(Por: Rubén Lasagno) – Mientras la Justicia federal los investiga por su rol en el lavado de fondos millonarios de la política a través de estructuras en el exterior, los hermanos Daniel y Rubén Llaneza bajaron las persianas de su cadena farmacéutica. El derrumbe de una firma insignia que deja a 200 familias en la calle y expone la contradicción de un grupo empresarial enriquecido al amparo del poder que hoy declara estar en la quiebra.
El intempestivo cese de actividades de la cadena Autofarma en Santa Cruz y Tierra del Fuego no constituye un simple episodio de asfixia financiera por retrasos en los pagos de las obras sociales del Estado, detrás del desabastecimiento progresivo de medicamentos, los salarios fraccionados y el abandono de dos centenares de trabajadores, subyace la trayectoria de un emporio económico cuyos titulares, Leonardo Daniel y Rubén Horacio Llaneza, edificaron un entramado patrimonial que excede con creces la rentabilidad de los mostradores patagónicos.
Con propiedades en el extranjero, firmas radicadas en guaridas fiscales y procesamientos por haber operado presuntamente como un engranaje clave en el lavado de divisas de la obra pública y la corrupción nacional, la caída del Grupo Llaneza revela el patrón clásico de una estructura que acumuló divisas en el exterior mientras licuaba sus compromisos básicos en el terreno local.
Podríamos hablar de millonarios offshore, “fundidos” en Santa Cruz y decir que mientras los “empresarios” cuentan sus dólares en las cuentas offshore las deudas en dólares que acumulan, las proponen pagar en cuotas porque han transitado sin prisa pero sin pausa desde la Causa Cuadernos a la quiebra sin solución de continuidad y la paradoja revela que las propiedades en Miami de los hermanos, contrasta con las 190 familias que dejó en la calle este “grupo” que como todo lo concerniente a la corrupción kirchnerista, se vanagloriaba de nombres pomposos y detrás de la cáscara, subyacía el robo, el saqueo de fondos públicos y el disimulo asqueroso de la corrupción más vil
El perfil de los hermanos Daniel (Leonardo Daniel) y Rubén Horacio Llaneza, propietarios del Grupo Llaneza y la cadena Autofarma, está marcado por dos caras muy contrastantes: por un lado, una expansión empresarial patagónica vinculada a fortunas en el exterior e investigaciones por lavado de dinero; por el otro, la quiebra y cierre de la empresa que dejó a santacruceños en la calle.
Ascenso y la “Causa Cuadernos”
La historia de los Llaneza dio un salto exponencial a principios de los años 2000. Su cadena, originada en Río Gallegos, logró expandirse hasta contar con 22 sucursales en toda la Patagonia y más de 240 empleados. Gran parte de este salto estuvo estrechamente vinculado a un amigo de la infancia: Carlos Temístocles Cortez, quien ingresó como gerente al grupo y fue una pieza clave en la expansión.
La figura de los hermanos Llaneza cobró notoriedad nacional cuando la Justicia federal los investigó en el marco de la “Causa Cuadernos” por presunto lavado de dinero. Según el requerimiento fiscal, cuyo pedido de elevación a juicio fue solicitado por el fiscal Carlos Stornelli en febrero de 2026, el Grupo Llaneza/Autofarma habría sido utilizado para ingresar al circuito legal fondos de origen ilícito.
La investigación de la causa apuntó a que Daniel Muñoz y su esposa Carolina Pochetti utilizaron a Cortez como testaferro para lavar aproximadamente 8,5 millones de dólares en el negocio farmacéutico.
Fue Cortez quien declaró ante el juez que en 2010 Muñoz y su esposa compraron el 50% de tres de las sociedades del grupo por 3 millones de dólares, operación de la cual, según sus dichos y los del contador Víctor Manzanares, los Llaneza estaban en pleno conocimiento.
