Esta semana se deslizó una información sobre la intención del gobierno nacional de controlar portales de noticias, que algunos medios nacionales trataron con cierta displicencia, entendiendo que se da en el marco de las virus-noticias falsas (Fake news), producto de la globalización, de las comunicaciones, el acceso irrestringido a los datos móviles, la proliferación de tecnología aplicada a las comunicaciones masivas, la concentración inusual de personas en situación de encierro debido a la pandemia, la anarquía que impone la web con las redes sociales y la proliferación de blogs y sitios webs como nueva forma de expresión popular, debido a cuestiones prácticas (mayor accesibilidad, rapidez y edición/proyección directa del mensaje) otras netamente económicas (más barato y operable de cualquier celular) y básicamente porque esa anarquía de la que hablamos, implica un elemento fundamental, el anonimato. No es el caso de los portales reconocidos, pero hay una tendencia a generar sitios con muy bajo o ningún nivel de responsabilidad. Y hay un dato curioso, los mayores impulsores, responsables y financiadores de estos sitios, son los sectores políticos.
Por este motivo, la decisión de “controlar los portales de noticias” es la parte reactiva que usa el gobierno nacional para acariciar la atractiva excusa de ponerle bozal a todos o a los más críticos y dar un pasito hacia adelante en el proyecto populista de tener en las manos del poder, la decisión de marcar quién, cuándo y cómo debe hablar, tal como sucede en las dictaduras blandas de Venezuela y Cuba.Pero tras la afirmación realizada en forma remota desde el barrio de Colegiales, nada menos que en la Tv Pública, donde se colocó un zócalo en medio de una entrevista a Gustavo López, Vicepresidente del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), abordando precisamente el tema de la distribución de noticias falsas, al pie de pantalla se leía “Regularán el funcionamiento de los portales de Internet”. Después (rápidamente) apareció Claudio Ambrosini, titular del Enacom desmintiendo la advertencia del canal público y lo achacó a “un error de interpretación” en el graff, que el canal borró rápidamente.
Sin embargo la asociación de ideas que se podía ejercitar en ese momento, dejaba claro que estaban relacionados los temas que expresaba el funcionario, con los graff incluidos al pie de la pantalla.
Gustavo López, tal como lo describió Infobae, se refería a que en la Argentina es “cotidiana” la proliferación de noticias falsas en los portales de Internet, así que “nadie piensa en impedir que se digan, sino en quien se hace responsable posteriormente, jurídicamente, por esas consecuencias“, dijo el funcionario.
Si uno analiza esta frase, infiere que efectivamente López habló de ejercer control a la producción de los portales en la web porque de no ser así no habría dicho “nadie piensa en impedir que digan…”, esa aclaración presupone la existencia de una frase anterior, señalando la necesidad de ejercer ese control.
López siguió diciendo “El problema de las noticias que son falsas es que en el tema de los portales no tienen responsable” que se haga cargo de las consecuencias judiciales por difundir esas fake news. “Yo creo que hay que abrir un gran debatepara analizar esto”,
Las elucubraciones de López tienen algunas fallas de orden cognitivo y mucho de simulación y eufemismos asociados. En primer lugar el funcionario desconoce que la web es un universo diametralmente opuesto a la democratización de la palabra (aunque parezca serlo); es más bien una anarquía de la comunicación, a pesar de los beneficios ostensibles que le trae a la sociedad y al mundo su existencia y ni hablar a los medios de comunicación.
En ese marco decir que los portales “no tienen responsables” es una forma de ver el vaso medio lleno, pues en el mundo, aquellos sitios webs que alojan pornografía infantil, terrorismo o narcotráfico, tampoco tienen nombre y apellido, sin embargo las fuerzas federales llegan a desmantelarlos. Es decir, que el gobierno, en todo caso, está buscando el “consenso social” para operar decididamente y avanzar sobre los contenidos en internet con algún margen de “legalidad”.
