(Por: Rubén Lasagno) – En El Calafate, la noticia cayó como una bomba que unió en el reclamo a sectores históricamente diversos. El motivo es doble: ecológico y de supervivencia económica. La reserva provincial fue creada en 2003, tras diez años de reclamos locales, precisamente para impedir que el pernocte se trasladara frente al glaciar, vaciando de contenido y trabajo a la villa turística.
La respuesta más contundente provino de la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC), que apeló a la ironía para desnudar la desconexión del Ejecutivo provincial con la crisis que atraviesa el sector: “Mientras El Calafate pelea por sostener ocupación, estadía y márgenes básicos de rentabilidad, se anuncia el desembarco de un nuevo gigante hotelero en un territorio ambientalmente sensible. Porque, claro… si tenemos dificultades para llenar las camas que ya existen, la solución debe ser construir muchas más. ¿Qué podría salir mal?” señala la Asociación.
Desde la entidad empresaria advirtieron que no se quedarán “de brazos cruzados mientras deciden el futuro de nuestra región desde un escritorio” y lanzaron un interrogante que resume el malestar social: “¿Queremos desarrollar la Patagonia, o simplemente rematarla por partes?”. Además, subrayaron un concepto clave frente a la visión extractivista del territorio: “Que el parque provincial no tenga edificios no significa que no tenga valor. Precisamente ahí está su valor”.
En la misma sintonía se pronunció la Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC), que calificó la medida como “vergonzosa e inaceptable”. Los profesionales del sector repudiaron que se promueva la venta de áreas protegidas a capitales extranjeros de forma arbitraria y exigieron la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo. “¿Qué tipo de desarrollo turístico sustentable se pretende si no hay consulta ni participación previa ni información suficiente al pueblo aledaño afectado?”, cuestionaron.
Por su parte, Oscar Bellini, exguardaparque, exdiputado por el municipio y uno de los históricos redactores de la protección sobre la península, cruzó directamente al mandatario provincial y dijo “Está poniendo en riesgo una protección de más de 60 años. Usted no descubrió una oportunidad de desarrollo que nadie había visto; desde la década de 1960 capitales nacionales y extranjeros han querido construir hoteles frente al glaciar Perito Moreno. No queremos promesas vagas de ‘sustentabilidad’. Queremos el decreto, el expediente completo, los planos y los estudios ambientales”.
Estudio fantasma y la rebelión legislativa
Uno de los puntos más oscuros del Decreto 915/2026 es la afirmación oficial de que el proyecto, tramitado originalmente bajo el expediente CAP-N° 495.894/23 por Lacustre del Sud S.A. y categorizado en 2024 como de “Mediano Impacto Ambiental”, ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada.
Sin embargo, nadie en la localidad conoce cómo se aprobó ese estudio ni qué contempla en materia de tala de bosque nativo, apertura de caminos, captación de agua, demanda energética o tratamiento de efluentes cloacales a metros del Lago Argentino. De hecho, tanto ACATEC como el diputado calafateño Carlos Alegría revelaron que ya en junio de 2026 habían enviado pedidos formales de información al Consejo Agrario Provincial (CAP), autoridad de aplicación de la reserva, sin recibir una sola respuesta. En el Concejo Deliberante local, el edil Leonardo Mardones también alzó la voz para denunciar que la comunidad de El Calafate fue completamente excluida del proceso de evaluación ambiental.
El blindaje informativo terminó por agotar la paciencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, incluidos los propios aliados del oficialismo. En una sesión de alto voltaje político celebrada este jueves, los 18 legisladores presentes aprobaron por unanimidad un pedido de informes perentorio para que el Poder Ejecutivo remita en un plazo de 48 horas el expediente completo, los dictámenes jurídicos, las actas del Consejo Agrario y los estudios técnicos que respaldaron el decreto.
El diputado Carlos Godoy fue más allá y le exigió públicamente a Vidal que “se abstenga de avanzar con cualquier otra operación vinculada con esas tierras” hasta que la Legislatura audite los papeles y se convoque a una audiencia pública donde la ciudadanía pueda expresarse.
El peligro del “por única vez”
El Gobierno provincial intenta defender la maniobra asegurando en la letra chica del decreto que la autorización de venta no exime a los desarrolladores de cumplir con las Leyes Provinciales N° 3466 y N° 2658 ni con el Plan de Manejo de la Península de Magallanes, un instrumento que la provincia recién aprobó en 2022 tras un revés judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero el argumento oficial hace agua por su propia base cuando el Estado utiliza la lapicera del gobernador para fabricar una excepción a medida de un grupo económico extranjero, la regla deja de ser la conservación y pasa a ser el lobby.
En un territorio donde la naturaleza intacta es el único capital irreemplazable, gobernar por decreto y a espaldas de la sociedad no parece el camino hacia el desarrollo, sino la antesala de un daño ambiental y económico irreversible.
Dicho todo esto, no es menos importante hacernos la siguiente pregunta ¡Quién hace buenos negocios con este mal negocio para Santa Cruz? ¿Tiene el gobernador Vidal algún interés particular que este negocio se haga si o si? E ser así ¿Cómo puede ser que el Poder habilite a quien lo detente a hacer y deshacer con el patrimonio provincial, sin la menor contención ni límite? (Agencia OPI Santa Cruz)