La Fiscalía federal imputará al mandatario depuesto y a su cónyuge por abusos físicos contra más de una docena de detenidos norteamericanos recluidos en prisiones de los servicios de inteligencia de Caracas.
Los fiscales de Nueva York formularán una nueva imputación penal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su cónyuge, Cilia Flores, por delitos de tortura perpetrados contra ciudadanos de Estados Unidos que permanecieron bajo custodia penitenciaria durante su administración gubernamental.
Acusaciones formales en los tribunales de Manhattan
La presentación judicial podría formalizarse este jueves ante los tribunales federales, según revelaron fuentes vinculadas a la investigación a la cadena CNN. Las imputaciones abarcan la privación ilegítima de la libertad de más de una docena de estadounidenses en cárceles venezolanas durante el período en el cual Maduro ejerció el mando institucional entre los años 2013-2016, además de evaluar cargos adicionales contra otros funcionarios involucrados en las agresiones.
El matrimonio presidencial permanece bajo detención preventiva sin derecho a fianza en la sede penal de Nueva York, tras ser aprehendido el 3 de enero mediante una incursión militar de fuerzas armadas norteamericanas en el palacio presidencial de Caracas. Ambos acusados rechazaron previamente los cargos federales por conspiración para el narcoterrorismo y delitos conexos al declararse inocentes. La defensa legal de Flores tiene previsto solicitar ante el tribunal la concesión de arresto domiciliario a la espera de la apertura del juicio oral.
Documentación de tratos crueles y el informe de la ONU
Las denuncias incorporadas al expediente detallan vejaciones físicas contra prisioneros utilizados como rehenes de presión diplomática. Los ciudadanos Matthew Heath, excombatiente de los Marines estadounidenses que intentó quitarse la vida en cautiverio, y Osman Khan, ambos liberados en un canje de prisioneros pactado en octubre de 2022, documentaron en una demanda judicial la aplicación de descargas eléctricas, aislamiento forzado, amenazas de abuso sexual, suministro forzoso de fármacos psicoactivos y simulacros de ahogamiento.
A estos testimonios se suman los expedientes del grupo conocido como los CITGO 6, integrado por seis directivos de la industria petrolera capturados en 2017 y confinados durante casi cinco años. Los exreclusos Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano denunciaron tormentos físicos durante su reclusión en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Un informe oficial emitido por la Organización de las Naciones Unidas determinó que la DGCIM actuó como un organismo “responsable de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas contra opositores políticos y sus familiares”. La investigación multilateral concluyó que el cuerpo represivo “recurría sistemáticamente” a tormentos que incluían “descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, golpizas, violencia sexual, privación de agua y alimentos, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas” con el propósito documentado de “extraer información y confesiones, intimidar y castigar a los detenidos”. (Agencia OPI Santa Cruz)
