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12/12 – 16:00 – El FPV no deja de sorprendernos. Cuando ya se presumía que con la desaparición de El Periódico, la aventura oficialista en los medios iba a decrecer, en Caleta Olivia apreció una empresa trucha, personajes con doble empleos en el Estado, dedicados a la operación política desde medios de Ulloa, actualmente asociados con el Intendente José Córdoba, quien dedica una buena cantidad de fondos públicos para dilapidar entre sus amigos. Entre todos ellos lanzaron una radio, una empresa y un diario, solo buscando un fin político y facturar a costa del erario público en el último año de fiesta presupuestaria. (Por: Rubén Lasagno)

En Caleta Olivia, el Intendente hizo otra de las suyas, sin preocuparse por la parte legal, dado que el Tribunal de Cuentas no actúa sobre la Municipalidad de la ciudad norteña, a pesar de todas las irregularidades e ilícitos que hemos desnudado en nuestro portal, en los que ha incurrido el Intendente y fueron descriptos en el informe de auditoría efectuada por el organismo pero cuyas autoridades no tomaron ninguna medida legal ni hicieron denuncia penal.

En Caleta se inauguró una nueva radio privada denominada “Fm Brava”, anunciaron la salida del diario “El Territorio”, para el mes de febrero, todo bajo la productora denominada “Grupo 7D SRL”, que además agrupa al portal La Página Política de Río Gallegos y una radio en El Calafate.

Hasta aquí no habría problemas, si no fuera por los personajes que rodean a este armado, su vinculación con el Intendente José Córdoba y la ilegalidad en la que funcionan los mismos.

En principio la empresa “Productora Publicitaria D7 SRL”, es trucha, no existe. OPI consultó todos los registros comerciales y no está legalmente inscripta en ningún lado. Tampoco está registrada en la AFCA, sin embargo, por Decreto Nº 285/2.014 del 27 de marzo de 2014 Expediente Nº 2014-3412-1 de la Municipalidad de Caleta Olivia, el Intendente Manuel Córdoba, Osvaldo Cabrera y Gustavo Barboza, aceptan sus servicios y protocolizan un convenio con la “Productora Publicitaria D7”, mencionando como responsable de la misma a la señora Alejandra Fuentes y le fija como dato identificatorio el DNI Nº 28.988.636.

En principio, la productora no existe como tal, pero luego se complica todo aún más, cuando descubrimos que con ese mismo documento de Identidad de la Sra Fuentes, se registra Noemí Laura Galarza (DNI 28.988.636) nacida el 11 de julio de 1981.

La señora Fuentes empleada en el estado provincial, es esposa de Miguel Carmona, ex Director del diario El Periódico de Rudy Ulloa, un personaje largamente conocido en Río Gallegos, por haber sido cultor y mano de obra de todo tipo de operación política desde las pantallas de Canal 2, junto a su amigo Millán y desde las páginas de El Periódico, entre 2004 y 2011, trabajando como Director del diario que murió cuando le retiraron la pauta oficial. A ese diario, Carmona le pagaba la publicidad, como Jefe de Prensa de la Cámara de Diputados y la cobraba como Director del Periódico; más o menos como ocurre ahora en Caleta Olivia.

Hace poco, Carmona fue nombrado por el Intendente Córdoba con un cargo político en la Municipalidad, cobrando el 75% de lo que percibe el Secretario de Gobierno, sin perjuicio (ni prejuicio), sigue cobrando por la Legislatura provincial y a su vez cobra pauta oficial de gobierno y algunos municipios.

El socio

El socio de Carmona en toda esta movida es otro conocido rudysta: Horacio Oscar Álvez fueron nombrados oportunamente como funcionarios provinciales en los departamentos de “Reingeniería Organizacional” y “Departamento Calidad de Servicios”, respectivamente. A raíz de eso el 16 de octubre de 2012, OPI publicó una nota donde establecía que con fecha 21 de marzo de 2012 se emitió el Decreto Nº 444, por el cual se nombró en los cargos de “Jefe de Departamento Reingeniería Organizacional” al señor Miguel Ángel Carmona y como “Jefe de Departamento Calidad de Servicios” al señor Horacio Oscar Alves, aclarando el Decreto que ambos cobrarán la remuneración mensual “equivalente a los cargos mencionados”, y agrega “según resulta de la aplicación del Artículo 4 de la Ley Nº 1831, más el adicional que estipula “in-fine” dicho Artículo y los que por Ley le correspondieren a los agentes de la Administración Pública Provincial”.

