08:10 – Aunque el presidente Jair Bolsonaro encara su política de flexibilización de armas de fuego como una respuesta al supuesto reclamo de la población, una nueva encuesta reveló que el 61% de los brasileños son contrarios a que se facilite la compra de armamento y un 73% se oponen a que ciudadanos comunes puedan portar armas.
Por: Alberto Armendáriz
De acuerdo con el sondeo realizado por Ibope, solamente un 36% de los consultados son favorables a permitir un mayor acceso a las armas de fuego, mientras que un 61% están en contra y un 2% no supieron contestar o prefirieron no hacerlo.
En tanto, apenas el 26% de los encuestados consideran positivo que se flexibilice la portación de armas para ciudadanos comunes; el 73% lo ven como negativo, y el 1% no supo responder u optó por no dar su opinión.
En los cinco meses que acaba de cumplir en el gobierno, Bolsonaro ha hecho de su política de flexibilización de armas una de sus principales banderas, y siempre resalta que los gobiernos anteriores, del Partido de los Trabajadores (Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff), no hicieron valer los resultados de un referéndum de 2005 en el que casi el 64% de la población votó en contra de prohibir el comercio de armas de fuego en Brasil.
Apunta también que durante su campaña electoral, el año pasado, prometió a su base de apoyo dar más facilidades para la adquisición de armas y su portación.
Así, dos semanas después de asumir el poder, el 15 de enero, el nuevo mandatario firmó un decreto que suavizó la compra de armas, mantuvo las exigencias de edad mínima de 25 años, certificado de aptitud técnica y psicológica, así como comprobante de ausencia de antecedentes penales, aunque quitó el requisito de “demostrar efectiva necesidad”.
Luego, el 8 de mayo, emitió otro decreto por medio del cual se amplió la cantidad de categorías de personas que podrían portar armas en la vía pública, para incluir a políticos con cargos electivos, abogados, camioneros, residentes rurales y hasta periodistas que cubren temas policiales, entre otros. Esa medida fue muy criticada, en especial cuando se reveló una brecha legal que permitía que ciudadanos comunes portaran armas antes restringidas a las fuerzas de seguridad, como fusiles de asalto.
Miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, jueces del Supremo Tribunal Federal, gobernadores y numerosas organizaciones especializadas en cuestiones de violencia condenaron el nuevo decreto.
Finalmente, el 22 de mayo, Bolsonaro firmó una nueva medida para revocar algunos aspectos del anterior decreto, entre ellos los relacionados con la portación de rifles de combate. Pero la Corte aún debe decidir sobre la constitucionalidad de esta legislación. (La Nación)
