Vuelve YCF SE, los negocios del relato K que se reinstalan con mayor vigor en YCRT al amparo de gremios y políticos corruptos

Ya es un hecho que el kirchnerismo/cristinismo retomó la idea interrumpida de transformar a YCRT en una empresa carboeléctrica del Estado y por tal motivo el proyecto vuelve a entrar en el Congreso de la nación donde la orden política es sacar esta nueva figura en forma urgente y a libro cerrado.

El coro mediático replicando el gran proyecto impulsado por Aníbal Fernández no deja lugar a dudas hacia dónde va todo: recomponer la caja política,  reactivar el nicho de negocios y reconstruir el refugio bien pago de la militancia rentada, el amiguismo y los negocios cruzados entre funcionarios, gremialistas y amigos, como fue durante tantos años el yacimiento de carbón de Río Turbio.

El proyecto, interrumpido con la pérdida de las elecciones en el 2015, intenta poner bajo el paraguas del Estado nacional y provincial al yacimiento, el servicio ferroportuario y la usina termoeléctrica. Obviamente todos están de acuerdo, por cuanto forjarán una herramienta formidable para concentrar poder y dinero. Por ese motivo, sindicalistas, la gobernadora, Aníbal Fernández y un conjunto de diputados y senadores han hecho causa común detrás del proyecto que les promete restaurar poder y dinero, al punto que no descartan que Atanasio Pérez Osuna pueda volver a  tener un alto cargo, después de haber ido a la cárcel por corrupto, ejerciendo la Intervención de YCRT.

La trampa del relato

Si uno toma en cuenta que los recursos minerales son del Estado, podría llegar a convenir que la existencia de una administración compartida entre nación y provincia sea una medida admisible (provincia no puede afrontar sola una empresa de este tipo), sin embargo, tal como se desprende del relato oficialista la mayor mentira se revela cuando escuchamos a Aníbal Fernández hablar de que “los trabajadores van a tener participación en la propiedad de la empresa y un lugar en el Directorio”, una falacia total  y electoralista, porque la verdad es que quien va a tener una participación destacada dentro de la carboeléctrica, va a ser el gremio de ATE, el que agrupa la mayor cantidad de afiliados en YCRT y se constituirá un factor más de poder político-sindical dentro de la nueva figura, con lo cual el gobierno tripartito estará distribuido entre Nacion-provincia, ATE y los otros gremios menores del yacimiento. La falacia de que los trabajadores serán dueños, es muy evidente si se repasa la historia, se proyecta la idea que tiene el kirchnerismo y se tiene en cuenta cómo ATE viene articulando acciones con el FPV, desde el sostenimiento de los paros que por 4 años imposibilitaron trabajar a YCRT, siguiendo con el pedido de Olga Reinoso para que echen a más de 400 trabajadores, el apoyo en esta denuncia gremial por parte de Aníbal Fernández para fundamentar los despidos de 417 empleados de YCRT y últimamente con el beneplácito de la representante de ATE sobre la iniciativa de la nueva YCF SE.

Es decir, como pasa en las Represas con la UOCRA o en el Petróleo con el Sindicato de Petroleros Privados, en la nueva empresa de carbón de Río Turbio quien quiera o pretenda entrar a trabajar, deberá tener la aprobación previa de ATE, lo cual resume la idea de cómo se hará el manejo político en la nueva figura empresaria. Y también los demás gremios actuantes en el yacimiento, tomarán suma relevancia y decisión, porque constituirán un directorio donde serán juez y parte, constituyéndose en un poder en si mismo.

Hacia allá vamos

Como está pensada la nueva legislación para la creación de la empresa carboeléctrica, el Estado se reserva el derecho de contratar servicios y derivar o tercerizar trabajos de la manera y forma que mejor complazca las necesidades de los administradores. Demás está decir lo que ello significa en manos de quienes tuvieron 12 años a su cargo los más grandes negocios en materia energética y dilapidaron miles de millones de dólares, muchos de los cuales se perdieron en triangulaciones corruptas de compras con sobreprecios, entre el entonces Ministerio de Planificación, YCRT, la UTN y el municipio de Río Turbio, además de las prebendas logradas donde vivían como en una empresa suiza pero con producción cero, sueldos irreales, no pagaban Ganancias, cobraban “premios”, se “compensaban” las jubilaciones, etc.

