19/10 – 17:30 – Un proyecto presentado y aprobado en tiempo record por los Concejales del FPVS de Río Gallegos, para expropiar terrenos ociosos pero de un altísimo valor inmobiliario, con una justificación ciertamente válida pero no importante, abrió un nuevo interrogante sobre los verdaderos objetivos que encierra la medida. Ahora la lupa pública se aplicará a ver cómo es el proceso, cuál es el precio que se le aplicará al bien, quien será el intermediario de venta y en quién recae la adjudicación.
El Concejal FPV de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó un proyecto de Ordenanza en la última sesión del HCD de la ciudad, para declarar de “utilidad pública” una manzana completa donde están ubicadas las ruinas de lo que fue en su momento la planta del frigorífico Swift, un edificio histórico que tuvo enorme gravitación en el desarrollo de esta capital y de la provincia, pero que el Estado desistió conservar, constituyéndose en un peligro para peatones y vecinos.
Precisamente el edil fundamentó su proyecto en un “pedido de los vecinos de esas instalaciones derruídas”, dado que, según el legislador, “están cansados de reclamar por limpieza”, peligro de derrumbes y porque el lugar en ruinas es reducto de gente que por las noches anda ebria o drogada entre los despojos de lo que en algún momento fue la industria frigorífica más importante de la Patagonia.
El bloque de la UCR, se abstuvo de votar en favor de esta expropiación, medida poco común que implemente un municipio, más aún sobre un bien de este tipo y menos aún teniendo en cuenta que no es objetivo expreso el de generar un espacio público o un nuevo pulmón natural para la ciudad, sino que en el objeto y/o propuesta del Concejal se sostiene la intención de que estos terrenos sean vendidos en subasta pública, con base y en bloque “solo a quien asegure que el destino del predio tendrá un uso comercial para la instalación de supermercado, hipermercado, shopping o un centro comercial”, señala el instrumento legal.
Algunos ruidos
A partir de conocerse este proyecto, iniciamos algunas averiguaciones con el fin de establecer dónde radica el verdadero interés del municipio y/o de los concejales del oficialismo, para presentar, con tanta premura, un proyecto y aprobarlo sobre tablas, sin ningún tipo de debate interno, discusión pública o que se evite ponerlo a consideración de los propios legisladores de la oposición. De hecho, la actitud de la UCR fue la de abstenerse, Ordenanza que luego se aprobó con mayoría del PJ, en el Concejo Deliberante local.
El terreno del que se trata esta ubicado en una de las zonas más importantes de la ciudad, frente al edificio del Tribunal Oral, a pocas cuadras de la plaza central y ocupa toda una manzana rodeada por las calles Roca, Misiones, Richieri y Don Bosco.
El valor del metro cuadrado en esa zona es muy significativo y representa un bien de alto interés inmobiliario, baste decir que se encuentra a solo cinco cuadras de donde tiene la residencia familiar la presidenta de la Nación, en calle Mascarello, con lo cual, queda evidenciado que el valor por metro cuadrado, es ciertamente muy importante.
El argumento del Concejal Grasso, si bien puede ser interpretado como válido, no es a primera vista el único o al menos el que se perfila como el más importante, sin embargo, no existe otro interés que el ya manifestado, de hacer al terreno objeto de expropiación para venderlo con el fin de un emprendimiento comercial.
Teniendo en cuenta la experiencia que hemos vivido por años en Río Gallegos, en cuanto a las decisiones políticas que se toman desde el partido oficialista (y también desde el Radical, es bueno decirlo), nos cabe al menos la sospecha de que hay una parte de esta historia, que no se ha dicho.
En primer lugar no se conocen antecedentes de que el Concejo Deliberante y/o la municipalidad, hayan tomado otra medida de expropiar un bien de esta magnitud y valor. Segundo, hay varios antecedentes de tierras fiscales vendidas por la Municipalidad a empresarios del medio que no cumplieron con el objeto propuesto y no solo no se los obligó a cumplir, sino que, como en el caso de un empresario de medios, el propio ex Intendente Héctor Roquel, firmó un Decreto de adjudicación de apuro, a pesar de que el destino de ese terreno fiscal no cumplía con los términos legales y debiera haber sido devuelto a la comuna.
Otro antecedente poco feliz, fue el de un enorme terreno camino al autódromo, entregado por el ex Intendente Carlos Villafañe (FPVS) a Lázaro Báez, con el propósito de hacer allí un centro recreativo. El centro jamás se construyó y si bien las tierras deben ser rellenadas y acondicionada, el valor de las mismas hoy es varias veces millonario sin que se hayan cumplido los términos ni los objetivos determinados en la Ordenanza de cesión de las tierras.
En el caso de la manzana de la ex Swiff, el olor a un gran negocio inmobiliario, atraviesa esta iniciativa, algo que, inclusive, se advierte en los ediles del Radicalismo que se abstuvieron de votar y como sucedió en el caso del Concejal Garecca, dijo estar “sorprendido” por la “celeridad con la que se buscó la sanción” y remarcó que con éste, como con otros predios, debería hacerse un trabajo “a conciencia”, lo cual deja abierta la puerta para pensar que no está todo dicho en este caso y pareciera que los ediles de la UCR sospechan (o infieren, o saben) que existe algún tipo de maniobra posterior planificada y en virtud de ello, no han querido compartir la decisión.
Las fuentes consultadas no supieron decirnos objetivamente dónde puede estar el nudo de la cuestión, pero nos indicaron que es importante hacer un seguimiento de cómo va a continuar la oferta y venta de esta importante tierra y en este sentido, señalaron desde adentro del propio municipio “hay que ver cómo se instrumenta la venta pública, con qué base sale, en cuánto lo compran, quien va a ser el agente inmobiliario y quién lo adquiere” y remarcó “estas no son tierras fiscales o al menos no se las puede considerar a esos valores porque cualquiera sabe el valor importantísimo que los terrenos tienen en esa ubicación, por lo tanto, habrá que ver cómo se ajustan los valores y quiénes son los oferentes con capacidad como para desembolsar los varios millones que vale ese predio, de contado”, concluyó nuestra fuente. (Agencia OPI Santa Cruz)
