El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto para eliminar la figura de femicidio del Código Penal Argentino. Según explicó el funcionario, la medida busca “defender la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional“.
La tipificación del femicidio como agravante fue incorporada al Código Penal en 2012, mediante la Ley 26.791, con el objetivo de reconocer y sancionar los crímenes cometidos contra mujeres por razones de género. Sin embargo, Cúneo Libarona sostuvo que “ninguna vida vale más que otra” y calificó al feminismo como “una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios“.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio denominado “Igualdad ante la Ley“, que busca derogar varias leyes y políticas de género consideradas por la administración libertaria como “discriminación positiva“. Entre las normativas apuntadas se encuentran la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), algunos aspectos de la Ley Micaela (Nº 27.499), el DNI no binario, la Ley de Cupo Laboral Trans (Nº 27.636) y la Ley de Paridad Electoral (Nº 27.412).
En su defensa, el ministro afirmó: “Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto“. Además, acusó al feminismo de utilizar a las mujeres “para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre“.
El proyecto también busca responder a las declaraciones del presidente Milei, quien en reiteradas ocasiones ha cuestionado el feminismo y las políticas de género. Durante su intervención en Davos, Milei afirmó que “las feministas no se quejan de que la mayoría de los presos, los plomeros y los muertos en las guerras son hombres“.
No obstante, la propuesta ha generado fuertes críticas desde distintos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, que recuerdan las alarmantes cifras de violencia de género en el país. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 255 femicidios, lo que equivale a una mujer asesinada por razones de género cada 29 horas.
A pesar de estas estadísticas, desde el Gobierno consideran que las desigualdades históricas ya han sido saldadas y que “el Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría“. La propuesta, liderada por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el asesor presidencial Santiago Caputo, busca reformar el marco jurídico bajo el principio de igualdad ante la ley, dejando atrás lo que definen como “privilegios sectoriales“. (Agencia OPI Santa Cruz)
Bien en concordncia con el pensamiento del misógino y practicante de incesto de Javier Milei
ESTE PERSONAJE NO ERA QUE TENIA SUU OFICINA EN EUA. Y DE ALLI, PASABA ORDENES A LA OF ,EN ARGENTINAAA.