(Por: Rubén Lasagno) – El gobernador Claudio Vidal y la Ministra Elmiger firmaron el Decreto N° 0675/26 el 31 de julio de 2026 por el cual fue nombrado Fernando Omar Españon en un cargo inventado. Asumirá como Director General Área Técnica de Frontera dependiente de la Subsecretaría Interior de la Secretaría de Estado Gobierno e Interior, bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobierno a partir del 1° de agosto de 2026.
Historia de un delito impune
Fernando Españón enfrenta imputaciones que incluyen desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de las funciones públicas, abuso de autoridad y tres hechos de abuso sexual simple bajo modalidad coactiva o intimidatoria en contexto de relación de dependencia. A raíz de esto, el juez Jorge Yance, presidente de la Cámara en lo Criminal, solicitó formalmente a la Legislatura el desafuero de Españón en febrero de 2025 para garantizar el desarrollo del proceso judicial sin interferencias.
Un año después del pedido judicial y tras una cobertura legislativa evidente, el 19 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aceptó por 22 votos la renuncia de Españón a su cargo legislativo. Tras esta renuncia, se reportó públicamente que el ahora exlegislador debía enfrentar las investigaciones judiciales y los avances de las causas sin la inmunidad que le otorgaban los fueros.
A pesar de ello el Poder Judicial aún no ha emitido definiciones para llamarlo a juicio por las diversas causas que se le imputan y que no existe todavía ni siquiera una indagatoria.
Los motivos internos o procedimentales por los cuales el juez Yance o el sistema judicial no han acelerado el proceso desde que Españón dejó de tener fueros no están claros, pero de acuerdo a fuentes de OPI Santa Cruz estaría fundamentado en una negociación entre el gobierno de Vidal y el kirchnerismo a cambio del cual el gobernador aflojó la presión sobre el Vocal del STJ Fernando Basanta y a cambio, la justicia K desactivó la investigación/imputación/indagatoria a Fernando Españón, quien luego de que el gobierno no pudiera colocarlo como ñoqui en la empresa Santa Cruz Puede SAU, como lo anunciamos en “Las Pastillas” del domingo 12 de abril de 2026, ahora le creó un puesto en el gobierno provincial.
Las fuentes del propio gobierno, le señalaron a OPI Santa Cruz que el gobernador tomó la decisión de designarlo en este nuevo cargo público apoyándose en el hecho de que Españón aún no cuenta con un llamado a juicio ni con una condena en firme por parte de la Justicia. Y por lo que sabemos, eso nunca ocurrirá.
El by pass moral del gobernador
A esta altura nos preguntamos ¿Cómo es posible que un exlegislador, que tuvo que renunciar a su banca (aparentemente) cercado por un pedido de desafuero judicial ante gravísimas denuncias, reaparezca meses después premiado con un cargo en el Poder Ejecutivo?. Sin duda el Decreto N° 0675/26 de Vidal visibiliza una profunda incongruencia ética por parte del gobernador.
Ahora bien, yo observo que este “letargo judicial” es lo que envalentonó al gobernador a tomar la decisión de darle un cargo en la estructura de gobierno, amparado en esta suerte de “bay pass moral” que ensaya Claudio Vidal para justificar la designación de Españón. Es obvio que existe un “freno procesal” porque luego de los sucesivos pedidos de desafuero del juez Yance, una vez logrado bajar la cobertura legislativa, nada ocurrió; y entonces me pregunto ¿Qué impidió al juez Yance o al Tribunal competente avanzar con el llamado a juicio durante todos estos meses? Este “limbo judicial” es el que hoy permite la maniobra política de Vidal amparándose en la falta de acusación de tan graves delitos que deja al gobierno en una situación de complicidad extrema y justifica ampliamente su posición contra la “Ficha Limpia”.
Diferencia entre legalidad estricta y la moralidad pública
La excusa de la “falta de condena firme” que argumenta Vidal para explicar la libertad que tiene para nombrar a su amigo en un cargo público, destaca que si bien es cierto que judicialmente rige el principio de presunción de inocencia hasta que haya una condena firme, la administración pública requiere de un estándar ético mayor.
Argumentar, como lo hace el gobierno, que no estar condenado no es sinónimo de ser idóneo para manejar recursos del Estado o representar a los ciudadanos, especialmente cuando las denuncias involucran abuso de poder, abuso sexual y violencia en contextos de dependencia, es lo que políticamente se denomina “incongruencia moral”.
Tengo la sensación de que Vidal ha creado “un cargo a medida de su amigo Españón”, como la “Dirección General Área Técnica de Frontera” (creada o asignada en el Decreto N° 0675/26). Me planteo la duda razonable de si se trata de un refugio político diseñado específicamente para mantenerlo dentro de la estructura estatal con un salario del erario público o porque Vidal realmente está convencido de que Españón es inocente.
Designar a un funcionario cruzado por causas de corrupción y abuso sexual, amparándose en la lentitud de una Justicia que inexplicablemente dejó de investigarlo, envía un mensaje de impunidad a la sociedad de la cual Vidal y su gobierno necesitan en el 2027 para proseguir su aventura política y aunque el Decreto 0675/26 (Artículo 2°) aclare que Españón “no tiene estabilidad en el empleo“, el solo hecho de su nombramiento representa un revés para quienes esperan transparencia y ejemplaridad en la gestión de Claudio Vidal y reciben más de lo mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)