La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) denunció al Gobierno argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que se vulneran normas internacionales sobre libertad sindical y derecho a huelga. La presentación formal ante el organismo internacional se da en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que redefine el alcance de los servicios esenciales en el país e impone mayores restricciones a las protestas laborales.
El gremio que conduce Pablo Biró sostiene que la nueva normativa implica un retroceso en materia de derechos laborales al establecer la obligatoriedad de garantizar entre un 50% y un 75% del funcionamiento normal en sectores declarados esenciales, aun durante conflictos gremiales. Entre los rubros afectados se encuentra el transporte aerocomercial, que deberá mantener un 75% de operatividad en caso de medidas de fuerza, una disposición que APLA considera directamente violatoria del derecho constitucional a huelga.
Desde el sindicato señalaron que este nuevo decreto replica disposiciones incluidas previamente en el DNU 70/2023, actualmente suspendido por la Justicia y a la espera de una decisión definitiva por parte de la Corte Suprema. “El Gobierno vuelve a intentar condicionar el ejercicio de la huelga, estableciendo servicios mínimos, repitiendo el texto de un decreto ya declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo”, denunció APLA en un comunicado oficial.
La organización sindical recordó que en 2023, durante un conflicto con gremios aeronáuticos, el Ejecutivo ya había intentado limitar una medida de fuerza mediante otro decreto, el cual también fue frenado por la Justicia tras una presentación realizada por la propia APLA. En esa línea, denunciaron que esta nueva avanzada normativa constituye un nuevo intento de restringir derechos laborales consagrados a nivel nacional e internacional.
Asimismo, APLA expresó su rechazo al decreto 338/2024, en el cual el Gobierno eliminó la exigencia de que las operaciones aerocomerciales en el país cuenten con tripulaciones, mantenimiento y servicios de asistencia realizados por personal argentino. La medida, según el gremio, afecta directamente la soberanía aeronáutica y pone en riesgo fuentes de trabajo nacionales en un sector estratégico.
“Lejos de avanzar en libertad, retrocedemos en derechos, equidad y principalmente en puestos de trabajo para los aeronáuticos”, afirmó el sindicato, que advirtió que adoptará “todas las medidas legales y sindicales que sean necesarias para revertir esta situación”, en coordinación con otros gremios del transporte. (Agencia OPI Santa Cruz)