Todos los sitios tienen responsables, aún cuando se oculten tras seudónimos o alojen la producción en extreming ubicados en otras partes del mundo. Y cuando el funcionario tiró la propuesta de “abrir un gran debate”, en realidad está diciendo que se “debe discutir” si hay que controlar o no. De salir afirmativo, ellos (el cristinismo/kirchnerismo/albertismo) tiene todas las facultades y manos para aprobar una herramienta de control, disfrazándola de alguna manera menos evidente que la palabra “censura”.
Pero si había alguna duda sobre lo que dijo Gustavo López y algún incauto podría dudar de lo expresado por la TV Pública que dejó circular un twit (borrado después) donde reproducía el texto, “Gustavo López anunció que regularán el funcionamiento de los portales de Internet para detectar noticias falsas” rápidamente desmentido a instancia de Ambrosino, todo quedó aclarado cuando yendo al archivos de pocos días atrás, se pudo repasar lo que dijo el mismo Gustavo López (EnaCom) en Radio Universidad en la provincia de Tierra del Fuego, desde donde sin ningún tipo de eufemismo ni atajos verbales dijo expresamente: “La radio y la televisión, en cualquiera de sus formatos tienen mucha regulación, pero los portales no. Esto habrá que regularlo, de manera que haya un responsable con CUIT o CUIL que se haga cargo en caso de transgredir alguna norma” y agregó “Esto no significa que uno se meta en los contenidos, porque no hay censura previa. Pero las leyes indican que hay responsabilidades posteriores por esos contenidos. Hoy estos portales que no tienen dueños ni ninguna regulación van a tener que cambiar“.
De hecho, en esa entrevista fueguina, López sostuvo que los portales de noticias que difunden noticias falsas generan confusión y van contra todo lo que está haciendo el Gobierno para mitigar la pandemia del coronavirus. “Los jueces deberían estar cerrando esos portales, porque no están protegidos ni por la Constitución, ni por el Pacto de San José de Costa Rica, y generan alarma en la población“, sostuvo el funcionario a Radio Universidad.
Tras analizar las palabras del funcionario del EnaCom en Tierra del Fuego, queda clarísimo que el zócalo de la TV Pública fue absolutamente genuino e indicaba el verdadero objetivo del gobierno, es decir, traducía explícitamente las palabras y el pensamiento del segundo en la EnaCom.
Cuando López sugiere que no hay censura previa en las acciones de control que propone, hace un planteo tan concreto como discutir el sexo de los ángeles y para sacarse el sayo de la decisión final, desvía la carga hacia la justicia, en la cual los jueces “deberían cerrar esos portales”, como si se tratara de un mismo cuerpo Ejecutivo-Justicia. Una contradicción en sí misma por cuanto si todo se va a resumir en la decisión de la justicia, debería existir denuncia previa y el derecho constitucional a la defensa. ¿Quién sería el denunciante en estos casos? ¿El gobierno?. Si eso resultara así, significaría que el Ejecutivo enviaría previamente a sus organismos a controlar la web y se convalidaría, ahora si concretamente y sin eufemismos, una persecución digital que sin duda y después haberlo escuchado de la propia Ministra de Seguridad con el ciberpatrullaje, ya está ocurriendo.
En virtud de ello la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió un comunicado en el que planteó: “Ante menciones y desmentidas públicas respecto de eventuales regulaciones sobre portales digitales, ADEPA recuerda que la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son claros. La determinación de eventuales responsabilidades por la difusión de noticias y opiniones siempre es ulterior y está exclusivamente reservada al Poder Judicial”.
Para ADEPA, “cualquier intento de regular ‘ex ante’ la difusión de contenidos periodísticos o de establecer una instancia administrativa para determinar su supuesta veracidad o exactitud sería asimilable a una censura previa. Los portales de noticias son, además, equiparables a la prensa escrita, en tanto no requieren autorización ni licencia estatal alguna para funcionar ni pueden estar sometidos a regulación de contenidos. Sí son jurídicamente responsables de lo que publican y deben cumplir las obligaciones legales, laborales e impositivas de cualquier persona de existencia real o ideal”. (Agencia OPI Santa Cruz)
Todo va en ese camino: venezueluncha y cubanea
Es tipico del kirchnerismo lo raro seria que no lo hicieran