Lo negarán en público, pero lo admiten en privado. Los equipos de campaña de los principales candidatos a la Presidencia utilizan de manera intensiva bases de datos desarrolladas con información sensible de millones de argentinos extraída de manera lícita o irregular de organismos públicos y empresas y entidades privadas, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas.
Por: Hugo Alconada Mon
El último incidente público vinculado a esas bases cuestionables llegó de la mano del juez federal Ariel Lijo, quien le ordenó a Google “el cese inmediato” de cuatro enlaces de Internet donde en nombre de Juntos por el Cambio, pero sin su autorización, manos anónimas convocaron a dejar sus datos de contacto a los interesados en sumarse como fiscales el 27 de octubre.
Lijo admitió así un pedido del máximo apoderado electoral de Juntos por el Cambio, José Torello, quien a principios de agosto también denunció ante la Justicia otra movida en perjuicio de su coalición, también de manos anónimas, pero en esa ocasión a través de mensajes de texto.
“Venimos a informar que estos enlaces tienen un origen desconocido y se encuentran realizando una notoria violación al Código Electoral”, alertó Torello, que despegó al oficialismo de la movida. “Desconocemos el origen” de esos enlaces, explicó, que “otorga un perjuicio desleal y tendencioso” a Juntos por el Cambio.
Ese tipo de maniobras dirigidas a recabar datos que permitan abordar con el mensaje justo a cada votante, ya sea por redes sociales o en sus casas a través de militantes, son cada vez más habituales. A fines de julio, el juez federal con competencia electoral en Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, ordenó dar de baja la página “Quiero mi boleta” que lanzó la coalición Hacemos por Córdoba liderada por el gobernador Juan Schiaretti, y que ofrecía enviarle la boleta electoral a cualquier votante que se identificara por su nombre y entregara una dirección en ese website. Para la Justicia, eso violaba el secreto del voto.
¿Quién estaba detrás de “Quiero mi boleta”? Gastón Douek, el publicista al que sus rivales caracterizan como “el Señor de los Trolls”. Socio del operador Guillermo Seita -con el cual también ofreció sus servicios a Sergio Massa, Martín Lousteau, Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y el ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti-, Douek desarrolló al menos otros dos websites, uno a escala bonaerense y el otro de alcancen nacional, que absorben datos personales: “Barrios Activos” y “Ser fiscal”.
El equipo que rodea al presidente Mauricio Macri también desarrolló su propia base de datos -y lo propio hizo también el equipo de María Eugenia Vidal-, con información proveída por voluntarios que volcaron sus datos en sus aplicaciones móviles y militantes que también recaban información durante sus recorridas. Pero también con datos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obtuvo en sus aplicaciones oficiales, según relataron por separado a LA NACION dos expertos involucrados en la operatoria.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ya había quedado involucrado en una controversia por el uso de bases de datos de la Anses para afinar su estrategia de comunicación en redes sociales. Ocurrió en julio de 2016, cuando se publicó en el Boletín Oficial el “Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública”.
Desde la Casa Rosada negaron que fueran a utilizar esa información para “para propaganda política”, aclaró Peña en conferencia de prensa, para luego indicar que tampoco se utilizaría “para espiar a nadie”.
Durante la entrevista con LA NACION, sin embargo, Douek admitió que protagonizó un contrapunto con el PRO, desde donde lo acusan de haberse robado su base de datos. “Lo que no se bancaron es que luego yo utilizara la base de datos, en la campaña de 2015, trabajando para Lousteau”, afirmó, para luego retrucar que el PRO en 2015 habría recurrido a información indebida: “Las bases de datos de todas las universidades”.
Desde el Frente de Todos que lidera Alberto Fernández tampoco pueden lanzar la primera piedra, Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, expertos en comunicación y publicidad -de los cuales dos dialogaron por separado por LA NACION- montaron una oficina en la sede central de la Anses. Desde allí desplegaron sus habilidades de “data mining” bajo las órdenes directas de la agrupación La Cámpora y del histórico operador peronista Juan Carlos “Chueco” Mazzon, quien falleció en agosto de 2015.
El kirchnerismo también abrevó en los datos sobre quiénes fueron beneficiarios de planes sociales en cualquier punto del país, una ventaja con respecto al material con que cuentan varias agencias privadas de publicidad y consultoras de la mano de empleados infieles de Anses, AFIP, Migraciones, Renaper y otros organismos públicos, como así también de empresas -como las telefónicas-, universidades, asociaciones de consumidores, entre otras opciones.
Ahora, el apoyo tecnológico alrededor del kirchnerismo se extiende hasta España, de la mano de algunos empresarios y al menos una consultora sospechada de difundir informaciones falsas o “fake news” desde la península ibérica. Pero España no es el único proveedor de servicios cuestionables, según reconstruyó LA NACION.
Solo durante agosto, representantes de una firma china visitaron Buenos Aires y se reunieron con expertos locales para ofrecerles una propuesta “similar a la de Cambridge Analytica”, según relató uno de los abordados a LA NACION, que obtuvo copia del “brochure” que distribuyeron. Y los caminos para ofrecer sus artes por WhatsApp pasa por Brasil -el vicepresidente de Ideia Big Data, Felipe Pimentel, fatigó las calles porteñas como supuesto ladero electoral de Jair Bolsonaro, aunque lo negó al Folha de Sao Paulo–. Y pasa por un destino tan lejano como Estonia. (La Nación)
