada se habla de lo que usufructuará el privado en base a los bienes del Estado que se han malgastado y robado desde el 2008 a la fecha. De hecho, acaba de salir un embargo al corrupto ex gerente de Isolux Corsan Juan Carlos De Goycochea por el rono de los fondos públicos entre 2008 y 2015 en relación a la usina 240 Mw.
Por lo tanto, en teoría, al ceder una parte al privado la ecuación más notable representaría una escenario ideal: la obra de la Usina se termina, la provincia de Santa Cruz obtiene su energía y el Estado Nacional, que retiene el 51% de las acciones, pasaría a cobrar dividendos sobre un negocio por fin en marcha, en lugar de financiar un déficit crónico. Este es “el plan ideal” y así lo presentan.
Sin embargo, el riesgo de que esto se convierta en un negocio servido para unos pocos, es muy alto.
El beneficio desproporcionado para los grupos privados ocurrirá si en la letra chica se aseguran el Gerenciamiento total, es decir, cobrar honorarios millonarios por operar y mantener una planta que no construyeron; tarifas subsidiadas a la inversa, que consiste en asegurar contratos de venta de energía a CAMMESA a precios altísimos, garantizando recuperar sus 40 millones en un corto tiempo y obteniendo rentabilidad neta por una o dos décadas como se suelen firmar estos acueros y finalmente cabría la apropiación de subproductos que operaría al beneficiarse económicamente de la sinergia con la mina, por ejemplo, si el funcionamiento de la usina facilita la exportación de carbón depurado a precio dólar, aunque el plan es hacerla funcionar a gas.
En definitiva, con el negocio propuesto y alentado por Gordillo y Vidal, el Estado asume la quiebra histórica del proyecto original para que el módulo funcione, mientras que el sector privado se sube al final del proyecto, asumiendo un riesgo mínimo, para capitalizar los rendimientos de una obra monumental. Sin duda en negocio es perfecto para algunos, para el Estado, no.
El momento y las formas
El accionar del actual Interventor Pablo Godrillo nunca fue claro, diáfano y simple en todo lo que estuvo y está relacionado al manejo de YCRT, de hecho la tasación que hizo de los bienes nunca fue publicado en detalle, aún cuando se trata de bienes públicos, que manejan como propio por la propia desidia del estado nacional a quien no le importa ni el yacimiento de Río Turbio ni la usina. En ese marco Gordillo está haciendo esta movida también de manera reservada y a espaldas de la opinión pública y así como aprovecha este momento energético deplorable de la provincia para filtrar su anuncio o preanuncio de lo que ”ya tienen cocinado”, el ocultamiento de la “letra chica” hasta que el acuerdo sea irreversible, es el núcleo del problema en la transferencia de infraestructura estratégica.
El modus operandi no es improvisado; responde a una ingeniería legal y administrativa diseñada específicamente para esquivar los controles de transparencia y neutralizar la oposición política.
Las fuentes de OPI Santa Cruz relacionadas con la ingeniería en energías fueron categóricas al describir que en los procesos de privatización o concesión de activos energéticos, este cerrojo informativo se ejecuta a través de mecanismos estructurados que ya se aplicaron en otros emprendimientos similares en el país y responden a una matriz “estandarizada” que constituye el engranaje que permite licuar el patrimonio estatal en la oscuridad, trasladando el riesgo a las cuentas públicas y garantizando el flujo de caja al capital privado.
Al transformar a YCRT en una Sociedad Anónima (aunque sea de capital mixto), la empresa cambia su marco jurídico. El Estado deja de administrarla bajo las estrictas normas del derecho administrativo (que obligan a publicar licitaciones, pliegos y adjudicaciones) y pasa a regirse por la Ley de Sociedades Comerciales y utilizan esta figura para rechazar pedidos de acceso a la información pública, argumentando que revelar los términos del acuerdo de inversión violaría el “secreto comercial” o perjudicaría la posición competitiva de la empresa frente a otros actores del mercado.
Así lo hacen
Las fuentes consultadas por OPI Santa Cruz expresaron que durante la etapa de Due Diligence, cuando los más de diez grupos empresarios que mencionó Gordillo auditan la empresa, se firman estrictos Acuerdos de No Divulgación (NDAs) o de confidencialidad.
El gobierno utiliza la existencia de estos NDAs para justificar el silencio absoluto durante la negociación. Para cuando el NDA se levante, el contrato principal ya está firmado o la Carta de Intención (LOI) es vinculante, convirtiendo el anuncio en un hecho consumado.
El anuncio público se enfoca en el “ticket de entrada” (los 40 o 50 millones de dólares para la obra), pero el verdadero negocio se esconde en contratos anexos que rara vez se publican simultáneamente.
La trampa es que anuncian el ingreso de capital con bombos y platillos, pero se ocultan los Contratos de Operación y Mantenimiento (O&M) donde el privado cobra honorarios millonarios por administrar la usina o el PPA (Power Purchase Agreement) con CAMMESA, que establece a qué precio en dólares y por cuántos años el Estado se compromete a comprarles la energía.
Finalmente y como nuestras fuentes indicaron claramente, siguiendo el modus operandi de estos negocios energéticos, para evitar que los legisladores desmenucen las condiciones, se utilizan facultades delegadas, DNUs o resoluciones ministeriales directas.
De esta manera se evita que el contrato pase por el Congreso Nacional o la Legislatura Provincial. Cuando finalmente intervienen la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) o la Auditoría General (AGN), lo hacen ex post; es decir, auditan un contrato que ya está en ejecución, cuando rescindirlo implicaría juicios multimillonarios en el CIADI o tribunales internacionales.
Este es el cierre discursivo del modus operandi. Se estira la situación de precariedad como el reciente apagón en Santa Cruz o el déficit asfixiante, hasta el límite, forzando un escenario de urgencia.
Al presentar el acuerdo firmado de manera sorpresiva, la narrativa oficial busca bloquear cualquier crítica técnica. El mensaje es binario: “O aceptamos estas condiciones que logré negociar, o la usina se cierra, se pierden los empleos y nos quedamos sin energía”. Esto obliga a la opinión pública y a los actores institucionales a tragar el paquete cerrado sin masticar.
Repito: éste es el engranaje que permite licuar el patrimonio estatal en la oscuridad, trasladando el riesgo a las cuentas públicas y garantizando el flujo de caja al capital privado; aquí está la madre del borrego y gracias al asesoramiento técnico especializado de personas con vasta experiencia en el campo de la energía, podemos desmenuzar lo que están haciendo, lo que planifican y lo que se viene.
Por esto es muy importante, seguir el discurso de personas como Gordillo, el Gobernador o algunos diputados y/o empresarios que puedan aparecer en el horizonte inmediato de la Usina 240 mw y el negocio energético en la provincia. Y aquí estaremos para saber quiénes son los oferentes, cuál es su capacidad técnica, su capital, los nombres tras las firmas de fantasías y lo intereses cruzados con los actores locales, en caso de construirse el negocio con firmas de otros países. (Agencia OPI Santa Cruz)