De manera remota, tal como viene sucediendo en este tiempo de pandemia, se reunió ayer jueves 13 de agosto la Legislatura de Santa Cruz. Y también, tal como viene sucediendo hace tiempo (décadas), los proyectos que presenta la oposición no son tratados, sin importar la temática ni la urgencia que los mismos plantean. Directamente, son enviados a Comisiones, a dormir el sueño eterno de las minorías que ni siquiera son consideradas como tal.
En la Séptima sesión Ordinaria, presidida desde Caleta Olivia por el vicegobernador Eugenio Quiroga, sólo dos iniciativas que llegaron de la mano de los no oficialistas fueron tratadas y aprobadas.
Una, presentada por el diputado de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart, que expresa su preocupación por la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, en la ciudad de Bahía Blanca. Y la otra, de la diputada Nadia Ricci que manifiesta su beneplácito por la campaña “Acercando oportunidades” de la Asociación Civil “Identidad” y la Cooperativa de Servicios Evolución Limitada de su localidad, Perito Moreno. Nada más.
El diputado radical y ex concejal de Río Gallegos, Daniel Roquel a través de un parte de prensa titulado “Cajonearon todos nuestros proyectos”, mencionó que “en una nueva muestra de autoritarismo e intolerancia el bloque mayoritario del Frente de Todos envió nuestros nueve proyectos a comisiones”.
El legislador, indicó que “se trata de iniciativas urgentes que deben dar respuesta a la comunidad de Santa Cruz y no se dan cuenta que le dan la espalda a los santacruceños y santacruceñas”.
Esto, en clara alusión a las iniciativas presentadas, como ser:
-Un pedido de informe al Ministerio de Salud sobre los lamentables hechos ocurridos en el hospital de Las Heras, donde una madre parió a sus mellizos en el baño del nosocomio con el fallecimiento de ambos bebés.
– Un informe a la Secretaría de Derechos Humanos sobre su actuación por ocurrido en el hospital de Las Heras por el fallecimiento de dos hermanitos.
– Solicitar al Gobierno de Santa Cruz se abonen de forma inmediata los salarios adeudados a los médicos residentes en el Hospital Regional de Río Gallegos.
– Solicitar se incorpore un representante por los pasivos a las discusiones paritarias.
– Sancionar a Movistar por no cumplir con los protocolos de seguridad y que brinde internet gratis a todos los establecimientos educativos de Santa Cruz por 3 años.
– Solicitar un informe a la Lotería de Santa Cruz sobre los contratos y acuerdos de publicidad y difusión
– Solicitar informe urgente para conocer la situación de los hogares de adultos mayores y personas con discapacidad que no perciben ingresos desde marzo
– Solicitar al Banco Santa Cruz, en el marco de la Emergencia del sector, otorgue una línea de créditos para los productores agropecuarios
– Solicitar un informe a la Secretaría de Ambiente sobre el derrame de aceite de la empresa YCRT en el arroyo San José, en Río Turbio;
Igual suerte corrieron las propuestas de su par radical, la perítense Nadia Ricci, quien a través de sus redes sociales tituló: “El Frente del No”, y contó que el oficialismo “no permitió tratar ni debatir ninguna de las iniciativas, proyectos ni pedidos que presentamos en la Legislatura provincial”.
Visiblemente molesta, la diputada puntualizó que sus pares de la mayoría “no quisieron dar informes sobre la Pandemia y la respuesta del Gobierno ante la crisis sanitaria; no quisieron tratar nuestro pedido al Consejo Agrario Provincial para que se realicen obras para evitar que las crecidas de los ríos Jeinimeni y Fénix Grande causen daños en las localidades del noroeste santacruceño, como Los Antiguos y Perito Moreno”.
Y añadió que “tampoco quisieron debatir para la empresa estatal de energía eléctrica, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) realice descuentos en las tarifas para los usuarios que no tienen gas. No quisieron aprobar nuestro pedido de informes por las obras inconclusas en la zona norte de la provincia, ni tampoco aprobar nuestro pedido por el Gasoducto para Gobernador Gregores”, entre otras propuestas.
“Así opera el Frente para la Victoria”, aseguró Ricci, “convierten la Cámara de Diputados en una escribanía que sólo trata temas menores y declaraciones de interés”.
En tanto, el doctor Javier Pérez Gallart, que integra la bancada minoritaria a través de su partido, Encuentro Ciudadano, tampoco recibió el apoyo de las manos del Frente de Todos en los proyectos presentados respecto de la realidad provincial. Pero no perdió la oportunidad y fue contundente cuando el oficialismo avanzó con la propuesta del legislador Hernán Elorrieta, quien solicitó el acompañamiento de sus pares para repudiar a la operadora Sinopec por el despido de 400 trabajadores en la provincia, denunciados el pasado 31 de julio.
“Si se concretan los 400 despidos es por la debilidad que el gobierno demuestra con las petroleras”, expresó el diputado de la oposición y pidió que “la gobernadora y sus funcionarios dejen de exigirle de palabra a la petrolera y hagan caer todo el peso de la ley de una vez por todas”.
Y finalizó: “el proyecto que expresa el repudio contra los 400 despidos aprobado hoy por la totalidad de los diputados, deja en evidencia lo que no hicieron el gobierno de Alicia Kirchner y sus funcionarios”.
Controles rigurosos del 70/30
En la misma sesión de ayer jueves diputados de Santa Cruz sancionaron la modificación de la ley 3.141 que creó el Registro Único de Trabajadores de la Actividad Petrolera, Minera, Pesquera y todas otras actividades laborales para establecer controles más rigurosos sobre la residencia de los trabajadores que se desempeñan en el territorio provincial.
