Los magistrados de la Sala IV desestimaron el recurso extraordinario del exfuncionario kirchnerista, ratificando la continuidad de las pesquisas sobre propiedades en Pilar y presuntos testaferros familiares no justificados.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal denegó el planteo de prescripción presentado por la defensa de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ratificando la vigencia de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Con esta resolución, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky desestimaron la vía extraordinaria intentada por el exintegrante del gabinete nacional, consolidando el curso del expediente en los tribunales federales de Comodoro Py.
En su pronunciamiento, los magistrados determinaron que la impugnación carece de viabilidad formal al no dirigirse contra una sentencia definitiva ni contra una resolución asimilable por sus efectos procesales. El tribunal de alzada remarcó que la defensa omitió refutar de manera integral los fundamentos jurídicos precedentes, incumpliendo además la carga de acreditar una vulneración concreta a los derechos federales esgrimidos en el escrito de apelación.
Baratta integró la estructura ejecutiva del área de obras y servicios públicos a lo largo de doce años ininterrumpidos, desempeñándose como la mano derecha del exministro Julio De Vido durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015. Su posición administrativa concentró el control sobre licitaciones millonarias, adjudicaciones energéticas y subsidios estatales, áreas bajo constante escrutinio en la justicia penal federal.
Las maniobras patrimoniales investigadas y las trabas periciales en el juzgado
El origen de la causa se remonta a finales de 2017, cuando una declaración prestada por Hilda Horovitz, expareja del chofer Oscar Centeno, expuso presuntos desvíos patrimoniales y abrió una línea investigativa independiente sobre los bienes del exsubsecretario. El objeto procesal apunta a determinar si Baratta incrementó de forma injustificada sus activos mediante la utilización de familiares directos como personas interpuestas para registrar propiedades de alto valor, entre las cuales figura una residencia en el Country Club Mapuche de la localidad bonaerense de Pilar, además de vehículos de alta gama e inmuebles no declarados ante los organismos tributarios.
Las actuaciones recayeron en el juzgado conducido por el juez federal Ariel Lijo, quien en 2021 dispuso convocar a Baratta a prestar declaración indagatoria para que justificara las inconsistencias en sus declaraciones juradas. La audiencia formal nunca se concretó debido a sucesivos planteos de la defensa orientados a la producción de peritajes contables sobre su evolución patrimonial, un mecanismo que desaceleró el avance del trámite instructorio durante los últimos cinco años.
La decisión de la Cámara de Casación clausura el intento de cerrar el sumario por el paso del tiempo y devuelve el expediente a la primera instancia para avanzar con la evaluación de los peritajes pendientes y la definición de la situación procesal de Baratta. (Agencia OPI Santa Cruz)