29/12 – 09:00 – La Municipalidad de Caleta Olivia ya tiene muchas denuncias públicas por parte de ciudadanos, sobre la mala administración que lleva adelante y la adjudicación “por acomodo” de los planes de viviendas que debería entregar el IDUV. El fenómeno de la usurpación ha proliferado creando barrios y asentamientos que son respuestas a la falta de control y de gestión que le asignan a Fernando Cotillo. Aquí planteamos una de las caras más perversas de esta crisis que lleva a enfrentar pobres contra pobres y la proliferación del delito de ocupación ilegal de inmuebles públicos o privados.
El martes pasado, el Ejecutivo municipal de Caleta Olivia hizo gala, en todos los medios, con la entrega de setenta viviendas a trabajadores de la salud. Vale destacar que estos planes habitacionales iban a ser entregadas hace un largo tiempo y era materia adeudada por parte del Intendente Cotillo.
Las fuentes de esta Agencia sostienen que con gran sorpresa se encontraron los distintos profesionales caletenses cuando se dieron cuenta que muchos de los adjudicatarios no eran trabajadores del sector de salud, sino particulares que forman parte de las muchas promesas sin cumplir del intendente local.
Sin embargo esto no es todo, el ejecutivo está denunciado de prometer viviendas a personas que les hayan hecho campaña política, favores varios y amigos de sus amigos.
Se supone que el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) se debería encargar de adecuar y confeccionar los listados (que por cierto los realizan en la municipalidad) de la gente con condiciones sociales menos favorables y que con más urgencia necesiten una vivienda.
Dentro del recinto municipal nadie se pregunta si los caletenses que no tienen vivienda deben costear altos alquileres con familias numerosas y en muy malas condiciones. En Caleta Olivia la renta de una vivienda para una familia tipo no baja de los 2500 pesos mensuales y muchas personas no logran ganar ese dinero todos los meses debido a la mala situación por la que pasa en general toda la provincia de Santa Cruz.
¿Quién maneja los listados?
Uno de los encargados de confeccionar los listados de gente “por acomodo” es el cuñado del intendente Cotillo, el Secretario de Desarrollo “Humano”, Juan José Naves.
Según varias denuncias de vecinos que están por ser “adjudicados” con una vivienda, el señor Naves maneja muchas cosas dentro del Ejecutivo con total discrecionalidad, entre ellas la adjudicación de viviendas.
“Estuve un año rogándole a Naves para que me acomode en un listado porque ya desde el IDUV me decían que ellos no podían hacer nada dado que Cotillo se encargaba de meter a quien le parecía en lo listados y de vez en cuando alguno que esté esperando hace mucho tiempo como para no tener problemas….” le confió una mujer desesperada por el problema habitacional a nuestro cronista.
“Yo estuve cinco años esperando que el IDUV me adjudique una vivienda, nací y me crié en Caleta. Un día me enojé mucho por la larga espera. Desde el IDUV me decían que el listado lo manejaba la municipalidad así que fui allá y pregunté sobre esto, en un tono elevado de voz, tanto mío, por la impotencia que me da que mis hijos no tengan un hogar, como de ellos; me dijeron que no me la iban adjudicar nunca mientras estén ellos….lo único que pude hacer es llorar, irme y seguir trabajando para que, por lo menos mi familia tenga algo para comer…” concluyó.
Es de público conocimiento que el intendente Cotillo junto a su gabinete hizo entrega, hace ya un tiempo, de parcelas y viviendas hechas por cooperativas, a empresas de medios de comunicación, que por cierto les hacen propaganda todo el año. Estas empresas son de prensa grafica y audiovisual.
Esto no es todo….
El gran problema habitacional que tiene la ciudad de Caleta Olivia genera un conflicto que termina siendo una lucha de pobres contra pobres.
En el momento que la Secretaría de Planificación adjudica un terreno (obviamente después de pelear mínimamente tres años) da un plazo de noventa días para construir o tener en el terreno (de la manera que sea) algo hecho.
Si una persona está esperando una vivienda por cooperativa nunca sabrá exactamente cuándo le será adjudicada; por otro lado tiene la gran posibilidad de que la Municipalidad de Caleta Olivia le saque el terreno y, así perder la parcela de tierra que tenia.
