06/07 – 15:30 – Internautas lograron el procesamiento de directivos de la Sociedad de Autores española por apropiarse US$ 550 millones. Hace unos días escribimos una nota donde resaltábamos que los cnánones y los impuestos que se colocan con argumentos tan poco sustanciosos para justificar su aplicación, encubren un trasfondo poco claro.
El 30 de junio escribíamos una nota titulada “Del Impuesto a los sellos de Eugenio Quiroga, al canon digital de Pichetto” y allí se hacía mención a la dificultad que existe para comprender la relación que hay entre ciertas medidas que se toman, cuando se aplican ciertos impuestos y el objeto que dicen defender. En este caso señalamos que el “canon digital” era tan inviable como el impuesto a los sellos a la compra de autos, que por iniciativa, del diputado provincial Eugenio Quiroga, se aplicó en Santa Cruz “para combatir la venta de automotores por parte de la comunidad gitana” (?).
El portal Urgente 24 publicó una noticia que está íntimamente relacionada con una experiencia similar a esta “compensación” que se busca aplicar en nuestro país a través del cánon digital. Solo que esto sucedió a España, ni pensar lo que podría ocurrir en nuestro país con el derecho de autor ¿No cree Ud?
La sede de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) fue allanada en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de dinero y malversación de fondos.
El presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores, Eduardo Teddy Bautista, es 1 de los 9 detenidos en la operación policial.
La SGAE agrupa a más de 100.000 socios entre creadores, escritores y músicos, y su principal labor es la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los autores.
La operación policial culmina tras 2 años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción luego de una denuncia presentada por varias asociaciones.
Según el escrito judicial, se cometieron presuntas irregularidades en la gestión económica de la SGAE desde hace varios años, en la que las cantidades recaudadas a través del “canon digital” en concepto de derechos de autor se invertían en otras actividades lucrativas. Entre las acusaciones, se encuentra la que sindica a José Luis Rodríguez Neri, un alto directivo de la SGAE, de desviar presuntamente decenas de miles de euros a empresas de su propiedad.
La Sociedad goza de muy mala fama en España. Se le acusa de excesivo afán recaudatario y de intransigencia con la internet. De hecho, la noticia de la redada policial provocó un enorme impacto en las redes sociales, y la palabra Teddy Bautista se convirtió en Trending Topic de Twitter a nivel mundial.
La SGAE fue la principal impulsora de la ampliación del llamado “canon digital”, una polémica norma que grava el precio de cualquier dispositivo electrónico -CD, MP3, DVD, PDA y teléfonos celulares- capaz de almacenar y reproducir música. El canon digital nació como una tasa con la que se quiere compensar a los autores, editores y distribuidores como consecuencia de la piratería de música.
El dinero de esa tasa se debería haber repartido entre los autores y compositores, según era la intención del impuestazo tecnológico. Según el diario El País, de Madrid, el desvío de fondos puede alcanzar los US$ 550 millones.
En Argentina, la llamada “Ley Pichetto” (por el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, FpV-Río Negro, presidente del bloque oficialista en la Cámara alta), más conocida como “canon digital”, acaba de trabarse en el Senado.
El proyecto impulsado por el kirchnerismo y el socialismo, recibió varias críticas y volvió a la Comisión de Legislación General del Senado.
La norma es defendida por las asociaciones de autores, editores, productores y artistas que se consideran perjudicados por la piratería y la copia de sus obras y que colaboraron en la redacción del proyecto.
Ellos son: Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), quienes estarán a cargo de la recaudación, administración y distribución de la remuneración.
Los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción sujetos al pago de la remuneración, así como el importe que deberá satisfacer cada deudor por cada uno de ellos son los que se indican en la siguiente ‘tabla’:
– 10 % para las grabadoras de discos compactos y/o versátiles y/o Blu-ray (CD/DVD/Blu-ray);
– 75 % para los discos compactos y/o versátiles y/o Blu-ray, regrabables o no regrabables (CDR/CDRW/DVR/DVDRW/Blu-ray);
– 5 % para las memorias USB y otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos;
– 10% para los discos duros integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción o almacenamiento de videogramas y fonogramas;
– 10% para los equipos decodificadores de señales de televisión, idóneos para la reproducción o almacenamiento de videogramas y fonogramas;
– 10 % para los dispositivos reproductores de fonogramas, videogramas o de otros contenidos sonoros, visuales o audiovisuales en formato comprimido
– 1 % para los teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido. (U-24/OPI Santa Cruz)
