(Por: Rubén Lasagno) – En este Informe II vamos a describir el mecanismo denunciado por la diputada nacional Marcela Pagano sobre la forma en que el gobierno nacional maneja los fondos viales para comprar la voluntad de los Gobernadores a través de sus legisladores. En el primer informe extrajimos todo lo relacionado con la provincia de Santa Cruz; ahora mediante las ampliaciones de denuncias de la diputada, vamos a completar el mecanismo que utiliza el gobierno de Javier Milei para comparar las manos de los diputados y senadores provinciales, como ocurre con los diputados y senadores de Claudio Vidal.
La diputada Marcela Marina Pagano presentó una ampliación de su denuncia original ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, cuya primera parte expusimos en nuestro Informe I.
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El propósito es incorporar un análisis exhaustivo de 1.077 operaciones de pago del fideicomiso SISVIAL realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, cruzándolas metódicamente con el calendario de 35 votaciones del Congreso de la Nación.
Para demostrar el patrón, la denunciante aplicó una metodología de “ventanas de tres días” (el día previo, el día de la sesión y el día posterior) y “ventanas de sensibilidad de siete días” en torno a votaciones clave.
Hallazgos por año
El documento revela que durante los primeros cinco meses del año 2024 no hubo pagos de obra. El fideicomiso se “desbloqueó” sorpresivamente el 10 y 11 de junio 2024, concentrando $ 5.367 millones exactos en la víspera de la reñida votación de la “Ley Bases” en el Senado.
También destaca que la provincia de Misiones cobró el 100% de sus fondos anuales ($ 3.192 millones) en un solo día de diciembre, durante las negociaciones de sesiones extraordinarias.
Se confirma la coincidencia temporal de $35.474 millones pagados durante tres episodios clave (DNU del FMI, Ficha Limpia y vetos presidenciales) en el año 2025. Además, se suman nuevos descubrimientos, como pagos a Misiones justo después de la media sanción de Ficha Limpia, y transferencias masivas a Jujuy coincidentes con votaciones sensibles y la sanción del Presupuesto 2026.
Se identificaron tres “ventanas legislativas” críticas (reforma laboral, ley de glaciares y zonas frías/hojarasca) en el ejercicio 2026 (enero a mayo) donde se pagaron $ 43.786 millones.
Esto representa el 52,7% de los fondos del período ejecutados en apenas 9 días (el 6,4% del calendario de esos cinco meses), con un ritmo de pago 2,74 veces superior al resto de los días.
Durante 2026, contratistas e instituciones provinciales cobraron la casi totalidad de sus fondos exclusivamente dentro de estas ventanas legislativas: Santiago del Estero (100%), Santa Cruz (100% en un único pago) y la contratista Chediack en Jujuy (97,5%).
Algunos pagos
Ley Bases en el Senado (Junio 2024): tras seis meses sin registrar pagos, el fideicomiso se reabrió liberando $4.308 millones en la víspera de la votación. Senadores de provincias beneficiadas (como Santa Cruz, Misiones, Río Negro y Neuquén) aportaron votos afirmativos claves para el desempate.
Ausencias por Ficha Limpia (Nov-Dic 2024): cuatro diputados de Misiones se ausentaron en sesiones decisivas, provocando la caída del proyecto. Pocos días después, el 12 de diciembre, la provincia de Misiones cobró en un solo día el 100% de los fondos que recibió en todo el año ($3.192 millones).
Veto Jubilatorio (Agosto 2025): la abstención simultánea de cuatro diputados misioneros fue decisiva para sostener el veto presidencial. Durante esa misma semana, el fideicomiso concentró su mayor conglomerado de pagos del año, alcanzando los $20.983 millones.
Leyes de Glaciares y Zonas Frías (2026): la provincia de Salta percibió el 93,9% de la totalidad de sus fondos anuales exactamente en los mismos días en que se votaban estos proyectos en el Congreso.
La investigación de la diputada Pagano expone lo que la denunciante describe como un “mecanismo que se perfecciona” con el tiempo. En 2024 se observa un uso de “desbloqueo selectivo“; en 2025 el método muta hacia una “focalización territorial quirúrgica“; y en 2026 culmina en una “sincronización masiva“, donde enormes volúmenes de dinero se liberan casi exclusivamente en los días que rodean al debate de leyes vitales para el Gobierno.
Anticipación financiera y mutación de canales
El documento arroja dos conclusiones analíticas profundas sobre la dinámica de pagos. Primero, sugiere que el dinero “abre la secuencia legislativa“, ya que los desembolsos masivos ocurren antes o durante la primera votación de un paquete de leyes, disminuyendo drásticamente en las votaciones subsiguientes. Segundo, señala la adaptabilidad del mecanismo: mientras en 2025 Jujuy cobró a través de su Dirección Provincial de Vialidad, en 2026 los fondos fluyeron hacia una empresa contratista específica (Chediack) en esa misma provincia, manteniendo la misma “puntería territorial y temporal“.
