10:00 – El presidente encargado se reunirá hoy con el Grupo de Lima en Bogotá; estará presente el vicepresidente norteamericano; cautela ante el uso de la fuerza militar contra el chavismo
Por: Daniel Lozano
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y su embajador especial Julio Borges llegan hoy al encuentro en Bogotá con el Grupo de Lima con una propuesta para redoblar el desafío contra el chavismo: la escalada en la presión diplomática y el uso de la fuerza contra Nicolás Maduro.
La respuesta violenta del gobierno contra los voluntarios que anteayer intentaron introducir la ayuda humanitaria, el uso de paramilitares armados hasta los dientes y con licencia para matar y la quema de dos camiones cargados de medicamentos serán los principales argumentos que los líderes opositores presentarán a sus aliados regionales. Guaidó, recibido ayer con honores de Estado en Bogotá, donde hoy se reunirá con el Grupo de Lima y con el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, está decidido a sumar el uso de la fuerza como argumento clave de su estrategia.
“Vimos un crimen sin precedente”, destacó el jefe del Parlamento apenas aterrizó en Bogotá, secundado por Borges, que abrió las puertas a “una estrategia más determinante, definitiva e inmediata”.
Ambos líderes presentarán a sus aliados el balance preliminar del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, que adelanta que por lo menos cuatro personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas entre viernes y sábado, confirmado ayer por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, criticada en Venezuela por su silencio de las últimas semanas.
“Queremos utilizar la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; del presidente Iván Duque y de todos los cancilleres del Grupo de Lima para fijar y pedir ese paquete de acciones contundentes”, concluyó Borges, expresidente del Parlamento exiliado hoy en la capital colombiana.
Como si se tratara de un movimiento conjunto en el tablero de la estrategia, los distintos aliados avanzaron ayer sus posiciones.
“Los días de Maduro están contados”, avizoró Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano. “El Grupo de Lima debe arreciar el cerco diplomático sobre Maduro sin discursos bélicos”, matizó Duque, resumiendo la opinión mayoritaria en la región. “El uso de la fuerza contra el pueblo caracteriza, de forma definitiva, el carácter criminal del régimen de Maduro”, añadió el gobierno brasileño. Y Juan Varela, presidente de Panamá, comparó este momento con los “últimos días” del dictador Manuel Antonio Noriega. La intervención militar norteamericana de 1989 desalojó del poder al famoso Cara de Piña, militar, narcotraficante y tirano.
La respuesta desmedida del chavismo, que olvidó la baja intensidad represiva utilizada este mes para vender en el exterior la propaganda del diálogo y la paz, conduce a una nueva fase en el duelo, donde una posible intervención militar con fines humanitarios será usada para resquebrajar aún más el “muro” militar. Maduro no dudó en demostrar a los venezolanos que no le tiembla el pulso a la hora de reprimir, pero a la vez quiso demostrar al mundo su presunta fortaleza militar.
Una demostración que conlleva consecuencias inmediatas. Además de desnudar al chavismo una vez más ante la comunidad internacional, la mayor victoria opositora fue comprobar que las filas militares no están tan prietas como asegura el “hijo de Chávez”. Por lo menos 106 uniformados abandonaron a la carrera las posiciones gubernamentales para unirse a las filas del Parlamento: 96 en Cúcuta, ocho en Arauca y dos en Brasil. “¡La orden es masacrar al pueblo!”, gritó anteanoche el sargento Miguel Tolosa al atravesar el puente Simón Bolívar mientras era protegido por soldados colombianos de la ira popular. “¡La orden es sacar a los colectivos y sacar a los presos a la calle!”, añadió el militar.
La mayoría son miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo militar especializado en orden público que durante las protestas de 2017 encabezó la represión contra los estudiantes. Casi todos sargentos y tenientes, además de soldados.
No cabe duda de que hoy, rodeado de sus aliados en Bogotá, Juan Guaidó invocará el Convenio de Ginebra, que protege a los civiles en los conflictos, para elevar el costo político de la represión revolucionaria. Y lo hará con la ventaja del apoyo popular: el 85,5% de los venezolanos exigían a la fuerza armada dejar pasar la ayuda humanitaria al país, según la última encuesta de Hercón.
“Quien niega ayuda humanitaria y quema camiones que la traen, quien dispara con armas de guerra contra manifestantes pacíficos, quien arma civiles para que disparen contra su propio pueblo, conduce el país a escenarios de mucho riesgo de violencia y ascenso del sufrimiento”, resumió Provea, prestigiosa ONG de derechos humanos.
La avalancha de críticas y exhortos fueron desoídos por la revolución. La ministra Iris Varela, que durante la crisis ha trasladado presos de las cárceles para hacer bulto en los actos chavistas, se paseó protegida por mercenarios y francotiradores sobre los puentes fronterizos, cerrados ayer. El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, fue más sutil al repetir en conferencia de prensa el mismo relato que los medios chavistas desplegaron durante el 23-F: que los rebeldes quemaron los camiones que además no llevaban medicamentos, que querían robar las tanquetas, que los militares huidos tenían la orden de atropellar a personas para que culparan al gobierno, que los diputados pagaban a los voluntarios… El mismo guion de casi siempre con distintas palabras, alentado por el imperio mediático propio y los amigos internacionales.
“Maduro sale debilitado del 23-F, pero todavía tiene elementos con los que jugar”, sentenció el politólogo Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos. (La Nación)
