“Si quiere quedarse con la Fragata, que se la queden”, dijo la presidenta Cristina Fernández, refiriéndose al embargo que hicieron los fondos buitres por 20 millones de dólares, en la nave insignia de la Arada Argentina. Y en realidad, Cristina lo dice de corazón. Tal vez alguien piense que es simplemente un desafío de guapeza criolla, pero no es así. A la presidenta no le importa nada que el centenario y emblemático barco se pudra en los muelles de Ghana.
La embarcación que se construyó en 1963 en los astilleros argentinos (AFNE) es un buque escuela único en el mundo y que ha oficiado de embajada itinerante de la Argentina por más de cuatro décadas, habiendo pasado por su cubierta más de 11 mil marinos argentinos y pasado en tiempo de navegación, unos 17 años en el mar.
Respetando que la presidenta no quiera pagar los fondos buitres y que su política sea ignorar la especulación financiera de todos ellos, no es compatible con la soberanía nacional, que la máxima figura política de un país, entregue alegremente un buque insignia, sin el menor remordimiento y después hable de defender la soberanía y la bandera.
En todo caso tendría que entregar a los funcionarios que diagramaron el circuito de la nave y no advirtieron que nuestros bienes son propensos a ser incautados por acreedores externos. Es más fácil dejar el barco, mañana serán los aviones de Aerolíneas, o tal vez el Tango 01 o cualquier bien del Estado.
Tal vez si el interdictado fuera el barco de lujo que llegó a El Calafate, propiedad del arquitecto del hotel Los Sauces, Pablo Miguel Grippo, amigo de la presidenta, el gobierno estaría haciendo ingentes esfuerzos por liberarlo. Pero, no es así; se trata de la Fragata Libertad, un barco viejo y vetusto, que a la presidenta, poco le importa.
