08:10 – Con sorpresas, impotencia, dolor y grandes expectativas arrancó hoy el histórico juicio contra los sacerdotes del ex-Instituto Antonio Próvolo de Mendoza por los abusos sexuales de niños sordos. El debate por los vejámenes eclesiásticos es el más importante en la historia de Mendoza, con repercusión internacional. Se hace a puertas cerradas, ya que se trata de delitos de instancia privada y participan intérpretes en lenguaje de señas.
Por: Pablo Mannino
En total silencio y mirando al horizonte, llegaron esposados al palacio judicial los sacerdotes Nicola Corradi, de 83 años, y Horacio Corbacho (61), y el exjardinero del establecimiento Armando Gómez (51), que deberán responder por 28 hechos de abusos sexuales con acceso carnal, simple y corrupción de menores. Todos arriesgan 50 años de cárcel.
Decenas de personas, en su mayoría del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, arribaron temprano a los tribunales para acompañar a los damnificados y exigir “verdad y justicia”. En las escalinatas del ingreso al Poder Judicial manifestaron con pancartas y difundieron un documento con el “sentir” de los últimos dos años y medio, desde que se inició la investigación en noviembre de 2016.
Las escalinatas del Poder Judicial son testigos del dolor y las expectativas de las víctimas y sus familiares. Exigen verdad y justicia contra los autores de los “abominables crímenes”. Fuente: LA NACION – Crédito: Marcelo Aguilar
“Son monstruos vestidos con sotanas, que cometieron abominables crímenes contra los menores”, indicaron en el escrito en el que, además, dejaron en claro su postura sobre la acción de la Curia: “Observamos cómo la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa de los acusados. La no entrega de los resultados de la investigación canónica de los enviados del Vaticano, Dante Simón y Alberto Bochatey, es una clara muestra de ocultamiento y burla hacia el sistema judicial y la sociedad en su conjunto”.
Solicitaron que en el juicio se usen los testimonios de la cámara Gesell que se obtuvieron de los afectados durante la instrucción para no revictimizarlos en el debate, y pidieron mayor asistencia psicológica y la incorporación de intérpretes de señas en todos los estamentos oficiales para garantizar la accesibilidad comunicacional.
“Fueron dos años y medio de mucha lucha, por eso esperamos tener todas las garantías para que se haga justicia y que se den penas ejemplares”, expresó Érica Labeguerrie, familiar de una víctima y una de las principales mendocinas que exige respuestas a lo que ocurrió en ese establecimiento que funcionó en Luján de Cuyo y que ahora se transformó en el palacio cívico comunal. “La venta del inmueble, a espaldas de los sobrevivientes, deja en evidencia las intenciones de borrar los atroces hechos cometidos en ese lugar”, indicaron además en el documento.
Desde el Ministerio Público provincial explicaron a LA NACION que a las 9 ingresó en la sala el presidente del tribunal, Carlos Díaz, para definir una recusación presentada por la defensora oficial de los imputados, Alicia Arlotta, para que apartaran a un conjuez por no haber pasado aún la aprobación legislativa. La misma fue desestimada por el magistrado, ya que se elevó fuera de término. Minutos después, con el tribunal conformado, se inició el esperado debate, con la lectura de los hechos a los imputados a quienes se identificó “fehacientemente”.
Sin embargo, luego hubo nuevos pedidos de Arlotta, que molestaron a la parte querellante, que reclama respuestas rápidas, sobre todo para no tener que volver a someter a las víctimas a relatar lo vivido, más allá de los casos particulares que deseen hacerlo frente al tribunal.
Esto, a raíz de la solicitud de la defensora oficial, que reclamó que se transcriban los testimonios de los testigos y víctimas que comparezcan en el debate para ser leídos por Corradi, ya que tiene una “gran disminución auditiva que le impide escuchar lo que se diga”.
Arlotta pidió que testifiquen “todas las víctimas de forma presencial y no solo se incorporen las cámaras Gesell”. Ante esta solicitud, que hoy deberán responder los jueces, la fiscalía y la querella insistieron en que a Corradi se le coloque un audífono o, en caso de avanzar con las transcripciones, se decida lo mismo con las víctimas. De todas maneras, ambos rechazaron de plano que se las obligue a dar testimonio de forma presencial. Destacaron la necesidad de que se incorporen vía cámara Gesell “para no revictimizar”.
“La defensa intenta cuestionar los testimonios. Queremos que no estén los imputados delante de ellos, que no se sientan amedrentados. No vamos a permitir que se genere confusión o que quieran hacerles creer que lo que dicen no es creíble”, dijo Sergio Salinas, uno de los abogados de las víctimas, miembro de la asociación de derechos humanos Xumek. “El tribunal debe definir si las víctimas vuelven a declarar. Para nosotros es revictimizar, porque ya declararon en cámara Gesell. Son personas vulnerables y queremos las mayores garantías”, agregó Lucas Lecour, otro letrado de la entidad.
Resta esperar al cuarto intermedio que dispuso la Justicia hasta hoy para resolver los dos pedidos de la defensa de los imputados y comenzar con las primeras testimoniales.
En total son 14 las personas imputadas en tres causas y más de 20 las víctimas que han declarado desde que saliera a la luz este caso de abuso sexual eclesiástico. Así, los tres hombres que ya están acusados, como parte de la primera megacausa, deberán dar respuestas a la Justicia provincial, menos el exmonaguillo Jorge Bordón, que se declaró culpable en un juicio abreviado, y un exadministrativo, que fue considerado inimputable. Las otras dos causas serán elevadas a juicio más adelante, en las que están comprometidas dos monjas de la entidad, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y personal directivo y administrativo.
Se espera que durante el debate, que tiene previsto concluir el 31 de este mes, aunque podría extenderse un mes más, declaren unos 200 testigos que, en su mayoría, buscan demostrar que se trató de una conducta delictiva sistemática que tuvo su correlato en La Plata y en Verona, Italia. (La Nación)
