27/05 – 11:30 – Extrañamente la política nacional está inundada de contradicciones. Mientras una diputada de la Coalición Cívica hace una denuncia importante y valiente en contra de Sergio Shoklender, que no olvidó sus malas artes cuando salió de prisión, Elsa Quiroz, se cuida de aclarar que la denuncia no va en contra de la Fundación Madres Plaza de Mayo, lugar desde donde se inicia todo, ya que el parricida fue todos estos años su absoluto administrador y hombre de confianza de Bonaffini. (R. Lasagno/OPI)
Al destaparse la olla de los delitos cometidos por el reincidente Sergio Shocklender, que vivía como un Jeque Árabe a costa de los dineros públicos y al amparo de una organización social, apareció la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz quien hizo pública una denuncia presentada por ella en contra del parricida, donde lo acusó ante la UIF por lavado de dinero, irregularidades administrativas y sospechosas compras de tierra.
“En junio del año pasado nos presentamos ante la Unidad de Información Financiera (UIF) con una serie de pruebas, documentos y fotografías para que se investigaran dos operaciones extrañas y con irregularidades que podían suponer lavado de dinero“, manifestó Quiroz a Radio 10, según expresa hoy La Nación; y la legisladora, luego de señalar “Los documentos contenían irregularidades cometidas por Shoklender. Compró doce lotes en José C. Paz por 95.000 dólares. El mismo día compró otros cuatro lotes con una casona por 65.000 dólares. Por cada uno pagó 5000 dólares. Firmó tres documentos de 30.000 dólares cada uno para cancelar la primera deuda y otros tres de 20.000 para cancelar la segunda deuda, la de la casona”.
Dice La Nación “La abrupta salida de Shoklender de Madres podría impactar de llenó en el vínculo entre esa organización, y la propia Bonafini, y el Gobierno. Según fuentes de la Casa Rosada, Cristina Kirchner estalló de furia contra Bonafini y Schoklender, que anteayer renunció al manejo financiero en medio de graves denuncias de irregularidades con fondos de la Secretaría de Obras Públicas destinados a las viviendas que construyen las Madres”
Luego de asegurar que estas operaciones implican una figura evidente de lavado de dinero y hacer consideraciones diversas sobre sospechosas sociedades entre las cuales se movía Shoklender y a pesar del terremoto interno que desató en la Fundación, esta grave revelación, la diputada Quiroz se encargó en varias oportunidades de dejar aclarado “En la denuncia no involucramos ni a la Fundación ni a Madres”.
El miedo “a quedar mal”
La diputada de la Coalición Cívica hizo todo bien, hasta que aclaró para obscurecer; porque no se entiende cómo la legisladora, en vez de profundizar la investigación, ir más allá de los visible y exigir que se transparenten las acciones de toda la estructura financiera y económica que permitió a Shoklender un enriquecimiento indebido con dinero públicos, se autoimpone una limitación en sus acciones, entendiendo que la Fundación Madres Plaza de Mayo, es intocable y no merece ser investigada, tanto para determinar cuáles han sido los orígenes de estos negocios que inició Shocklender, como para determinar que quienes co-administran los fondos de todos nosotros, no han sido colaboradores o cómplices del parricida.
Esta suerte de miedo “a quedar mal”, a estar en contracorriente de la moda progre que hilvana con hilos del deidad la mística de los ´70, discurso bien colocado por le kirchnerismo que jamás le importó ni un solo desaparecido, cuando gobernaba Santa Cruz, desvaloriza la acción valiente de la diputada y a quienes votamos en forma independiente nos hace pensar que ese pensamiento y su correspondiente accionar, está perfectamente agiornado a la doble moral del discurso progresista (o pseudoprogresista), que nos venden el placebo de la defensa de los Derechos Humanos mientras acumulan cuantiosas fortunas al amparo de la impunidad que (parece) otorga, haber pertenecido a la época glorificada desde el discurso oficial.
Si se tiene en cuenta que el manejo irregular de fondos, corresponde a millonarias sumas aportadas a la Fundación por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con montos de más de 10 millones de pesos anuales a la Universidad y subsidios y partidas de dineros que van a parar a manos de esta organización, es lógico que se exija en la misma denuncia, transparentar el manejo de estos fondos, para poder acceder a la verdad de lo sucedido con Shoklender.
Así como está planteada la denuncia y la poca voluntad de la diputada denunciante de bucear entre el patrimonio y los negocios de la Fundación que lidera Hebbe de Bonafini, le garantiza de antemano al parricida, que “la sangre no llegará al río” y el salvoconducto judicial es prácticamente un hecho.
Así planteadas las cosas, pareciera que la Fundación de Bonafini tiene seguro de inmunidad y trasciende por sobre el derecho y la Ley. Dejar afuera de la investigación al orígen mismo de las acciones delictivas de Shoklendeer reduce a la noble tarea de denunciar, como lo hizo Quiroz, a una simple acción política de baja intensidad, de elocuente falta de voluntad por llegar a la verdad y solo facturar en la opinión pública, un minuto de fama, reducida a parámetros similares a la doble moralidad que invade las organizaciones sociales que permiten, que a su amparo, florezcan este tipo de delitos, gracias a la hermeticidad que gozan, a la autorización oficial que se les concede para no dar explicaciones ni rendir cuentas, como si defender causas nobles fuera un boleto hacia la impunidad, (R. Lasagno/OPI Santa Cruz)