Esto genera mucha contradicción entre el IDUV y la Municipalidad y el gran conflicto desemboca en la usurpacion.
Muchos ciudadanos cansados de esperar y de no tener respuestas a sus pedidos de viviendas o terrenos toman la decisión (ilegal) de usurpar tierras fiscales o viviendas próximas a adjudicarse. Los que esperaron y están por tener el sueño de la vivienda propia se quedan sin vivienda y los que usurparon son hostigados, muchas veces por los propietarios o por la policía. En definitiva nadie se hace responsable y el Estado, que es el encargado de otorgar viviendas a quien más lo necesite, da la espalda al pueblo y se desentiende de toda situación.
Caleta Olivia ya tiene barrios hechos por terrenos usurpados. Hay gente que piensa que el que usurpa por necesidad no es un delincuente, pero la cuestión es que siempre las fallas que detonan este fenómeno, vienen desde la mala administración del Estado.
Los barrios con más terrenos y casas usurpadas en Caleta Olivia son: el 17 de octubre, 3 de Febrero, Vista Hermosa II, Rotary 23 y 120 viviendas. Se supone que este año se reactivará la construcción y por ende, la entrega de viviendas; pero mientras tanto las personas deben vivir inseguras o terminar peleando con su vecino por un pedazo de tierra.
El fenómeno a nivel nacional
Según datos oficiales, en el país hay un déficit de dos millones de viviendas. Las cifras de personas que no tienen acceso a la vivienda es imposible darla con exactitud, porque el último censo se realizó hace más de diez años y porque las cifras del Gobierno nacional que miden la pobreza son falaces.
El fenómeno de ocupación de terrenos se ha transformado en una práctica cada vez más habitual. No importa si pertenecen al Estado o a un particular, lo cierto es que cada vez más gente, ante la falta de una vivienda, se ubica en tierras ajenas para construirse una casilla. ¿Hay otra salida? preguntan los usurpadores, y ellos mismos dan la respuesta: los terrenos son carísimos, los alquileres también, y los planes de vivienda que lanza el Gobierno no llegan a cubrir la demanda habitacional. Este delito ha llegado a tener justificación en boca de sus ejecutores y el Estado (que se siente totalmente culpable) no actúa por miedo a las consecuencias políticas y sociales que acarrrea el desalojo y la supresión de los asentamientos.
La disponibilidad de tierras para loteos sociales es cada vez menor, así como la demanda en este sentido ha aumentado en los últimos tiempos, dándose un pico en la crisis de los años 2000 y 2001.
La ley 8.912, que regula los requisitos a cumplir en materia de servicios para realizar un loteo, hace que sea cada vez más oneroso y menos rentable llevar adelante una iniciativa de este tipo, con lo cual disponer de terrenos destinados a las familias de menos recursos se torna cada vez más difícil.
La temática es larga pero el Estado no genera políticas verdaderas para que, aquellas personas que no tienen acceso a una vivienda, puedan acceder mediante facilidades reales. En Caleta Olivia hay muchas casas que fueron adjudicadas a ex funcionarios y a los que se encuentran en actividad actualmente. ¿Realmente la necesitan?, es la pregunta que se hacen mucho vecinos que conocen a quienes desarrollan las políticas locales.
Hay familias muy numerosas sin techo o viviendo en casas prestadas, sin tener la posibilidad de alquilar o adquirir una vivienda porque nadie se encarga de la situación social fronteriza en la que viven. Los créditos bancarios piden requisitos que un hombre que cartonea, es desocupado o realiza “changas” y tiene que mantener a sus cinco hijos, no puede reunir nunca. Entonces, los más pobres quedarán en la misma situación que vienen atravesando hace muchos años. No hay perspectivas, no existe el futuro, nadie de ellos vislumbra un horizonte donde la esperanza sea promisoria. Ello desemboca en este conflicto que es común a todas las ciudades en crecimiento, pero más notorio en aquellas donde no existen políticas sociales planificadas y donde el Estado en anárquico y arbitrario a la hora de aplicar las soluciones. (Agencia OPI Santa Cruz)