El eje de la prueba penal
La denuncia reconoce que la mera coincidencia temporal no es prueba suficiente de un delito de contraprestación. Por ello, el documento que analizamos centra su estrategia procesal en solicitar una pericia contable específica: cotejar la fecha en que el certificado de obra se volvió exigible (cuando legalmente debía pagarse) contra la fecha en que el Poder Ejecutivo ordenó pagarlo. Si el gobierno nacional retuvo pagos vencidos de provincias opositoras, o adelantó pagos a provincias aliadas justo antes de una sesión, esto configuraría la prueba material de la manipulación del fideicomiso.
En función de estos hallazgos, la diputada Pagano exige a la Justicia que requiera las actas de votación de las 35 sesiones legislativas analizadas, y que obligue a la Dirección Nacional de Vialidad a entregar los certificados y expedientes exactos de los pagos más sospechosos para someterlos a peritaje.
Investigación de plata por votos
La diputada Marcela Pagano en los documentos que pudimos analizar, denuncia la utilización del fideicomiso de obra pública vial (SISVIAL) como una herramienta de negociación política.
La hipótesis es que el Poder Ejecutivo Nacional administró de forma discrecional la liberación de fondos millonarios para presionar o premiar a gobernadores, a cambio de que los legisladores de esas provincias aportaran votos, abstenciones o ausencias en sesiones determinantes del Congreso Nacional (ej. Ley Bases, Ficha Limpia, DNU del FMI y vetos presidenciales).
El Mecanismo: Retención y “Ventanas Legislativas”
El gobierno habría retenido de manera deliberada el pago de certificados de obra que ya eran exigibles legalmente (lo que además genera un perjuicio al Estado por el pago de intereses moratorios) para liberarlos estratégicamente. En la ampliación que hizo la legisladora, se demuestra estadísticamente que los pagos se concentraron en “ventanas legislativas” de tres días (el día previo, el día de la sesión y el día posterior). Este mecanismo se fue perfeccionando.
En 2024 se retuvieron fondos por cinco meses y se liberaron masivamente el día En el 2025 se dirigieron pagos a provincias específicas (como Jujuy y Santa Cruz) en fechas exactas donde sus legisladores resultaron clave para el oficialismo.
En el 2026 52,7% de todos los fondos pagados entre enero y mayo se liberaron en apenas 9 días que coincidieron con tres debates legislativos cruciales.
Paralelismo con la Causa “Vialidad”
La denuncia se sostiene jurídicamente en la jurisprudencia de la Causa “Vialidad” (por la que fue condenada la ex presidente Cristina Fernández). Pagano argumenta en este punto que el actual gobierno utiliza exactamente el mismo fideicomiso (creado por el Decreto 976/2001) y el mismo esquema de discrecionalidad administrativa, pero cambiando el objetivo final: en lugar de enriquecer a un empresario amigo, se busca construir mayorías parlamentarias.
Opacidad y Confesión Oficial
En el informe se subraya que el gobierno nacional ocultó sistemáticamente la información financiera del fideicomiso, obligando a la denunciante a recurrir a la Agencia de Acceso a la Información Pública y a la Justicia para obtener los documentos. Además, se señala que el propio vocero presidencial admitió públicamente que los fondos viales se utilizan para lograr el “equilibrio fiscal”, lo que confirmaría el delito de malversación al desviar fondos que tienen una afectación legal específica (obras viales).
La prueba clave solicitada
Reconociendo que la coincidencia temporal no es un delito por sí sola, la denuncia de Pagano exige como prueba fundamental una pericia contable exhaustiva. El objetivo es cruzar la fecha en la que el certificado de obra debía pagarse legalmente (exigibilidad) contra la fecha en la que el gobierno ordenó pagarlo. Esto permitiría probar de manera irrefutable si los pagos fueron retenidos artificialmente o adelantados como moneda de cambio. Los delitos imputados incluyen administración fraudulenta, cohecho, dádivas, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública.
A nivel cuantitativo, la denuncia expone la siguiente magnitud de los fondos administrados entre enero de 2024 y mayo de 2026:
| Concepto Analizado | Monto / Porcentaje |
| Pagos totales del fideicomiso | $403.310 millones |
| Fondos recibidos por las 13 provincias analizadas | $210.983 millones |
| Concentración de pagos en ventanas de tres días | 32,2% ($68.042 millones) |
| Concentración de pagos en banda de ±3 días | 45,0% ($94.929 millones) |
| Concentración específica del año 2026 en ventanas | 64,4% del total anual |
El documento expone una hipótesis de “toma y daca” institucionalizado, donde el dinero público no se dirige al patrimonio personal del legislador (al menos no es eso lo que se discute aquí), sino a las direcciones de vialidad o contratistas de su provincia de origen. Esta triangulación sugiere que el Poder Ejecutivo utiliza los recursos del Estado como herramienta de disciplinamiento y negociación directa con los gobernadores, quienes a su vez instruyen el comportamiento de sus bloques en el Congreso. (Agencia OPI Santa Cruz)