15/10 – 15:30 – La filial Piedra Buena de la ADOSAC, denunció penalmente ante la Fiscalía de Puerto San Julián, a dos personas que siendo empleados de la municipalidad, fueron nombrados con cargos docentes en la EDJA Plimodal Nº 7, donde – señala el gremio – nunca cumplieron servicios. También aluden a que los mismos, pretenden jubilarse con el sueldo de la docencia y le imputan varios delitos graves sobre la administración pública.
En las últimas horas la filial docente de Comandante Luis Piedra Buena /ADOSAC), presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Puerto San Julián, contra lo señores Fernando Ariel Gallo y Luis Ernesto Concepción.
Representado el gremio por la Dra Raquel Coronel y a través de la dirigencia gremial de la Secretaria General de ADOSAC, Alejandra Montiel y Secretaria Gremial María Alejandra Teyra, se inició un proceso penal por fraude en perjuicio de la administración pública (Art 174 inc5º del art 173 inc 8), Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empelados (art 268-Ley 25.188) y Falsificación de documentos en general (Art 293 Ley 24.410), en contra de Fernando Ariel Gallo y Luis Ernesto Concepción, por cuando el gremio sostiene que los nombrados percibieron haberes en la EDJA Polimodal Nº 7 de Piedra Buena, sin haber prestado servicio en la institución educativa y además, siendo funcionarios en la Municipalidad de esa localidad.
De acuerdo al gremio, estas personas han violado la Ley 2250, ya que desempeñaban ambas funciones en simultáneo, con el agravante de que en la EDJA no se les conoce actividad alguna, indicando que el objetivo, además, es el de jubilarse por el régimen docente, función que nunca cumplieron.
ADOSAC entiende que se ha configurado una acción de estafa en contra del sistema previsional y la administración pública en particular y que tal acción constituye un fraude contra el estado provincial.
Sin embargo el gremio va más allá y ataca directamente a las autoridades Educativas de la provincia al referir que estos hechos ocurridos con las personas denunciadas demuestran el carácter arbitrario y discrecional con el que las autoridades del Consejo Provincial de Educación, violan sistemáticamente la normativa vigente y profundizan, con su accionar, el estado de crisis del sistema jubilatorio y educativo en su conjunto, que llevan, finalmente a erosionar el presupuesto educativo de la provincia.
Sobre el particular ADOSAC, reflexiona en la denuncia: “Estas políticas provocan un profundo malestar en el sector docente, al percibir la política de desvalorización de la normativa, la autorización sin instrumentos legales ejecutorios, de situaciones como éstas, que benefician a personas vinculadas directamente al poder político en los municipios del interior provincial”. (Agencia OPI Santa Cruz)