Fortunas offshore
El nivel de riqueza acumulado por los hermanos Llaneza quedó expuesto cuando la Justicia analizó su situación patrimonial parte de la cual fue sincerada en el blanqueo de capitales facilitada por el gobierno nacional; allí Leonardo Daniel Llaneza declaró bienes en Estados Unidos por más de $28 millones de pesos (al valor de la época), siendo Carlos Cortez titular conjunto de los mismos fondos. Además, declaró participación accionaria compartida con Cortez en 11 sociedades, más de $12 millones en tres cuentas en EE.UU. y el 50% de la firma offshore New Dreams Llc.
En tanto Rubén Horacio Llaneza declaró una propiedad en Punta del Este valuada en más de $9 millones, participación societaria por más de $31 millones y la titularidad del 100% de la firma Yusel Enterprises Inc., adquirida en 2016.
El colapso de Autofarma
A pesar del millonario entramado financiero en el extranjero, a nivel local la situación de Autofarma colapsó en los últimos meses. Desde principios de 2026, la cadena comenzó a pagar los sueldos en cuotas (15%, 20% o 35%) y dejó de comprar medicamentos a las droguerías, generando un desabastecimiento total en las sucursales.
El 14 de agosto de 2026, los hermanos Llaneza confirmaron oficialmente el cierre total de las sucursales en Santa Cruz tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo, dejando a 190 familias sin empleo y con meses de salarios y aguinaldos adeudados.
La justificación de los Llaneza fue responsabilizar exclusivamente a una enorme deuda que mantendría con ellos la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), lo que, según aseguraron en los medios, cortó la cadena de pagos e hizo la situación “insostenible”.
Ese mismo viernes, Daniel y Rubén Llaneza fueron interceptados caminando por el centro de Río Gallegos y algunos medios registraron a los trabajadores quebrados en llanto los seguían en la calle gritándoles “¡Ladrones!” y “Se cargaron una empresa con 190 familias”.
La respuesta de uno de ellos (Daniel Llaneza) visiblemente incómodo ante la desesperación de los empleados despedidos fue escueta: “Estoy fundido. Siempre pagué los sueldos… estoy tratando de cobrarle a OSEF para pagarle a todos“.
No son “empresarios”, son “lavadores”
El cierre definitivo de las sucursales de Autofarma trasciende la crónica de una simple quiebra comercial para convertirse en la autopsia de un modelo.
Durante años, la retórica del kirchnerismo ensalzó a figuras como los hermanos Llaneza bajo el pomposo título de “exitosos inversores santacruceños“, un eufemismo discursivo destinado a legitimar la expansión de fortunas inexplicables. Sin embargo, el peso de los expedientes judiciales y el desamparo de casi doscientas familias desocupadas exponen hoy la verdadera naturaleza de su capital como en entre noviembre de 2016 y enero de 2016 Austral Construcciones SA dejó a 2.800 trabajadores en la calle, todo informativamente cubierto por OPI Santa Cruz en esos momentos.
Al igual que ocurrió en ese momento con la matriz cartelizada de Lázaro Báez, los dueños de Autofarma nunca ejercieron el verdadero rol del empresariado, aquel que arriesga, produce, compite y sostiene el empleo genuino, por el contrario, operaron como meros engranajes logísticos para el lavado y la recirculación de los dividendos de la corrupción. Es en honor a esta verdad que en OPI Santa Cruz jamás llamamos “empresarios” a estos delincuentes que simulaban dar trabajo pero en realidad eran testaferros del poder que acumulaba fondos robados al Esztado, es decir, a todos nosotros.
Y así volvió a pasar con los dueños de Autofarma, como pasó con Lázaro Báez, cuando el flujo del dinero oscuro se interrumpió, la fachada corporativa se desmoronó por su propio peso operativo.
Hoy, el saldo de su paso por Santa Cruz no es el de “empresarios fundidos” por la coyuntura, como en algunos medios titulan e infieren, sino el de lavadores de fondos al descubierto, actores que aseguran no tener flujo de caja para pagar salarios básicos, mientras resguardan el botín en sociedades offshore y cuentas en dólares. El fin de Autofarma es, en definitiva, la caída de una escenografía que deja a la vista el cinismo más brutal de una época donde el poder asoló las arcas del Estado en aquella cadena de plata denominada por el propio kirchnerismo: “Nación-Provincia-Municipios”. (Agencia OPI Santa Cruz)