Las fuentes de YCRT consultadas por OPI confirmaron que hacia ese norte vuelve la nueva administración nacional, esta vez consolidando una empresa totalmente del Estado, quien tendrá dentro de sus roles principales, el de sostener el déficit como ocurrió desde el año 2002, sin que el yacimiento haya aportado nada sustancial para la economía nacional y/o regional, pero esta vez consolidando la seguridad de que su figura legal no podrá ser modificada.

Sin embargo, algo que pudo pasar desapercibido para muchos, no se nos ha pasado por alto a quienes analizamos el discurso de los perpetradores de este nuevo esquema empresario-estatal, desde el objetivo político que se persigue, tan típico del kirchnerismo histórico.

El nuevo contrato, establecido en el proyecto dice expresamente que la carboeléctrica “podrá, por sí misma, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica, así como la operación y mantenimiento de la central termoeléctrica a carbón Río Turbio”.

Esta cláusula otorga un sin fin de posibilidades. En principio, establece que podrá asociarse con quien mejor le plazca para generar energía, transportar la misma, distribuir y comercializar, con lo cual abre un abanico muy amplio a empresas ya creadas de amigos y militantes y otras que se crearán a imagen y semejanza de la Carboeléctrica, como siempre ocurre alrededor de estos nichos millonarios de fondos públicos.

Pero quizás el más significativos, que ya venimos advirtiendo desde la época de Mauricio Macri y no ha variado con el gobierno de Alberto Fernández, es la asociación con los chinos, para la terminación y el funcionamiento de la usina de Río Turbio. Esta puerta claramente queda abierta en el último párrafo cuando establece que la “operación y mantenimiento de la usina” podrá ser cedida a terceros o asociadas a terceros.

El Estado nacional no tiene los fondos suficientes para encarar una inversión de este tipo y es un hecho que los chinos tendrán prioridad en la ejecución de este proyecto de la termousina. Los negocios alrededor de la reactivación de este polo, hace restregar las manos de muchos “empresarios” de la cuenca, algunos de los cuales están fuertemente vinculados a funcionarios nacionales de la década pasada y otros que han vuelto a sus funciones a nivel nacional y provincial.

Una historia cara, ineficaz e inconclusa

El proyecto de la usina empezó en el 2007 y se lo adjudicaron de fomra directa a Isolux Corsan. La obra debía entregarse “llave en mano” el 22 de agosto de 2011. Todo lo que vino después fueron prórrogas sobre prórrogas y millones sobre millones. En junio del 2013 se prorrogó hasta abril del 2014. Seis meses después por resolución CFK lo extendió al 29 de abril de 2015. El 2 de diciembre de 2015 por resolución 83 la Secretaría de Minería, prorrogaba el plazo de terminación a febrero de 2017. Durante el gobierno de Macri, no se prorrogó, pero tampoco se hizo la obra, aduciendo que las denuncias por sobreprecio y corrupción, debían clarificarse, cosa que nunca se hizo, excepto la valuación de que para terminar la usina se necesitan alrededor de 300 millones de dólares más.

La SIGEN determinó que la obra, desde su inicio, tuvo una sobrevaluación de 176% y con los adicionales de obras sufrió otro sobreprecio de 111%. En diciembre del 2015 lo invertido en la usina de Río Turbio era de 1.650 millones de dólares. Un sobreprecio de más de 900 millones de la misma moneda para la construcción de un complejo igual, en otra parte del mundo. La producción del Kw estaba al triple del valor de cualquier usina similar en otro lugar de la tierra.

En ese tiempo Isolux Corsán de España quebró y los gerentes en Argentina fueron echados e involucrados en causas por corrupción.

Ésta es la obra que el kirchnerismo/cristinismo pretende volver a activar en santa Cruz. Lo que no hizo en 12 años y en cuatro de Macri, el gobierno nacional pretende culminarlo en lo que resta del mandato, en medio de una economía quebrada, el default, el cierre de las importaciones y un sobregiro monetario con una inflación que nadie sabe a qué nivel trepará, más una cifra de pobreza que está alrededor del 50% en el país.

Cada vez se refuerza más la idea de que el gobierno nacional conformará un “ente administrador”, pero que la operatividad estará en manos chinas, lo que nadie sabe aún es a qué costo para cada argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)