TIT-RPLCD

09/12 – 16:30 – Tratando de envolver todo con el mismo papel, el diputado Jorge Arabel del FPV salió al cruce de la acción de Amparo interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, por los abogados de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales y que publicara OPI el día viernes. El legislador desestimó que en la práctica pueda ser posible su aplicación, pero no dejó pasar la oportunidad para denostar a quienes la interpusieron. El problema, es que, como en la usina Térmica, la realidad supera al relato y no les permite a sus defensores explicar sus dichos con pruebas irrefutables como el resultado que avaló nuestras predicciones: la usina no funcionó el 4 de diciembre y las represas siguen aplazadas. (Por: Rubén Lasagno)

Luego que OPI publicara, el día viernes último, la denuncia que ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizaran el Dr. Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales de la Patagonia, patrocinado por la Dra María Luja Pérez Terrone, abogada ambientalista y Directora Ejecutiva de la ONG Accionante, el diputado provincial Jorge Arabel (FPV), opinó al respecto y dijo que le “resulta extraño que se desconozca la competencia provincial en la materia establecida por nuestra propia Constitución Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, reconoce a la vez, en su artículo 41, las jurisdicciones locales en la materia”.

En tren de poner la pelota en la otra cancha Arabel señaló “Demás está decir que ha sido la propia Corte Suprema la que ha reconocido en distintos fallos que son las autoridades administrativas y judiciales de los Estado Provinciales las encargadas de valorar si las obras proyectadas afectan aspectos tan propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente a la protección del medio ambiente.”

Para terminar el diputado oficialista recargó el fusil de las patrañas y dijo “el futuro de los santacruceños está naturalmente asociado al aprovechamiento hidroeléctrico del Río Santa Cruz y somos optimistas en cuanto a que, el gobierno y la empresa contratada, cumplirán con todos los extremos legales exigidos por nuestra legislación y las represas comenzarán a ser posible, más allá de acciones como la de estos personajes que rozan el carancheo político y que sólo buscan crear incertidumbre en la población”.

Los caranchos del discurso

Convirtiendo las palabras de Arabel en sus propios proyectiles, podríamos decir que tanto él como los eternos justificadores del FPV, son los caranchos del discurso, pues dicen una y otra vez cosas que no pueden sostener en el tiempo y mucho menos hacer realidad.

El ejemplo más reciente es el anuncio con bombos y platillos en enero de este año, del 4 de diciembre como la fecha para inaugurar la termousina de Río Turbio. Pasó el 4 y posiblemente llegará el otro 4 de diciembre sin estar completada la obra. Lo anunciamos muchas veces y cada nota recibió la correspondiente recriminación, considerando todo una “operación política” propio de “opositores” y de quienes “no quieren ver progresar a la provincia”.

Las represas son otro caro ejemplo de que al relato le ganan los hechos. Una vez más y después de que explicamos con datos ciertos de porqué las represas son económica y ambientalmente inviables, el gobierno ataca desde el discurso, pero no muestra resultados. Ahora se habla de enero o julio del año que viene ¿Por qué tendríamos que creerles?.

Es decir, la voz de Arabel no tiene más valor que el valor relativo de las voces que hemos escuchado hasta ahora, en todo este tiempo. Con una orden expresa de salir a minimizar críticas y desestimar información procedente de fuentes que no tienen controladas desde el gobierno, el legislador se transformó en un justificador más de lo injustificable, porque en el balance de los hechos, la información que hemos producido todo este tiempo en temas tan relevantes como YCRT, Termousina de Río Turbio y Represas, han sido exactas y confirmadas por los hechos y por los propios funcionarios que inicialmente las han desmentido.

Esto confirma que la necesidad de un sinceramiento de la clase política gobernante con el pueblo, es tan imprescindible como urgente. En tanto exista un medio con libertad para informar, las mentiras desde el poder van a caer finalmente debilitadas por el peso de la propia realidad. Si de esto no dan cuenta los políticos, verán el impacto en las urnas. No deben culpar a los medios por difundir la realidad que se opone a sus relatos, sino más bien, tienen que preocuparse por mentir menos. (Agencia OPI Santa Cruz)