28/12 – 07:00 – Nunca el juez federal Norberto Oyarbide pensó en investigar en serio si Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Kirchner se habían enriquecido de manera ilícita. No es sólo una presunción. Se trata de una certeza basada en hechos verificables. (Por Luis Majul – La Nación)
El primer antecedente es que el magistrado rechazó como querellante a Enrique Peragini, el abogado que presentó la denuncia. Así, le impidió obtener datos sobre la causa y eventualmente, apelar.
El segundo, es que sí aceptó como perito de parte a Víctor Manzanares, el contador del sospechado Kirchner. Muchos interpretaron esta decisión como un anticipo del sobreseimiento. De otra manera, no se entendería como el juez podría autorizar como perito de parte al profesional que habría ayudado al ex presidente a cometer el supuesto delito. Es más: si Oyarbide hubiera prestado atención a la denuncia de Ricardo Monners Sans, habría confirmado que Manzanares fue ayudado a “corregir las inconsistencias conceptuales” de la declaración jurada de su cliente, por tres altos directivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que viajaron desde Buenos Aires hasta Río Gallegos especialmente para eso, el martes 23 de abril de 2009. Monners Sans se presentó en los tribunales después de leer la denuncia en El Dueño . Eso fue el 7 de noviembre pasado, y todavía nadie la desmintió.
El tercer dato que prueba que Oyarbide nunca tuvo voluntad de investigar el incremento patrimonial del matrimonio presidencial es que al mismo tiempo que convalidó a Manzanares rechazó como perito a Alfredo Popritkin, uno de los auditores contables más experimentados y prestigiosos de la Argentina. Es decir: todo lo contrario de lo que representa el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema, cuyos miembros decretaron que el enriquecimiento de Kirchner de 2007 a 2008 estaba plenamente justificado.
El ex presidente se quejó por las críticas que generó su polémico y urgente sobreseimiento. Dijo que no podía ser que sólo se aplaudieran los fallos que le gustan a la oposición. Pero el verdadero problema no es el fallo. El problema es que los peritos se limitaron a legitimar la declaración jurada de Kirchner sin el mínimo respaldo documental. Y, además, sin tomar ninguna declaración testimonial para confirmar o desmentir lo que el ex mandatario juró que posee.
La primera vez que Kirchner fue denunciado por enriquecimiento ilícito fue durante 2004. La investigación se “cayó” porque el entonces fiscal de la causa, Eduardo Taiano, entendió que el entonces presidente no merecía ser “imputado”. Pocas horas antes de semejante decisión, el hijo de Taiano sufrió un secuestro exprés. El fiscal se asustó, y el juez Julián Ercolini sobreseyó al jefe del Estado. Ercolini se cuidó de aclarar que el período investigado llegaba hasta 2004. Es decir: dejó el camino expedito para nuevas denuncias.
Monners Sanz la hizo. Pidió que investigaran a Kirchner por la sospechosa multiplicación de su fortuna entre 2006 y 2007. El fiscal Taiano tuvo así su segunda gran oportunidad. Pero, una vez más, no encontró méritos suficientes para seguir investigando. El juez de esta causa es Rodolfo Canicoba Corral.
Canicoba encontró en el dictamen de Taiano la excusa perfecta. El 11 de abril de 2008 escribió que le era imposible avanzar en el juicio porque su fiscal no había encontrado los elementos suficientes para hacerlo. Cinco días después, Manuel Garrido, el fiscal de Investigaciones Administrativas, que había impulsado la acción de Monners Sans, se indignó y presentó un recurso de apelación para que no se desestimara la denuncia contra Kirchner.
La queja de Garrido contra Taiano y Canicoba fue muy potente. Calificó la desestimación de “prematura e irrazonable”. Los acusó de haber dado por fehacientes las declaraciones de Kirchner y Manzanares sin cruzar datos ni investigar lo mínimo. También informó que faltaba el número de CUIT de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Explicó que los comprobantes de órdenes de pago emitidos por Juan Carlos Relats, el hombre que le paga el alquiler del hotel Los Sauces a Kirchner, carecían de datos básicos como la modalidad de pago. Denunció que el ex presidente no había presentado las escrituras de compra y venta de inmuebles, ni los comprobantes de las transacciones bancarias, ni de las rentas por inversiones y los pagos de los alquiles de los inmuebles. Garrido, además, libró una serie de oficios a Santa Cruz para corroborar datos dudosos de la declaración jurada de Kirchner.
Los datos no llegaron, pero de inmediato Esteban Righi, procurador general, limitó las funciones de la Fiscalía y ató de pies y manos al investigador. Garrido renunció meses después y se declaró agotado de luchar frente a la corrupción porque los delincuentes gozaban de la protección del poder. De cualquier modo, su persistencia y un dictamen de los jueces de la Cámara Federal hicieron que la causa permaneciera abierta, suspendida, a la espera de que el fiscal o el juez decidan reactivarla.
No hay que ser experto en auditorías contables para concluir que la pericia en la que se basó Oyarbide para sobreseer a Kirchner está “contaminada” por la misma falta de celo para investigar y el mismo apuro que habrían mostrado Taiano y Canicoba.
El fiscal Taiano tiene tiempo hasta hoy, Día de los Inocentes, a las 9.30 de la mañana, para apelar el sobreseimiento dictado por Oyarbide y reclamar que no se cierre la causa. Los antecedentes parecen anticipar que la dejará caer, como lo hizo en otras oportunidades.
Quienes lo conocen afirman que el fiscal viviría mucho más tranquilo si el destino no lo hubiera colocado en la misma encrucijada. (La Nación/OPI Santa Cruz)
