Son por presuntas operaciones de blanqueo en la compraventa de un campo en Uruguay por U$S 5 millones.
Por: Lucía Salinas
Lázaro Báez sumó otro procesamiento por lavado de dinero con prisión preventiva. En esta oportunidad, el juez Sebastián Casanello lo encontró responsable junto a Leonardo Fariña junto a otros imputados de operaciones de blanqueo en la causa que investiga la compraventa del campo El Entrevero, en Uruguay por U$S 5 millones.
El juez Casanello procesó a Fariña, a Lázaro y Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y otros cuatro acusados, por el delito de lavado de activos. Para el empresario K el embargo fue de $ 9 mil millones.
Para la Justicia, el dinero aplicado a las operaciones de lavado del dinero podría provenir de los fondos obtenidos por sobreprecios en licitaciones de obras públicas adjudicadas por el gobierno argentino a Báez, y por la que quedaron en Uruguay parte de los millones de divisas del empresario santacruceño antes de que llegaran a cuentas de bancos suizos.
Por la estancia marítima El Entrevero se pagaron en 2011, 14 millones de dólares. De la operación participaron distintas S.A y testaferros de Báez. Traline S.A (en la que figuran que fueron presidente Maximiliano Acosta y Oscar Guthux) efectivizó el primer compromiso de compraventa, que después cedió a Jumey S.A, presidida por Pérez Gadín, ex contador de Báez.
De acuerdo a una ley de antilavado que rige en Uruguay, quienes participen como intermediarios en una operación “sospechosa” están obligados a denunciarla al Banco Central del Uruguay. Sin embargo, el escribano Pittaluga Shaw y el agente inmobiliario Perazzo no advirtieron nada extraño en esta compraventa, pese a que en ella participó más de una sociedad anónima y en la que se pagó una suma de dinero importante.
Las alarmas se dispararon luego de que un juzgado de Lomas de Zamora rechazara el pedido de extradición que hicieran los uruguayos respecto de Pérez Gadín. Recién entonces, Uruguay compartió la información financiera que justificaba sus sospechas sobre el contador de Báez, lo que a su vez causó que el juzgado de Casanello —que investigó las maniobras de lavado de “la ruta del dinero K”— indague a los acusados.
En su confesión como arrepentido en “la ruta del dinero K”, Fariña indicó que él cobraba por realizar operaciones de blanqueo de fondos vinculados a Austral Construcciones. El juzgado investigó esta inversión como una de esas “maniobra de blanqueo”. Se sospecha que es una de las operaciones por 60 millones de dólares por las que están siendo juzgado Lázaro Báez, Fariña y otras veinte personas,entre ellos los cuatro hijos del empresario K.
Por ello, el juez Casanello determinó que el empresario K “en su carácter de propietario del dinero de procedencia ilícita insertado en el mercado, impartió las ordenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos —Fariña y luego Pérez Garín y Chueco— aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”, sostuvo en la resolución a la que accedió Clarín.
La acusación formal contra todos los imputados fue la de “haber conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud, al menos durante el período comprendido entre los años 2.010 y 2.013″.
La maniobra, como sostuvo el fiscal Guillermo Marijuan, se habría llevado a cabo “tanto a partir de la aplicación de fondos en la adquisición de bienes en el país y en el extranjero, como mediante complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando el período 2010- 2011, una suma cercana a los sesenta millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras”.
Entre las maniobras, se consideró la transacción de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de Austral Construcciones S.A.
“Considero, entonces, que respecto de los imputados Lázaro Antonio Báez, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Jorge Leonardo Fariña, Santiago Walter Carradori y Maximiliano Goff Dávila, se encuentra probada la habitualidad referida, ya que no sólo la cantidad de sucesos en los que han intervenido y que pudieron tenerse por probados es significativa sino que el mantenimiento de esta actividad ilícita prolongada en el tiempo así lo indica”, sostuvo Casanello al procesarlos.
Asimismo, señaló que “gran parte de los nombrados fueron quienes crearon, dirigieron o ‘gerenciaron’ la estructura para blanquear dinero”.
En segundo lugar, la conformación de dicha organización posee claramente personajes centrales y otros “periféricos”. “Los primeros se caracterizan por haber permanecido en esa organización por un largo período, poseer lazos que unen a los miembros entre sí y tener un rol específico en la misma, de la cual obviamente se beneficiaban”.
Así, respecto de los imputados “se encuentran configurados los extremos previstos en el agravante establecido para quien realizare el hecho como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”. (Clarín)