Alves es socio de Carmona en todos los emprendimientos comunicacionales, de neto corte oficialistas, dedicados a operar en contra de aquellos que critican al gobierno y en ese marco, fluyen dineros públicos a los bolsillos de estos personajes, como lo asignados por Decreto Nº 0692 (Expte MP-Mº 426.072/11), donde el Ministerio de Economía de Santa Cruz autorizó el pago de 497.000 pesos al Ministerio de la Producción por el “servicio de cartelería en la ciudad de Buenos Aires” entre el 1º de agosto del 2010 hasta el 31 de mayo de 2011, a la firma Alves Horacio Oscar, responsable de la Productora “La Página Política” de Río Gallegos.

Por Resolución Nº 080/2011 del Ministerio de la Producción de la provincia, se estableció la contratación directa a una firma publicitaria por parte de de Alves y Carmona para realizar “publicidad” entre enero y diciembre de 2011 para la Secretaría de Turismo, por un total de $ 450.000, que le pagaron a la firma en cómodas cuotas de $ 37.500 por mes.

Por disposición Nº 005/2011, con fecha 17 de febrero 2011, se dispuso la contratación de esta productora para la emisión de Spots de publicidad a través del Portal de Internet denominado Diario Digital la Pagina Politica, durante los meses de Enero a Octubre del 2011 por la suma de $18.000 (pesos dieciocho mil) por mes, es decir $ 180.000 durante el período referido.

Por su parte en la Resolución 031/2011, de fecha 11 de febrero de 2011, se dispuso la contratación de esta misma productora para la emisión de Spots de publicidad durante los meses de Enero a Marzo del 2011 por la suma de $125.000 (pesos ciento veinticinco mil) por cada mes.

Todo ilegal, pero justificado

La radio Brava (privada), fue abierta en un despacho de la Municipalidad de Caleta Olivia y sus dipolos lucen colgados en la torre oficial, donde, además, funciona una Radio Municipal. Cabe recordar que la Ley 55 de Municipalidades prohíbe el uso de los bienes del Estado municipal, sin el acuerdo del Concejo Deliberante. En este caso, nada pasó por manos de los concejales, sino que fue una decisión pura y exclusiva del Intendente Córdoba.

Si esto fuera poco, la Ley 760 prohíbe contratar con empleados municipales y/o familiares de empleados y es expresamente concreta al remarcar que “no habilita a que un empleado de la Municipalidad o su cónyuge sean prestadores de servicios a la Municipalidad” .

La emisora, que funciona en el edificio municipal, carece de autorización del ente regulador, es decir, no tiene frecuencia otorgada (usurpa la 107.1) ni está homologada por la CNC ni la AFCA, vulnerando todos los lineamientos de la Ley de Medios. Habría que preguntarse cómo, entonces, el Intendente puede contratar como proveedor del estado a una radio ilegal a través de una empresa trucha y seguir para adelante sin que nada ni nadie se le interponga?.

En declaraciones del Concejal de Caleta Olivia, Manuel Aybar (PJ), la radio, la pseudo empresa y este grupo de personas, funcionan con el apoyo económico del Intendente Córdoba. Se presume que hay malversación de fondos público y por tal motivo el edil refirió que se hará una presentación judicial para pedir la clausura de la radio y una denuncia por las irregularidades administrativas en las que incurrió el Intendente.

Córdoba, por su parte, justificó que la emisora esté en el interior de la comuna, que sus antenas se enganchen a la torre municipal y que sus integrantes cobren sueldo, pauta y publicidad oficial, sosteniendo que en los otros medios de Caleta Olivia “no le dan lugar” y dijo sentir que no tiene dónde expresarse; una falacia total. El Intendente sale cuantas veces quiere por el Canal 2, le abona pauta a varios medios locales, radiales, gráficos y web, pagando buenas sumas mensuales para decir lo que quiera y además, la Municipalidad, posee su emisora propia.

Estamos en Santa Cruz, una provincia donde no hay jueces ni fiscales, excepto a la hora de acercarse al cajero automático para cobrar los importantes sueldos que paga el Estado, es decir, todos nosotros. En un lugar del país donde la justicia está ausente y los organismos de controles no funcionan, puede pasar esto y mucho más. (Agencia OPI Santa Cruz)