05/10 – 23:50 – La sorpresa del gobierno nacional es que 7,5 millones de hectáreas declaradas en territorio argentino, están en manos de extranjeros. Salta, Mendoza y San Juan son las provincias donde mayor cantidades de tierras (relevadas) pertenecen a extranjeros ¿Y Santa Cruz?. Santa Cruz no tiene datos, pero en el 2009 OPI publicó un informe de la AGN en el cual se daba cuenta que esta provincia es la que menos controla y que más admite irregularidades en la venta de tierras en la Patagonia.
El ministro de Justicia, Julio Alak, presentó en la sede de la cartera los resultados del relevamiento catastral de tierras rurales en manos de extranjeros, junto con la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, y representantes de las provincias.
Gómez, en diálogo con Télam, dijo que “cuando concluya el relevamiento seguramente van a ser más” las tierras en manos extranjeras, ya que aún faltan datos de “cinco provincias: Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Santa Cruz y Corrientes” para completar la sistematización de los datos.
La funcionaria agregó que “a nivel nacional, casi 7,5 millones de hectáreas fueron declaradas en manos de extranjeros y la mayor concentración está en Salta, seguida por Mendoza y San Juan“.
Debemos recordar que nadie sabe lo que los extranjeros han comprado en Santa Cruz, de hecho, desde OPI en el año 2009, publicamos un informe de la AGN (Auditoría General de la Nación) con datos realmente preocupantes, sin embargo, el Estado nacional parece haber despertado a la nacionalidad de las tierras, cuando en prácticamente toda la Patagonia existen latifundios vendidos a empresas y personas físicas extranjeras, o Argentinos que ofician de una suerte de “administradores” de capitales de otros países.
“La presidenta quiere limitar venta de tierras a extranjeros, mientras su provincia es la que menos cumple con la ley vigente”, así titulamos una nota del año 2011, donde recordábamos que precisamente, en la provincia de donde es oriunda la presidenta, se vulneran todas y cada una de las leyes en materia de compra de tierras.
En aquel informe la Auditoría General de la Nación da cuenta de que la Secretaría de Seguridad Interior incumple con la exigencia de requisitos para la compra y explotación de tierras denominadas “Zona de seguridad” en áreas de frontera . Según está redactado, Tierra del Fuego es la provincia patagónica que más cumple con la normativa vigente y Santa Cruz la que menos se ajusta a los requisitos de la ley vigente.
La nota de TELAM prosigue señalando : De esas 278 millones de hectáreas, un total de 7,49 millones fueron declaradas como propiedad extranjera y el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales sólo 7 por ciento están inscriptas como extranjeras, mientras que 93 por ciento están registradas como nacionales pero con capitales extranjeros.
Además, hay 433.634 hectáreas que pertenecen a firmas con capitales provenientes de paraísos fiscales.
Por otra parte, dijo que “hay empresas que conocemos que no han llevado a cabo su declaración jurada, hay muchas que ya tenemos los datos, y lo que establece la ley es que el Registro de Tierras tiene la obligación de comunicar a la Unidad de Información Financiera (UIF), por el tema del lavado de dinero, y también a la AFIP”.
Mientras que, en el caso de “las triangulaciones, en las que una empresa tiene tierra en una provincia y está inscripta en otra donde no tiene negocios, son casos que los estamos teniendo en cuenta”.
Siempre en base a la información surgida de las declaraciones juradas, los españoles son los ciudadanos de nacionalidad extranjera que poseen la mayor extensión, con 1.596.415 hectáreas en su poder, seguidos por estadounidenses (1.384.553 hectáreas) y suizos (1.183.162 hectáreas).
AGN
De acuerdo a los registros a los cuales tuvimos acceso y que contabilizó la Auditoria General de la Nación en la zona andino-patagónica se contabilizaron en el periodo enero 2033 – julio 2007 428 expedientes que iniciaron el trámite de “Previa conformidad” de los cuales 137 fueron aprobados.
El equipo de Auditoría revisó el 49,5% de los expedientes aprobados de ese período de acuerdo al siguiente detalle por provincia:
Santa Cruz: 54 expedientes iniciados, 20 aprobados y 12 revisados.
Chubut: 84 iniciados, 28 aprobados y 12 revisados.
Neuquén: 92 iniciados, 32 aprobados y 20 revisados.
Río Negro: 144 iniciados, 35 aprobados y 16 revisados.
Tierra del Fuego: 55 iniciados, 22 aprobados y 8 revisados.
De los expedientes que auditó la AGN se estableció que el 41º% corresponde a personas jurídicas y el 59% a personas físicas. De 41% se desagrega en un 12% a personas jurídicas extranjeras y 29% a personas jurídicas de origen nacional y el 59% está compuesto por un 35% de personas físicas extranjeras, un 6% de personas físicas nativas correspondientes a trámites de inmuebles fiscales y un 18% de personas físicas extranjeras con años de ejercicios de la ciudadanía o de residencia permanente en el país.
De los expedientes revisados por la AGN resultó el siguiente nivel de cumplimiento por parte de las provincias patagónicas, de la normativa referida a la adquisición de inmuebles en Zona de frontera es el siguiente:
Santa Cruz: Cumple en un 25% la normativa, 58% hizo una presentación incompleta de los formularios y al 17% le falta alguna documentación exigida.
Chubut: Un 33% cumple con la normativa, 50% hizo una presentación incompleta de los requisitos y al 17% le falta documentación.
Neuquén: Un 60% cumple con la normativa, 40% tiene deficiencia en conformación de formularios y no se registra falta de documentación.
Río Negro: El 56% cumple la normativa, 44% han presentado en forma incompleta los formularios y no se registra falta de documentación.
Tierra del Fuego: 63% cumple la normativa, 37% no ha completado los formularios y no se encontró falta de comumentación.
Con lo cual se puede resumir que de lo auditado el 48% de los expedientes aprobados cumple con toda la normativa vigente en su totalidad y el 52% parcialmente.
Lo dice la Constitución
El Artículo 70° de la Constitución provincial expresa “Se tenderá a la eliminación de los latifundios, mediante impuestos territoriales progresivos, impuestos al mayor valor social en las transferencias, y expropiaciones directas. Se considerará latifundio la gran extensión de tierra, en producción o no, que atente contra el progreso y bienestar de la colectividad”.
Tales obligaciones no se respetan en Santa Cruz y mucho menos se aplica, por parte del Estado, el control y el castigo para los infractores, que la propia Constitución establece.
Es inapropiado que Julio Alak, se rasgue las vestiduras, porque no posee datos precisos de la provincia de Santa Cruz si jamás, fue una preocupación de los gobiernos provinciales, realizar un trabajo serio en materia de preservación de la territorialidad. (Agencia OPI Santa Cruz)