La denominada ley del 70/30 prevé justamente que el 70 por ciento de los trabajadores que se desempeñen en Santa Cruz tengan un mínimo de 3 años de residencia en la provincia, según la última modificación que se aprobó en 2019.
Los legisladores avalaron el proyecto del diputado por el pueblo de Perito Moreno, Guillermo Bilardo (Frente de Todos) que incorpora dos artículos a la ley 3.141 que prevén controles más rigurosos a la residencia de los trabajadores.
La iniciativa incluye el artículo 3° bis por el que la autoridad de aplicación – el Ministerio de Trabajo provincial – “la actividad de controles de residencia habitual y efectiva, en el domicilio de residencia acreditado” y dichos controles los deberá realizar “durante los días en que el empleador informe que el trabajador se encontrara de franco o descanso hebdomadario previo requerimiento que se le hará a tales efectos”.
Para el control se dejará constancia del día y la hora en que se realizó la inspección y “en caso de no ser encontrado en el domicilio, luego de haber realizado al menos tres controles, se presumirá el incumplimiento del requisito de residencia”.
En tanto, se incorpora el artículo 3° ter donde faculta el Ministerio de Trabajo provincial a “celebrar convenios con organismos provinciales y/o municipales con la finalidad de dar cumplimiento efectivo al control establecido en el artículo 3 bis”.
Bilardo señaló que “busca dar preferencia de mano de obra local a los santacruceños en las actividades extractivas. Vimos este año en el marco de la pandemia que muchos trabajadores que no residen en la provincia habían regresado sin tener residencia habitual. Buscamos fortalecer la radicación de otros trabajadores. El cumplimiento de este porcentaje se haga en forma efectiva y no ficticia”.
“Busca que las empresas no realicen ningún tipo de artilugio, sino que se cumpla. Me consta el trabajo del gobierno para incorporar mano de obra santacruceña en la minería. Queremos defender el trabajo en capacitación a los trabajadores para incorporarse al a actividad privada. No vamos en contra de los trabajadores, sino que se cumpla la ley vigente”, argumentó Bilardo.
Los legisladores también aprobaron por mayoría el Acta compromiso suscripta entre la Empresa Minera Santa Cruz S.A. y la provincia de Santa Cruz que implican aportes por la exportación de oro y plata en valores inferiores a los que rigieron en el programa UNIRSE hasta diciembre de 2019.
Cuando la onza de oro cotiza a nivel internacional a más de 1.900 dólares, el acuerdo prevé que cuando la onza supere los 1.274,99 dólares, la empresa que explota el yacimiento San José aportará 1,5% destinado a la provincia.
Hasta diciembre de 2019, las empresas mineras que suscribieron el Fondo Unirse aportaban un 2% cuando el valor de la onza estaba en 1.274 dólares.
El proyecto obtuvo 18 votos afirmativos del oficialismo, 5 negativos y una abstención.
A su vez, se sancionó una ley para modificar la denominación de los actuales juzgados “del Menor” por “Penal Juvenil”.
También se aprobaron tres proyectos de resolución presentados por el diputado de Las Heras, Hernán Elorrieta (SER Santa Cruz – Frente de Todos).
El primero de ellos provocó un debate entre el oficialismo y la oposición sobre la muerte de dos bebés gemelos recién nacidos en el Hospital Distrital de Las Heras. Allí se pidió al Ministerio de Salud y Ambiente informe e instruya sumario administrativo para investigar cómo se produjeron esos fallecimientos y dejaron de lado las propuestas de los legisladores Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) – que pedía separar del cargo al director del hospital- y Daniel Roquel (UCR) – un pedido de informe al Ministerio de Salud-.
Además, la legislatura nuevamente aprobó dos iniciativas sobre el comportamiento de la empresa de capitales chinos Sinopec Argentina. En una de ellas piden al Poder Ejecutivo que informe sobre los derrames de la operadora en los yacimientos Piedra Clavada, Tres Picos y Meseta Espinosa y piden a la Secretaría de Ambiente que aplique las sanciones correspondientes.
“Da bronca que tengamos que presentar esto. Hace años que se viene denunciando. Tenemos que pedir que inviertan en remediación ambiental. Lo que están haciendo en los yacimientos es un desastre”, sostuvo Elorrieta.
Por su parte, Pérez Gallart aseveró que “queremos que tenemos que ir por delante de los problemas y se trabaje en la remediación ambiental que deben realizar todas las operadoras del sector. Tienen que cumplir con las normas ambientales”.Con fuertes críticas hacia el Instituto de Energía de Santa Cruz, también se manifestó el repudio hacia Sinopec por “el despido de 400 trabajadores”. Elorrieta sostuvo que “la empresa hace un desastre. De 177 pozos en 2009 hoy no hay ningún pozo nuevo perforado. Están sacando mil metros cúbicos diarios. Hay un vaciamiento total de la empresa. Hay mucha desidia y no quiero escuchar a funcionarios que digan que está bien que haya retiros voluntarios que son despidos encubiertos”. (Agencia OPI Santa Cruz)
santacruceños, les doy un consejo jo da nce, la tienen adentro por mucho tiempo mas , el lo que se merecen, o no?
pensar que que los diputaados tienen una gran responsabilidad , se han mandado cagadas enormes en todos estos años , los salvan los fuero a estos delincuentes , pero bue.. volvemos a lo mismo , hasta que no aprendamos a votar , a fumarla….a llorar a la iglesia… no creo que ningun amigo del poder o algun politico kirncherista la pase mal.. a fumarla