El Decreto 716/2026 congeló la apertura del servicio de practicaje y fijó un descuento obligatorio sobre los costos de practicaje en todos los puertos del país.
La suspensión del Decreto 690/2026 expuso la marcha atrás del Poder Ejecutivo ante la parálisis total del comercio exterior. El conflicto generado por la desregulación oficial dejó cerca de 200 buques varados en las terminales agroexportadoras e industriales. La inactividad forzada representó una sangría financiera estimada en US$ 100.000 diarios por cada embarcación detenida en las zonas de espera.
A solo siete días de publicar el marco desregulador, el Ministerio de Seguridad convocó a los prestadores para desactivar las medidas de fuerza. Las cámaras del sector rechazaron la eliminación de exigencias de ingreso que buscaban incorporar nuevos competidores al mercado. El costo operativo de los barcos detenidos obligó a la Casa Rosada a ceder en la letra chica de la normativa.
La norma oficializada restaura la vigencia plena del esquema normativo derivado de la Ley de Navegación N° 20.094. La Casa Rosada sacrificó la apertura del mercado para frenar el impacto económico directo sobre las cadenas logísticas navieras. El entendimiento obliga a los prestadores a operar de manera inmediata bajo los parámetros técnicos y de costos establecidos en el nuevo convenio.
3 claves para entender esta medida:
- El Decreto 716/2026 anula temporalmente la apertura del mercado de practicaje dictada hace una semana.
- Las empresas del sector aceptaron una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio naviero.
- La parálisis generó un perjuicio de US$ 100.000 diarios por buque a más de 200 embarcaciones.
¿Cómo afecta la suspensión de la desregulación al comercio exterior?
La derogación temporal del esquema desregulador frena el intento de rebajar costos logísticos por la vía de la competencia libre. El Gobierno pretendía eliminar barreras de entrada para nuevos prestadores de servicios de pilotaje en ríos, canales y puertos. La resistencia gremial y empresaria bloqueó los accesos navieros y amenazó con desabastecer insumos y frenar exportaciones.
La solución oficial priorizó la continuidad de la operatoria por sobre el modelo de libre mercado. El costo real para los agroexportadores e importadores es la consolidación del esquema cerrado anterior a cambio de una rebaja tarifaria directa. Esta concesión frena el sobrecosto por buque parado, pero mantiene las regulaciones históricas que el propio Ejecutivo calificó como obsoletas.
“Esta medida temporal busca mitigar la crisis del sistema y garantizar la continuidad esencial del servicio“, fundamenta el texto oficial firmado en el Boletín Oficial.
¿Quiénes integran la nueva mesa de negociación para fijar las tarifas?
El Decreto 716/2026 crea la Mesa de Trabajo en el área del Ministerio de Seguridad Nacional. Este organismo tiene el mandato de confeccionar un nuevo reglamento sustituto de la normativa derogada.
El espacio institucional reúne a funcionarios nacionales, integrantes de la Prefectura Naval Argentina, autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y referentes de las empresas de practicaje. Esta estructura debe coordinar las futuras reglas operativas antes de emitir una norma definitiva. (Agencia OPI Santa Cruz)