Por: Hernán Cappiello
Los fiscales que juzgan a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime , al ex ministro Julio de Vido y al exfuncionario Claudio Uberti por corrupción pidieron a los jueces de los tribunales orales a cargo de esos procesos reanudar de manera virtual los juicios orales y públicos que llevan adelante contra los acusados porque dijeron que no pueden detenerse por la pandemia de coronavirus .
Están proponiendo empezar cuanto antes y no solo de manera virtual, sino mixta, con videoconferencias y alguna delas parte en salas de audiencia lo suficiente grandes como para mantener el distanciamiento. De hecho, uno de los fiscales propuso usar teatros, auditorios o la sala de audiencias de la Cámara Federal, donde tuvo lugar el Juicio a las Juntas. Así se desprende de los escritos presentados por ambos fiscales a los que accedió LA NACION .
El fiscal Diego Luciani sigue la causa en la que la vicepresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó obras públicas en favor de Lázaro Báez . En ese juicio comparte el banquillo de los acusados con De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros. El juicio quedó suspendido hace más de 50 días por el coronavirus y está a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Los magistrados se reunieron la semana pasada, antes del pedido por escrito del fiscal, para analizar si pueden retomar el caso de manera virtual o mixta, con algunas partes en la sala y otras por videoconferencia.
En el caso de Jaime, la fiscal Gabriela Baigún promovió ante los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero la posibilidad de reanudar el juicio oral. Ya llevan declarados 100 testigos y restan declarar 177. Se trata de un megaproceso con 22 acusados entre los que están también De Vido y Uberti. Jaime es juzgado por enriquecimiento ilícito , pero se agregaron a ese proceso otros casos menores y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, expediente en el que De Vido es uno de los acusados.
El fiscal Luciani en su extenso escrito ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 les dijo que “no se conoce con exactitud cuándo cesarán tanto la situación de emergencia sanitaria vinculada con la pandemia como las medidas relativas al aislamiento social” por lo que “deviene necesario adoptar medidas que, igualmente coordinadas, permitan realizar progresivamente actos procesales. Dijo que es consciente de la pandemia, pero “la existencia de una imputación penal genera incertidumbres” a quien la padece. “Se podría reanudar el trámite de muchos legajos si se coordinan y adoptan las medidas que permitan adecuarlo al contexto actual”, dijo, y puso como ejemplo el funcionamiento del Poder Ejecutivo y los preparativos que se hacen en el Congreso.
En ese sentido dijo que con las “medidas sanitarias adecuadas para prevenir el contagio y propagación del virus” podrían hacerse las audiencias “de manera remota -mediante las nuevas tecnologías electrónicas disponibles y aquellas que pudieren desarrollarse-, para evitar así contactos estrechos entre las partes del proceso”.
Este pedido de Luciani no incluye solo el juicio contra Cristina Kirchner sino reanudar o iniciar otros siete procesos por drogas, secuestros y trata de personas y seguir adelanto con los juicios abreviados y las probations, cuyas audiencias virtuales ya se realizaron con singular éxito.
Dijo el fiscal que reiniciar los juicios virtuales es “un verdadero desafío”, pero indicó que la tecnología permite que “las audiencias se celebren como si estuvieran todas las partes en la misma sala. La comunicación es efectiva entre todas las partes, en tiempo real”. Por lo que pidió usar una plataforma que se instale en todos los dispositivos de las partes, se pueda grabar todos puedan hablar y en el caso de que algún imputado se encuentre detenido deberá poder tener la videoconferencia desde el penal. 2
Alternativas
Dijo que podrían usarse para las audiencias mixtas la sala AMIA, muy grande y que cuenta con una planta baja y una bandeja superior o la Sala de Audiencias de la Cámara Federal Penal, donde se hizo el juicio por la Causa XIII, o edificios de otros organismos e instituciones tales como facultades, centros culturales o teatros, que no se encuentran en uso.
La fiscal Baigún también pidió a sus jueces reanudar la audiencia ahora mismo. Apoyó un pedido de los defensores oficiales de Norberto Ledantes, Sebastián Ledantes y Graciela Vigna que pidieron apurar el proceso. La propia fiscal ya había instado a hacerlo en otras solicitudes pues las audiencias se hacen una vez a la semana, al igual que en el caso de Kirchner.
Otra de las razones para apurar es que Jaime, condenado a 10 años de prisión en otras causas, incluida la tragedia de Once, está a la espera de si la Corte convierte su sentencia, en definitiva, y hace cuatro años está con prisión preventiva en este caso, es decir que está vencida y es dudoso que el juicio culmine antes de un año.
“Considero que deviene imprescindible la adopción de las medidas necesarias a fin de posibilitar la reanudación del juicio a la mayor brevedad posible. Ello, a partir de la implementación de las opciones tecnológicas y digitales, que el Tribunal estime más ajustadas a los requerimientos de las audiencias”, escribió la fiscal.
Y tras enumerar las resoluciones de la Corte, la Casación Federal y la Procuración que instan a seguir trabajando el fiscal dijo que “el Tribunal Oral se encuentra habilitado a proseguir con el trámite de la presente causa y, por tanto, del debate oral y público, de forma remota mediante la implementación de la herramienta tecnológica que considere apropiada”. Y consideró que si no hay oposición fundada de las partes “no existe ningún argumento válido que impida que las audiencias se celebren mediante la utilización de medios digitales, en tanto que, la herramienta elegida por los jueces garantice el debido proceso, permita identificar a los participantes y permita registrar y/o grabar el acto”.
Los jueces de este tribunal ya se reunieron la semana pasada y pidieron al Consejo de la Magistratura que los provea una plataforma digital de videoconferencias poder avanzar en el proceso. (La Nación)
